El dragado del Caño, que se viene proponiendo desde hace años, podría materializarse si lograse incluirse dentro de la lista de los “proyectos críticos” ordenados por la Ley Promesa. La comunidad está alerta a esta determinación. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
Hace 67 años Carmen Febres Alméstica no sabía que tendría que defender, no solo su pedazo de tierra, sino a las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña.
Carmen ni se lo imaginaba. Cuando era pequeña, el cuerpo de agua de unas 3.75 millas, que se extiende por el corazón de la ciudad capitalina y conecta la laguna San José con la bahía de San Juan, era uno cristalino. A principios del siglo 20 era un espacio natural único, un bosque de mangles que albergaba biodiversidad. No había razones para preocuparse.
Los padres de Carmen se asentaron en el lugar en 1935. Su papá era de Carolina y su mamá del barrio Monacillo en San Juan. Llegaron al Caño, como muchos otros de los primeros habitantes, porque la zona era céntrica para aquellos trabajadores que querían prosperar económicamente.
Allí, a orillas del Caño, Carmen nació y se crio junto a sus nueve hermanos. Mientras su padre trabajaba en los muelles, ellos y su madre atendían el negocio familiar donde mataban cerdos, hacían frituras, vendían verduras, cervezas, refrescos y salsas, entre otros víveres.
Pero el tiempo pasa y si los recursos naturales no se cuidan, se deterioran. La dejadez, tanto de los residentes que lanzan basura por las quebradas y llegan al cuerpo de agua como del gobierno que no le da mantenimiento, ha logrado que el Caño hoy esté tapado y que el agua no fluya.
“Dentro del Caño hay neveras, estufas, hasta vehículos echaron ahí. Y sabrá Dios cuántos muertos puedan encontrar allí”, dijo Carmen con voz pausada, sin asombro.
La degradación, por años, del cuerpo de agua repercute en frecuentes inundaciones; desbordamientos de aguas contaminadas con bacterias coliformes fecales, basura y cuanto desperdicio se haya tirado al canal. Entonces, cuando llueve, el agua entra a las casas de los residentes arrasando con todo a su paso.
Parte del problema está en la falta de alcantarillado del 32% de los 26 mil residentes, es decir que unos 8,230 habitantes carecen del servicio básico. Y aquellos que los poseen no es como si los tuvieran desde antaño, por ejemplo, a la comunidad de Cantera le fue instalado el servicio hace solo cinco años y a Barrio Obrero Marina hace siete.
Así, las inundaciones vienen cargadas de heces fecales que han sido depositadas en el Caño por la falta de las estructuras básicas. `
“Recuerdo una ocasión que llovió, un domingo, y yo estaba en la iglesia y saliendo tuve que quitarme los zapatos y enrollarme los pantalones para poder llegar a casa porque se inundó”, contó la líder comunitaria.
Pero en su memoria más reciente, está la inundación del 23 de abril del año pasado. Esa vez fue peor que muchas otras porque los sorprendió de noche, mientras dormían.
Ese abril, un gran número de residentes perdieron muebles, enseres, ropa y, peor aún, sufrieron el duro golpe emocional de ver cómo –todo lo que habían trabajado– se desplomó en cuestión de horas.
“Para la gran mayoría de los residentes un evento de lluvias se convierte en un suceso de ansiedad e incertidumbre”, añadió Mario Núñez Mercado, portavoz comunitario del Caño Martín Peña.
“¿Sabes lo que es tenerle miedo a que llueva en un país tropical? ¿Miedo a la lluvia?”, cuestionó Lyvia N. Rodríguez Del Valle, directora ejecutiva del Proyecto Enlace que recoge todas las entidades que trabajan por las comunidades del Caño.
Pero los habitantes alrededor de ese cuerpo de agua no se han quedado de brazos cruzados. Hace 16 años, las comunidades de Las Monjas, Israel-Bitumul, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey, Barrio Obrero San Ciprián, Buena Vista Santurce, Parada 27 y Cantera, se unieron en el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña.
Se denominan como el G-8, igual que el grupo de los ocho países con las economías más industrializadas del planeta. Quizás el grupo boricua no tenga el mismo poder adquisitivo que las potencias mundiales, pero tienen algo más: las ganas de luchar por su tierra.
Es por esta razón que se han echado encima una lucha interminable por el derecho a la salud, a la vivienda y a la dignidad humana. Quieren que el Caño Martín Peña sea dragado. Quieren que se limpie el cuerpo de agua para no tener que sufrir las consecuencias del desbordamiento por episodios de lluvia.
