Varias de nuestras reservas y áreas naturales fueron puestas como garantías en emisiones de bonos. Hoy, estos recursos se encuentran en peligro por una deuda casi impagable. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
Imagínese que las tierras fértiles de Puerto Rico, en las que se produce de un 17 a un 19% de los alimentos que consumimos, de repente, ya no sean públicas y les pertenezcan a empresas que se dedican a la producción de energía o la creación de semillas transgénicas que luego exportan alrededor del mundo.
Piense por un momento, qué sucedería si los acuíferos de la zona del karso –que abastecen de agua potable a la población del norte de Puerto Rico– se ven amenazados por desarrolladores que contaminarían los abastos.
O qué pasaría si el Corredor Ecológico del Noreste –donde habitan más de 220 especies, de las cuales unas 50 son endémicas, están amenazadas o en peligro de extinción– ya no fuera una reserva natural y se convirtiera en una zona hotelera.
Ahora bien, y si les digo que no son suposiciones, que estas –y muchas otras– reservas y áreas naturales de Puerto Rico están en peligro gracias a la emisión de bonos que hoy son casi impagables. ¿Y si a todo eso le añadimos los poderes de la Ley Promesa?
Sabemos que el supragobierno designado por el Congreso, la Junta de Control Fiscal, tiene los poderes de derogar leyes estatales que protegen los terrenos de Puerto Rico para ponerlos en venta y de esta manera tener liquidez en el Gobierno para pagar una deuda que asciende a $70 mil millones.
Es más, según un análisis que realizó el abogado del Pinchot Institute for Conservation, James Snow, del Título V de la Ley Promesa, “existe el potencial para que la junta disponga de estos terrenos para su venta o para que sean transferidos a un acreedor como parte de un acuerdo de reestructuración”.
Y aquí llegamos al segundo punto que pondría en peligro nuestros recursos naturales: los acreedores y bonistas. Si bien, la Junta puede derogar leyes estatales para poner en venta las áreas protegidas de Puerto Rico para abonar a la deuda, lo cierto es que varios de estos preciados recursos del país han sido puestas como garantías en emisiones de bonos.
Entre las corporaciones públicas que emitieron bonos, se encuentra la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, conocida también como Pridco, por sus siglas en inglés. Para el año 2003, Pridco emitió un bono que ascendió $161,680,159.20. Como fuentes de pago, la corporación pública empeñó sus bienes reales.
“El principal y los intereses de los bonos se pagan a partir de los ingresos brutos recibidos por PRIDCO de sus bienes raíces productores de ingresos, maquinaria, equipo, hipotecas de primera mano sobre bienes inmuebles o bonos de primera hipoteca los cuales son especificados por PRIDCO para ser Propiedades Fiduciarias conforme a los términos de la Escritura de Fideicomiso”, reza el documento.
“Nuestro patrimonio natural se encuentra en peligro”
Pero, ¿entre los bienes inmuebles de Pridco hay recursos naturales?
Un acuerdo de 2016, entre Pridco y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) pone de relieve la vulnerabilidad de varios terrenos que pudieran crear disputas por los escollos económicos en los que nos encontramos.
“La Compañía [de Fomento Industrial] es dueña en pleno dominio de las propiedades inmuebles que se describen a continuación, las cuales se encuentran dentro de los límites de la Reserva Natural del CEN”, se desprende del acuerdo en el que Pridco cede el disfrute de los mismos al DRNA.
Según el documento, las propiedades de Pridco en el Corredor alcanzan las 966.76 cuerdas de terreno. Varias de estas propiedades fueron adquiridas por la Compañía antes de emitir el bono en 2003.
De acuerdo con información provista por Fomento a Diálogo, Pridco obtuvo la titularidad de la Finca Las Paulinas en abril de 1970 y la Finca el Convento en abril de 1955. Ambas se encuentran en el CEN.
Basándose en el acuerdo, “Pridco continúa siendo dueño de esos y otros terrenos protegidos o por proteger dado su insustituible valor ecológico. Lo que este cedió al DRNA fue únicamente el uso y disfrute de esos suelos, no la titularidad.”, sostuvo la catedrática en Derecho, Jessica Rodríguez Martin.
La Compañía de Fomentó también le comunicó a este diario que adquirieron el Cayo Icacos y Ratones para enero de 1963, así como la Bahía Bioluminiscente en abril de 1960.
“Al ser propietario, Pridco bien podría vender y alquilar, entre otras acciones [esos terrenos]. En estos momentos, lo profundamente preocupante es que los acreedores puedan, en el cobro de sus presuntas acreencias, embargar las reservas naturales del país. Esos bienes podrían estar sentenciados a que nos sean arrebatados", añadió la también profesora de Derecho Ambiental.
Así, si un poseedor de bonos de Pridco no recibe su pago correspondiente, bien podría ir a un juez para pedir que se vendan los terrenos para que se le pague, o bien, podría pedir que le cedan la titularidad como liquidación.
Conforme al último estado financiero en el Banco Gubernamental de Fomento, “al 30 de junio de 2015 y 2014, Pridco tenía aproximadamente $ 179.9 millones y $ 189.4 millones, respectivamente, en bonos pendientes de pagar, incluyendo la porción actual de $ 12.9 millones y $ 10.0 millones al 30 de junio de 2015 y 2014, respectivamente”.
“No podemos olvidar que la intención de la ley Promesa, aprobada por el Congreso de los EE.UU., es perseguir a toda costa que los bonistas cobren. No es casual que parte de los tenedores de los bonos sean grandes aportadores políticos de los congresistas y sus campañas”, resaltó la profesora Rodríguez Martin.
“Promesa no contiene distinciones sobre el tipo de propiedad del Pueblo de Puerto Rico que está en manos del Estado y sus agencias gubernamentales. Si los terrenos son ambientalmente valiosos da igual. Es por ello que nuestro patrimonio natural se encuentra en peligro y amenazado”, concluyó la catedrática a quien muchos consideran “la madre del Derecho ambiental” en la isla.
Asimismo, el planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera –ganador del Premio Medioambiental Goldman, considerado por muchos como el Premio Nobel ambiental– se encuentra preocupado por esta situación.
“Si alguien compra [o se le ceden] esos terrenos, a mí se me hace muy difícil pensar que sea para dejarlos bajo estado de conservación”, dijo Rivera Herrera.
Esta situación repercutiría en la pérdida de un sinnúmero de bienes naturales que caerían en manos privadas. Entonces, “¿cómo tú pretendes desarrollar el país si no tienes lo más básico?”, cuestionó el ambientalista.
Con esta preocupación en mente, Diálogo se dispone a reseñar tres áreas naturales de sumo valor ambiental para los puertorriqueños y que se encuentran amenazadas por la Ley Promesa o por una deuda que ya han expresado varios expertos que es impagable.
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Original del publicado en Diálogo.
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