Más medidas de austeridad aprobadas tras reunión de la JCF

Eliminarán el Banco Gubernamental de Fomento, contemplan la privatización de la Autoridad de Carreteras y aumentarán la tarifa de servicio de agua potable a todos los usuarios de la AAA.

Tras la séptima reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), el ente regidor de las finanzas de Puerto Rico, aprobó el plan fiscal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Estos planes contemplan, entre otras medidas, la eliminación del BGF, la posible privatización de la corporación pública ACT, un alza de tarifas para todos los usuarios de la AAA y una tarifa base de 21 centavos para la AEE.

Según José Carrión III, presidente de la junta, los planes fiscales aprobados y certificados hoy podrían sufrir cambios –o ser enmendados– en el futuro. Asimismo, los miembros del organismo aprobaron por unanimidad el poder ir a reunión ejecutiva si tuvieran que deliberar sobre el Título III de la Ley Promesa que contempla todo lo relacionado a la quiebra.

Las decisiones de hoy se tomaron desde el edificio Alexander Hamilton en Nueva York a solo 72 hora de que venza el plazo de moratoria. La reunión del ente que tiene supra poderes sobre el Gobierno de Puerto Rico tuvo una duración aproximada de dos horas y media, tiempo en el que se presentaron y discutieron los cuatro planes fiscales de corporaciones públicas del País.

Al momento de la presentación y discusión de los planes fiscales aprobados hoy, estos no habían sido hechos públicos. A cuestionamientos de la prensa, Carrión dijo que el tiempo limitado de los miembros de la junta fue lo que impidió la transparencia. Al finalizar la reunión los colgaron en la página web del ente federal.

En la reunión no se presentaron los planes fiscales de la Corporación para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas (Cossec) –por enmiendas técnicas– ni el de la Universidad de Puerto Rico (UPR) porque la institución no se ha coordinado con el gobierno central.

En conferencia de prensa, le preguntaron a la junta sobre el número exacto de reducción que se está proyectando para la UPR, pero los integrantes solo se limitaron a decir que el plan fiscal de la institución tendría que pasar por los cedazos de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). No brindaron más detalles sobre la cantidad final de los recortes al sistema universitario que comenzó por $300 millones y se prevé aumente a $512 millones.

ALZA EN LA TARIFA DE AGUA POTABLE

Luego de la presentación de la AAA, la JCF aprobó –con enmiendas– el plan fiscal que contempla un alza de tarifas de agua potable para todos los usuarios, pero tomando en cuenta el ingreso salarial de los consumidores.

El alza, que comenzará a partir de enero 2018, será de forma permanente e incluirá a todos los abonados, incluyendo a los de residenciales públicos.

Durante la presentación, el presidente de la AAA, Elí Díaz Atienza, detalló que el plan fiscal de su agencia incluye una reducción de pérdidas en la recolección de agua, mejorar los contadores, una energía hidroeléctrica, ajustes en la factura y posibles alianzas público privadas.

Ante la inminente alza en los costos del servicio de agua potable, el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez, se comprometió en buscar alternativas para subsanar el impacto que tendrá en los puertorriqueños que ya recientemente han sufrido aumentos en las tarifas de la AAA.

“Históricamente la AAA no ha tomado las medidas de aumento de tarifas, por muchos años se ha ido aplazando. Luego, de repente, hay aumentos muy fuertes. Creo que deben mirar aumentos de manera continua y no aplazarlos”, criticó José González, miembro de la junta.

La AAA deberá someter, en 30 días, el plan con las enmiendas señaladas por el ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos y que tiene la misión de estabilizar las finanzas del País y pagar la deuda pública.

TARIFA DE .21 CENTAVOS EN LA AEE

El plan fiscal de la AEE fue aprobado con la misión de que para el 2023 la tarifa de energía eléctrica sea de 21 centavos por kilovatio/hora.

Para cumplir con esta orden, se le solicitó a la AAE buscar la manera de reducir el gasto en la generación de energía incluyendo la posible privatización de este proceso y de sus plantas. Asimismo, la junta pidió que se eliminara la contribución con la que se compensa a los municipios en un periodo no mayor de cinco años. Estas enmiendas deben incluirse en el plan fiscal de la AEE en 45 días.