Los efectos de las inundaciones en esa zona no solo los sufren los residentes de las ocho comunidades aledañas, sino todo Puerto Rico. Por ejemplo, en el 2013 se inundó la pista del aeropuerto Luis Muñoz Marín, cuyos predios conectan con el Caño, atrasando un sinnúmero de vuelos.
Según la Ley 63 de 2016, que le destina anualmente $5 millones al Proyecto Enlace, estipula que estudios han estimado que por cada evento de lluvia de recurrencia de 100 años le puede costar al país más de $773 millones debido a la situación de degradación ambiental del Caño Martín Peña.
Esta degradación también contamina la Bahía de San Juan, único estuario tropical incluido en el Programa Nacional de Estuarios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Allí, en las 97 millas cuadradas que ocupa, sitúa el 33% de los mangles en el país y viven unas 124 especies de peces y 160 de aves. Todas, amenazadas por el deterioro del Caño Martín Peña.
¿SE DRAGARÁ EL CAÑO?
Aunque fue mencionado recientemente por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, como uno de los proyectos de infraestructura necesarios, aún se desconoce si el dragado del Caño Martín Peña se incluya finalmente en la lista de los “proyectos críticos” que mandata el Título V de Promesa.
La Ley Promesa, en su Título V sobre la “Revitalización de la infraestructura de Puerto Rico”, define proyecto crítico como aquellos que están íntimamente relacionadas “con la atención a una emergencia cuya aprobación, consideración, autorización e implementación será agilizada y simplificada”.
La sección 503, detalla que para identificar un proyecto como crítico el mismo debe desempeñar “beneficios ambientales y económicos que provee el proyecto, incluyendo el número de empleos que crea, que serán ocupados por residentes de Puerto Rico y el impacto económico esperado, incluyendo el impacto en los contribuyentes, si corresponde”.
Estimados parciales documentan que el beneficio del dragado del Caño Martín Peña le inyectaría a la economía puertorriqueña casi $600 millones, resaltó Rodríguez Del Valle.
Durante el periodo electoral, los líderes del G-8 comprometieron a todos los candidatos, a la gobernación y a la alcaldía de San Juan, a trabajar junto a los residentes del Caño Martín Peña por el dragado del cuerpo de agua.
En el manifiesto firmado, Rosselló se comprometió a darle prioridad a las obras que requieren intervención del estado como los alcantarillados sanitarios y las estructuras pluviales que requieren de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); a destinar la asignación del presupuesto para la corporación Enlace; y a la asignación recurrente de los $5 millones como lo estipula la Ley 63.
El Proyecto Enlace, el Fideicomiso de la Tierra y el G-8 confían en la buena voluntad de Rosselló Nevares y esperan que, en la coyuntura histórica en la que nos encontramos, el gobernador cumpla su palabra y no derogue las leyes que protegen sus tierras.
Pero, al no ser una ley federal, los poderes otorgados a la Junta de Control Fiscal estipulan la eliminación de leyes estatales si consideran que entorpecen el proceso de restauración financiera. La Ley Promesa fue creada para lograr la estabilidad fiscal de Puerto Rico, si concluyen que la venta de estos terrenos es favorable para las finanzas del país, bien podrían ordenarlo.
Si bien ahora el Caño necesita de cuidados urgentes, lo cierto es que de dragarse el caño el valor de las propiedades aledañas aumentaría, quedando a dispensa de los desarrolladores que intentarían ofrecerles miles de dólares por sus terrenos.
Entonces, sucedería lo mismo que ocurrió con la desaparecida comunidad de Tokío en Hato Rey. En aquél entonces unas 300 familias vivían en un arrabal edificado sobre basura usada para rellenar terrenos, que bordeaban el Caño. Pero Tokío fue borrado del mapa mediante un plan de expropiación que delineó el gobierno al declarar la zona como una inundable y de difícil rehabilitación.
Los desarrolladores les ofrecían dinero a las familias pobres que vivían allí, contó Núñez Mercado. Les proporcionaban cantidades de dinero que los residentes nunca habían tenido. Así, los vecinos fueron vendiendo sus tierras poco a poco.
Hoy, en el lugar que algún día estuvo la comunidad de Tokío se encuentra el Coliseo José Miguel Agrelot, la Comisión Estatal de Elecciones y viviendas de alto valor económico, donde ninguna de las personas que vivió en Tokío reside actualmente.
