Eliminarán el Banco Gubernamental de Fomento, contemplan la privatización de la Autoridad de Carreteras y aumentarán la tarifa de servicio de agua potable a todos los usuarios de la AAA.
Tras la séptima reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), el ente regidor de las finanzas de Puerto Rico, aprobó el plan fiscal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Estos planes contemplan, entre otras medidas, la eliminación del BGF, la posible privatización de la corporación pública ACT, un alza de tarifas para todos los usuarios de la AAA y una tarifa base de 21 centavos para la AEE.
Según José Carrión III, presidente de la junta, los planes fiscales aprobados y certificados hoy podrían sufrir cambios –o ser enmendados– en el futuro. Asimismo, los miembros del organismo aprobaron por unanimidad el poder ir a reunión ejecutiva si tuvieran que deliberar sobre el Título III de la Ley Promesa que contempla todo lo relacionado a la quiebra.
Las decisiones de hoy se tomaron desde el edificio Alexander Hamilton en Nueva York a solo 72 hora de que venza el plazo de moratoria. La reunión del ente que tiene supra poderes sobre el Gobierno de Puerto Rico tuvo una duración aproximada de dos horas y media, tiempo en el que se presentaron y discutieron los cuatro planes fiscales de corporaciones públicas del País.
Al momento de la presentación y discusión de los planes fiscales aprobados hoy, estos no habían sido hechos públicos. A cuestionamientos de la prensa, Carrión dijo que el tiempo limitado de los miembros de la junta fue lo que impidió la transparencia. Al finalizar la reunión los colgaron en la página web del ente federal.
En la reunión no se presentaron los planes fiscales de la Corporación para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas (Cossec) –por enmiendas técnicas– ni el de la Universidad de Puerto Rico (UPR) porque la institución no se ha coordinado con el gobierno central.
En conferencia de prensa, le preguntaron a la junta sobre el número exacto de reducción que se está proyectando para la UPR, pero los integrantes solo se limitaron a decir que el plan fiscal de la institución tendría que pasar por los cedazos de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). No brindaron más detalles sobre la cantidad final de los recortes al sistema universitario que comenzó por $300 millones y se prevé aumente a $512 millones.
ALZA EN LA TARIFA DE AGUA POTABLE
Luego de la presentación de la AAA, la JCF aprobó –con enmiendas– el plan fiscal que contempla un alza de tarifas de agua potable para todos los usuarios, pero tomando en cuenta el ingreso salarial de los consumidores.
El alza, que comenzará a partir de enero 2018, será de forma permanente e incluirá a todos los abonados, incluyendo a los de residenciales públicos.
Durante la presentación, el presidente de la AAA, Elí Díaz Atienza, detalló que el plan fiscal de su agencia incluye una reducción de pérdidas en la recolección de agua, mejorar los contadores, una energía hidroeléctrica, ajustes en la factura y posibles alianzas público privadas.
Ante la inminente alza en los costos del servicio de agua potable, el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez, se comprometió en buscar alternativas para subsanar el impacto que tendrá en los puertorriqueños que ya recientemente han sufrido aumentos en las tarifas de la AAA.
“Históricamente la AAA no ha tomado las medidas de aumento de tarifas, por muchos años se ha ido aplazando. Luego, de repente, hay aumentos muy fuertes. Creo que deben mirar aumentos de manera continua y no aplazarlos”, criticó José González, miembro de la junta.
La AAA deberá someter, en 30 días, el plan con las enmiendas señaladas por el ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos y que tiene la misión de estabilizar las finanzas del País y pagar la deuda pública.
TARIFA DE .21 CENTAVOS EN LA AEE
El plan fiscal de la AEE fue aprobado con la misión de que para el 2023 la tarifa de energía eléctrica sea de 21 centavos por kilovatio/hora.
Para cumplir con esta orden, se le solicitó a la AAE buscar la manera de reducir el gasto en la generación de energía incluyendo la posible privatización de este proceso y de sus plantas. Asimismo, la junta pidió que se eliminara la contribución con la que se compensa a los municipios en un periodo no mayor de cinco años. Estas enmiendas deben incluirse en el plan fiscal de la AEE en 45 días.