“Yo creo que no hay un camino de recuperación para Puerto Rico si no podemos aspirar a tener tarifas bajas de energía. Eso no va a ocurrir si no están disponibles para impulsar una transformación. Ahora tenemos que seguir adelante en una manera transparente. No solo planificando, ni pensando, no más excusas de las cosas que podemos hacer bien”, enfatizó el miembro Carlos García a la AEE. Anna Matosantos también estuvo de acuerdo con este señalamiento.

En su presentación, la AEE expuso que tienen acuerdos preliminares con las dos terceras partes de sus acreedores y que esto pudiera recortar su deuda “insostenible”. Además, se encuentran en conversaciones con los acreedores de Cofina, añadió Gerardo Portela.

“Hemos tenido apagones por falta de inversión, ciertas estructuras degradas, inseguras y no fiables”, señaló el director de la AEE, Ricardo Ramos, en su presentación. 

PRIVATIZACIÓN DE LA ACT

De acuerdo con el plan fiscal de la ACT, presentado de manera somera y aprobado con enmiendas, este incluye la privatización de parte de las operaciones de la corporación, como el Tren Urbano.

Asimismo, el director de la ACT, Carlos Contreras, dijo que la extensión de la PR-2 y PR-5 podrían trabajarse con alianzas público privadas. Además de considerar crear una nueva corporación que se encargue del Tren Urbano.

Según la presentación, la ACT pretende reestructurar su deuda de sobre $6,000 millones de manera sustancial. A lo que la presidenta ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, añadió que la autotidad contempla una reducción de costos operacionales para buscar aumentar los ingresos, así como una oportunidad de ingresos en las autopistas y peajes del País. Sin embargo, esto no fue suficiente para los demás miembros de la junta.

“En relación a gobernanza, yo creo que el desafío más grande que tenemos es de transportación masiva. Yo creo que todavía [el plan] requiere iniciativas adicionales para poder tener un modelo sostenible”, comentó García haciendo hincapié en buscar maneras de allegar fondos al Tren Urbano.

Las enmiendas que le hizo el ente federal impuesto, incluyen: la identificación de maneras diversas de allegar recaudos a la ACT, una viabilidad financiera, la independencia del Tren Urbano, así como analizar las alianzas público privadas. El plan aprobado tiene un plazo de 30 días para que incluyan las recomendaciones de la junta.

ELIMINACIÓN DEL BGF

La primera corporación pública en presentar el plan que regirá sus finanzas en los años venideros fue el BGF. Su presidente ejecutivo, Christian Sobrino, aseguró que su plan fiscal proyecta la liquidación organizada de las operaciones de la corporación pública en un periodo de 10 años.

De ahora en adelante, el BGF venderá sus activos y se convertirá en un ente cobrador de los préstamos que mantiene la entidad y no podrá emitir nuevos financiamientos. La Aafaf dispondrá de los activos del BGF.

“Con gran tristeza y renuencia me uno a la conclusión de que el BGF no va a poder continuar como una entidad viable y que procede entrar en el plan fiscal que significa que bajará sus actividades, para cerrar sus operaciones, en un esfuerzo por maximizar la recuperación de sus activos y una distribución más ordenada”, pronunció José González, expresidente del BGF hace unos 30 años.

Asimismo, González confirmó que la decisión fue determinada por “la crisis fiscal del Estado Libre Asociado”. Mientras, David Skeel –miembro de la junta y experto en bancarota– aseguró que esta sería la “mejor decisión”.

El Banco Gubernamental de Fomento, creado en 1942, ha sido esencial para el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Básicamente, la institución utilizaba recursos de inversión y formación de capital para la infraestructura de Puerto Rico. Además, tenía la función de ser el agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico para las emisiones de bono en el mercado internacional.

En noviembre del año pasado, Diálogo publicó la opinión de dos economistas que coincidieron que la eliminación del BGF reduciría la deuda pública de Puerto Rico –que ronda por los $69 mil millones– en un 15%.