Ellos se dieron cuenta muy tarde de que el dinero que les ofrecieron por sus tierras no daba para una nueva residencia. Tuvieron que solicitar préstamos e hipotecas que luego muchos de ellos no pudieron pagar. Entonces, la tierra que habían trabajado por años, con esfuerzos, había desaparecido, recordó Núñez Mercado.
UNA COMUNIDAD CON VISIÓN
Por este temor de ser desahuciados, el G-8 impulsó la creación de la Ley 489 de 2004 por la que se creó el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Esta herramienta fue la que utilizaron los residentes para evitar el desplazamiento. Así, las 200 cuerdas transferidas por el gobierno, pasaron de títulos de propiedad individual a uno comunitario.
“Las personas son dueñas de las estructuras de vivienda, pero la tierra les pertenece a todos”, explicó María Hernández Torrales, presidenta del Fideicomiso.
“No puede venir un desarrollador a disfrutar de algo que no vivió, que no trabajó, que no desarrolló. Esta comunidad la forjaron nuestros abuelos y nuestros padres y durante muchos años hemos estado pisando el lago de mierda. Entonces, no sería justo ni ético que ese disfrute y ese beneficio [del dragado del Caño] lo venga a tener otra gente por el famoso gentrification, que es sacar a los pobres y traer una clase social de un alto valor económico”, añadió Núñez Mercado, portavoz del G-8.
Y todo el esfuerzo no ha sido en vano. En 2015 fueron galardonados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el World Hábitat Awards como reconocimiento a las herramientas innovadoras que han utilizado para enfrentar sus problemas de vivienda.
“Innovar con un proyecto como el Fideicomiso le tumba los esquemas a cualquiera porque nosotros estamos acostumbrados a la propiedad individual. Es mi casita, es mi patio, es mi terreno, pero aquí la comunidad prefirió dejar ese individualismo a un lado por elegir algo que beneficia a todo el mundo”, manifestó Hernández Torrales.
En el Caño se piensa en colectivo y fue lo que vino a coronar el premio Hábitat, esa visión nueva de mirar el mundo de otra forma, el velar por el bien común.
Sin embargo, aunque han ganado una batalla, todavía falta la más importante: el dragado del Caño Martín Peña. Acción que cuesta unos $142.7 millones, sin contar otros costes como la reubicación de los residentes que se afectarán por el dragado.
Ellos ya tienen elaboradas las alternativas y mucho terreno ganado en este camino que a veces pareciera un viacrucis. El año pasado se completó el proceso de “Estudio de viabilidad y declaración de impacto ambiental” que abre puertas para acceder a fondos. La porción federal del proyecto tiene un costo aproximado de $221 millones.
Y así, como establecen los planes del dragado –que pretende abarcar entre 75 y 100 pies de ancho– ya la comunidad ha realojado hasta el momento unas 600 familias y se espera que al finalizar el año se completen otras 80 reubicaciones. Tanto el G-8 como el Fideicomiso aseguraron que el proceso de remoción se trata con sensibilidad y que tienen un comité que se encarga del mismo.
“Las personas pueden elegir quedarse en la comunidad. Buscar espacios, dentro de la comunidad, que estén fuera de las áreas del dragado o donde se planifican las áreas de infraestructura. Se buscan espacios para que puedan quedarse a vivir en su entorno, dentro del tejido social que ellos han trabajado por muchísimos años”, explicó Hernández Torrales.
Las comunidades del Caño Martín Peña han demostrado, a través de estas dos décadas, que no son un grupo que está “[…] esperando a que le vengan a hacer. Es una comunidad que está haciendo”, dijo con firmeza Núñez Mercado.
“Este proyecto no es uno existencialista, es de transformación. Es una comunidad que ha trabajado colaborativamente con otros sectores para transformar su realidad. No se trata de pedir, se trata de una comunidad que está haciendo, todo el tiempo”, complementó la directora ejecutiva del Proyecto Enlace.
Por esta razón, han creado más de 30 iniciativas comunitarias que promueven el mejoramiento de sus residentes. Entre ellas se encuentra la alfabetización de adultos, programas de reciclaje y proyectos enfocados en niños y jóvenes.
Muchos de estos proyectos sirven de empleo para los mismos residentes de la zona. Cada cual aporta su conocimiento y de una vez reciben su recompensa para ayudar económicamente a sus familias.
Su última iniciativa, que también cuenta con el aval del gobernador, es reestructurar el currículo de enseñanza de una de las escuelas ubicadas en la zona, para especializarla en liderazgo y transformación.
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Original del publicado en Diálogo.
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