“Yo creo que no hay un camino de recuperación para Puerto Rico si no podemos aspirar a tener tarifas bajas de energía. Eso no va a ocurrir si no están disponibles para impulsar una transformación. Ahora tenemos que seguir adelante en una manera transparente. No solo planificando, ni pensando, no más excusas de las cosas que podemos hacer bien”, enfatizó el miembro Carlos García a la AEE. Anna Matosantos también estuvo de acuerdo con este señalamiento.
En su presentación, la AEE expuso que tienen acuerdos preliminares con las dos terceras partes de sus acreedores y que esto pudiera recortar su deuda “insostenible”. Además, se encuentran en conversaciones con los acreedores de Cofina, añadió Gerardo Portela.
“Hemos tenido apagones por falta de inversión, ciertas estructuras degradas, inseguras y no fiables”, señaló el director de la AEE, Ricardo Ramos, en su presentación.
PRIVATIZACIÓN DE LA ACT
De acuerdo con el plan fiscal de la ACT, presentado de manera somera y aprobado con enmiendas, este incluye la privatización de parte de las operaciones de la corporación, como el Tren Urbano.
Asimismo, el director de la ACT, Carlos Contreras, dijo que la extensión de la PR-2 y PR-5 podrían trabajarse con alianzas público privadas. Además de considerar crear una nueva corporación que se encargue del Tren Urbano.
Según la presentación, la ACT pretende reestructurar su deuda de sobre $6,000 millones de manera sustancial. A lo que la presidenta ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, añadió que la autotidad contempla una reducción de costos operacionales para buscar aumentar los ingresos, así como una oportunidad de ingresos en las autopistas y peajes del País. Sin embargo, esto no fue suficiente para los demás miembros de la junta.
“En relación a gobernanza, yo creo que el desafío más grande que tenemos es de transportación masiva. Yo creo que todavía [el plan] requiere iniciativas adicionales para poder tener un modelo sostenible”, comentó García haciendo hincapié en buscar maneras de allegar fondos al Tren Urbano.
Las enmiendas que le hizo el ente federal impuesto, incluyen: la identificación de maneras diversas de allegar recaudos a la ACT, una viabilidad financiera, la independencia del Tren Urbano, así como analizar las alianzas público privadas. El plan aprobado tiene un plazo de 30 días para que incluyan las recomendaciones de la junta.
ELIMINACIÓN DEL BGF
La primera corporación pública en presentar el plan que regirá sus finanzas en los años venideros fue el BGF. Su presidente ejecutivo, Christian Sobrino, aseguró que su plan fiscal proyecta la liquidación organizada de las operaciones de la corporación pública en un periodo de 10 años.
De ahora en adelante, el BGF venderá sus activos y se convertirá en un ente cobrador de los préstamos que mantiene la entidad y no podrá emitir nuevos financiamientos. La Aafaf dispondrá de los activos del BGF.
“Con gran tristeza y renuencia me uno a la conclusión de que el BGF no va a poder continuar como una entidad viable y que procede entrar en el plan fiscal que significa que bajará sus actividades, para cerrar sus operaciones, en un esfuerzo por maximizar la recuperación de sus activos y una distribución más ordenada”, pronunció José González, expresidente del BGF hace unos 30 años.
Asimismo, González confirmó que la decisión fue determinada por “la crisis fiscal del Estado Libre Asociado”. Mientras, David Skeel –miembro de la junta y experto en bancarota– aseguró que esta sería la “mejor decisión”.
El Banco Gubernamental de Fomento, creado en 1942, ha sido esencial para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Básicamente, la institución utilizaba recursos de inversión y formación de capital para la infraestructura de Puerto Rico. Además, tenía la función de ser el agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico para las emisiones de bono en el mercado internacional.
En noviembre del año pasado, Diálogo publicó la opinión de dos economistas que coincidieron que la eliminación del BGF reduciría la deuda pública de Puerto Rico –que ronda por los $69 mil millones– en un 15%.
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Original del publicado en Diálogo.
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