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Original del publicado en Diálogo. 

Martha Quiñones: “Destruyes a la Universidad de Puerto Rico y destruyes el futuro”

Se espera que la Junta de Gobierno del sistema universitario nombre un nuevo presidente o presidenta este verano. Diálogo conversó con los candidatos a esa posición para conocer su visión sobre la UPR.

Martha Quiñones Domínguez se postuló como candidata a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) porque quiere decir “lo que nadie se atreve”, porque añora ser una presidenta representativa de la comunidad universitaria y porque cree en un sistema universitario que se inmiscuya en los problemas sociales que aquejan a todos los boricuas.

Para la economista y planificadora, este proceso no es uno novel. Quiñones Domínguez ha presentado cuatro veces su candidatura al puesto. No se quita. “Alguien tiene que decir la verdad”, dice.

La egresada del sistema de enseñanza pública de Puerto Rico, y quien lleva sobre 20 años en el sistema universitario, cree que la posición de presidente de la UPR debe conllevar una inmersión en la realidad de la Universidad y estar basada en un diálogo constante con la comunidad universitaria.

En estos momentos, la UPR enfrenta un gran reto. Siete de los once recintos mantienen un voto de huelga en repudio al recorte de $450 millones que ha propuesto la Junta de Control Fiscal y que la administración de Ricardo Rosselló, junto con la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, han acatado y trabajado —preparando un Plan Fiscal— para que se materialicen los recortes durante los próximos cuatros años.

Sin embargo, Quiñones Domínguez está clara en la universidad que desea: “democrática, participativa, autónoma, con co-gobiernos donde todos los sectores de la Universidad puedan participar activamente, más abierta al diálogo y transparente. Pero, sobre todo, una universidad que construya una reforma educativa desde adentro, respondiendo a las necesidades e intereses de la Universidad con la sociedad puertorriqueña y no respondiendo a los intereses de la política neoliberal educativa”.

Por eso, quiere ser una presidenta que irá a las calles a defender el patrimonio nacional que es la UPR. Mientras, buscará la manera de presentarle a todo el mundo el valor social y económico que representa el sistema universitario para todos los puertorriqueños.

Quiere llevar la sabiduría universitaria a todos los rincones de la Isla, incluyendo Vieques y Culebra, así como a las cárceles, pues entiende que la UPR debe atender los problemas que le agobian a la sociedad.

¿Por qué toma la decisión nuevamente de solicitar el puesto de presidencia de la Universidad de Puerto Rico?

–No lo hago tanto por la plaza de presidenta de la Universidad, porque considero que no debe existir esa administración gigantesca que se llama Presidencia, pero sí alguien tiene que ir a hablar sobre lo que sucede en la Universidad. Alguien que esté más cercano de lo que está sucediendo en cada uno de nuestros recintos. Cuando yo empecé a ver esas discusiones que se dieron para presidente de la Universidad, antes de que yo entrara como candidata, noté esa diferencia, que los candidatos lo que iban era detrás del puesto de ser presidente y no detrás de favorecer la Universidad. En vez de ser una persona que representara los once recintos, sus diferencias, pero a la misma vez que respondiera a los problemas que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestras áreas.

¿Cuál es la Universidad de Puerto Rico que usted quiere?
– Que pueda responder a las necesidades del pueblo de Puerto Rico, pero sobre, todo, dar educación en todos los renglones del saber académico. Es importante esa universidad que se compromete con la comunidad, esa universidad que va a las comunidades. Los docentes se creen que su labor es en el salón de clases, pero su labor es mucho más allá, es ir afuera a colaborar. Esas comunidades que nosotros vamos y aportamos, son comunidades que después vienen y defiende a la Universidad de Puerto Rico como la mejor inversión social porque la ven continuamente. Esa es la Universidad de Puerto Rico que yo quiero. Una universidad que participa activamente. Es una estrategia diferente donde la Universidad se compromete al cien por ciento con la comunidad, defendiéndolos, ayudándolos, identificando problemas y, a la misma vez, creando conocimiento.

Esa universidad que usted quiere y que nos ha descrito, con $450 millones menos en su presupuesto, ¿sería posibles?
– No. No sería posible porque la Universidad de Puerto Rico no podría funcionar. Por lo tanto, el presidente o la presidenta de la Universidad que queremos es uno que le diga a la Junta de Control Fiscal: ‘la Universidad es autónoma, no te puedes meter con la Universidad y no aceptamos ese recorte’.

Si queremos desarrollo y crecimiento económico para Puerto Rico, tenemos que fortalecer la Educación. Ningún país progresa atentando contra la Salud o la Educación. La Educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Y el desarrollo es importante para que haya crecimiento y que se sostenga a largo plazo. La Universidad de Puerto Rico está comprometida con un nuevo proyecto de País que sea sustentable, que sea armonioso, que sea de progreso, pero que también sea inclusivo, donde todos y todas estemos dentro y nos permita entonces crecer como seres humanos y fortalecernos.

Por lo tanto, son importantes todos los segmentos de nuestra Universidad para lograr que Puerto Rico prospere, para que Puerto Rico crezca. Si la Junta de Control Fiscal quiere saber lo que puede hacer bien, que consulte con la Universidad de Puerto Rico —aunque ellos no hacen falta— pero que consulten porque ahí está el conocimiento. En vez de estar peleando por [contra] el conocimiento, que consigan el conocimiento.

Entonces, de ser usted presidenta —como economista y planificadora— ¿qué haría ante esta situación fiscal que atraviesa la Institución y el País? No le recortaría a la Universidad, pero ¿qué opciones le daría usted al Gobierno y a la Junta?
– Lo primero que tienen que hacer es consultar su proceso de planificación, mirando las fortalezas y debilidades del País. Si tú no sabes las fortalezas y debilidades del País tú no puedes construir un plan que se ajuste. El plan que están presentando no es un verdadero plan, es simplemente un documento con números. Si tú de verdad quiere fortalecer al País, tú tienes que saber que los planes de ajuste no han funcionado en ningún lugar del mundo, menos van a funcionar en Puerto Rico. Lo que han hecho es echar la economía hacia atrás, por lo tanto, esa no es la solución. Vamos a sentarnos como país y vamos a dialogar, no con los ricos que están yendo a las reuniones de la Junta, sino con todo el mundo para ver qué se puede hacer. Los recortes comienzan desde arriba, desde la misma Junta de Control Fiscal que no se puede llevar tanto dinero para decirnos al resto del Pueblo que tenemos que enrollarnos las mangas —que ya llevamos 20 años enrollándonos las mangas— para entonces poder actuar.

Segundo, tienen que entender que tú no puedes debilitar ni Educación, ni Salud, ni Seguridad; son los tres elementos básicos del País. Si tú los debilitas, lógicamente, estás debilitando la posibilidad del desarrollo sostenible para Puerto Rico. Empieza auditando la deuda. Así que los estudiantes tienen razón, al igual que parte del Pueblo. Hay que hacer una auditaría forense de la deuda, no uno auditoría contable, sino forense para identificar dónde está el dinero, cómo se desvió el dinero, qué tipo de acciones que no cumplían con las leyes y las normativas se realizaron en la emisión de esas deudas. La Universidad de Puerto Rico tiene que estar en ese proceso, tiene los auditores que pueden hacer eso, tiene la gente que nos puede educar en ese proceso. Pero, además, [la UPR] tiene que mirarse hacia adentro porque también aquí hay mucha desviación de fondos como es el caso de Plaza Universitaria.

Muchas de las razones que ha esbozado son los reclamos de los movimientos estudiantiles que hasta el día de hoy se mantienen en huelga. ¿Cómo ve usted las luchas estudiantiles y qué haría si fuera presidenta?
– Hay que dialogar con los estudiantes. Los estudiantes nos están dando unas lecciones a todos, los de ahora y los del pasado, diciéndonos ‘ustedes no se atreven a enfrentar lo que hay que enfrentar, vamos nosotros entonces a enfrentarlo’. Yo sé que el proceso de maduración surge de ese diálogo continuo, no en el regaño, sino en el diálogo donde entre todos podamos construir una sociedad más justa, próspera y feliz.

Menciona varias veces en su plan de trabajo el diálogo con la comunidad universitaria. Sin embargo, esto del diálogo lo han mencionado otros presidentes, por ejemplo, la presidenta interina de la UPR resalta mucho sus conversaciones con el estudiantado. En su presidencia, ¿cuánto poder va a tener el estudiantado en la toma de decisiones?
– La pregunta es, ¿ella ha bajado a los portones a hablar con los estudiantes, sin miedo? Pues entonces, que no se jacte de que está hablando. Está hablando con unos estudiantes que van a su torre de marfil. El diálogo comienza en bajar allí a escucharlos. Yo creo que hay que darles mayor participación a los estudiantes, los docentes dicen que no, pero los docentes también tienen menos participación. El diálogo tiene que fluir constantemente, esa política de puertas abiertas, esa política de escucharnos continuamente.

En su plan resalta el desempeño del papel protagónico de la Universidad de Puerto Rico en la construcción de proyecto de País. La Junta y Ricardo Rosselló han dicho que el recorte va, ¿cómo sería esa aportación de la UPR con $450 millones menos?
– Desde diferentes instancias estamos viendo cómo podemos articular si se empeñan en quitarnos ese dinero. El problema es que nos quitan el dinero ahora, pero ya llevan varios años quitándonos el dinero, hay que reconocerlo. Si el pueblo de Puerto Rico nos debe tanto por todos los servicios que le hemos dado y le hemos borrado esas deudas, pues ya está saldado lo de nosotros.

Lo segundo es que, ese proyecto de País hay que construirlo con ese dinero que se va a establecer. Sería [el dinero] que vamos a conseguir. Estamos articulando diferentes proyectos. La Universidad es del pueblo de Puerto Rico, por tanto, si es del pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico tiene que aportar algo. [Un] estudio refleja que por cada dólar que tú das a la universidad, se generan muchos empleos en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico le aporta a la sociedad tanto dinero que, si tú quitas la Universidad, si se empeñan en quitarnos ese dinero, significa que hay que eliminar recintos, vas a destruir a los municipios. Estamos desarticulando toda la economía, en toda la sociedad, y eso es lo que hay que decir. Tú destruyes a la Universidad de Puerto Rico y destruyes el futuro. El modelo neoliberal es destruir la educación pública como derecho de la ciudadanía y construirla como un mercado más, como una mercancía más. Y yo creo en la universidad del pueblo de Puerto Rico, donde la educación es un derecho y no un privilegio.

Se ha planteado como medida de ahorro el cierre, privatización o regionalización de recintos. ¿Qué piensa usted acerca de esta medida?
– Yo creo en los 11 recintos como una sola UPR integrada. Además, creo que hay que fortalecerlos y fortalecer la docencia y la investigación en todas las ramas, desde los estudiantes hasta los docentes, todo el mundo debe estar investigando porque es la función de la universidad también. Creo en una universidad que sea pública y que debería aspirar a ser gratis. La Universidad de Puerto Rico es un proyecto de país.

Si vamos a hacer un proyecto de reforma universitaria, no lo puede estar haciendo el Senado de Puerto Rico, lo tiene que estar haciendo la Universidad de Puerto Rico con todos sus integrantes, incluyendo a los exalumnos y a los retirados porque son parte importante.

Yo creo que la Universidad de Puerto Rico sí puede aportar un poco más, yo creo que nosotros podemos coger más escuelas y podemos hacer más proyectos pilotos como es la Escuela de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Menciona mucho en su plan, y durante esta entrevista, la investigación. Sin embargo, aprobarse el plan fiscal que se prevé para la UPR, esto reduciría los profesores por contratos grandemente, esto repercute en que hay que aumentarles el número de créditos mínimos a los catedráticos, ¿cómo los catedráticos entonces van a lograr estas investigaciones?
– No creo que se van a eliminar todos los profesores por contrato que son a tiempo parcial porque en la economía el que más beneficio rinde son los explotados. Sí van a reducir algunos, pero a la larga van a volver a aumentar porque la universidad neoliberal requiere que haya muchos contratos porque así no hay compromiso de parte de ese docente con el recinto y, por lo tanto, cada vez que le piden un cambio lo puede hacer. Eso es malo en el sentido de que no tienes un compromiso al proyecto social que es la Universidad de Puerto Rico. Tampoco le estás dando capacidad para que ellos investiguen y estás haciendo que la Universidad de Puerto Rico —que hoy es la más investigaciones que hace, la más patentes que tiene, la que tiene mayor bagaje científico y publicaciones— esté limitada. Si vas aumentarles créditos adicionales a los docentes, significa que, técnicamente, les estás bajando el sueldo. Además de eso, les aumentas la carga, les reduces el tiempo para investigación que tiene y ahí estás demostrando perversión. En vez de ser una universidad de investigación y de conocimiento, quieres que sea una institución donde solamente estés preparando gente para salir a un mercado de trabajo que no existe.

Entonces, ¿qué haría usted para poder propiciar la investigación de esos docentes si se llegan a cortar los $450 millones, se reducen los profesores por contrato y se les aumenta el crédito mínimo a los catedráticos?
– Es que tú estás asumiendo que yo voy a aceptar todos esos recortes [risas]. Yo no voy a aceptar nada de esos recortes.

Usted quiere bajar los costos de Presidencia, este ha sido un reclamo que ha dado el estudiantado y los docentes, ¿cómo sería esa reducción? ¿Pretende reducir Administración Central?
– Sí. Hay unas cosas que se pueden mejorar, yo creo que sí, puede haber un decano de administración que esté cubriendo dos o tres recintos. Quizás podamos tener rectores que manejen dos recintos. Quizás se puede hacer un proyecto donde haya una presidencia rotativa, siempre va a haber una administración central, pero para eso están las computadoras. Sí, creo que la administración de personal tiene que ser central [porque esa función también la realizan los recintos]. Hablan de duplicación de programas, pero esto está lleno de duplicación.

Otras [oficinas] hay que articularlas a nivel de cada recinto, por ejemplo, Planta Física. El desastre más grande que se ha tenido que todos los planes es que hay que referir los proyectos a Presidencia, los rediseñan y los mandan diferentes. El problema está en Presidencia, pero también es el micro manejo que quieren hacer. Hay cosas que sí se deben dar en los recintos y hay cosas que hay que articular. Yo creo que, en vez de [existir] Presidencia, los rectores deben hacer más trabajo, [crear] un Consejo de Rectores. Hay bachilleratos que están aguantados porque están aguantados en Presidencia, no porque están aguantados en los recintos. Presidencia los aguanta porque obviamente tiene esa burocracia ahí gigantesca. Ese es el problema. Yo creo que la Junta de Gobierno de la Universidad debe ser —como son la junta de muchas otras organizaciones– que busca dinero, no una Junta que fiscalice nada más.

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Original del publicado en Diálogo. 

Miguel Muñoz: “Yo puedo aportar mucho a la Universidad”

Se espera que la Junta de Gobierno del sistema universitario nombre un nuevo presidente o presidenta este verano. Diálogo conversó con los candidatos a esa posición para conocer su visión sobre la UPR.

Cuando Miguel Muñoz Muñoz decidió renunciar a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico en el 2013, tras un proceso huelgario que duró más de 60 días, lo hacía —según sus palabras— por el golpe más rotundo que se le ha dado a la autonomía universitaria: la eliminación de la Junta de Síndicos y la implementación de la Junta de Gobierno por parte de la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Hoy, la situación no ha cambiado mucho. La Universidad enfrenta una paralización sistémica de siete recintos y unidades, mientras la Junta de Gobierno continúa en busca de un presidente. Sin embargo, esta vez Muñoz está decidido a terminar lo que comenzó hace seis años.

El agrónomo, egresado del sistema público de educación del País, asegura que su trayectoria profesional da cátedra del calibre de su conocimiento sobre administración pública, el servicio público, la academia y las relaciones obrero-patronales.

Aunque está consciente de que un gran número de personas de la comunidad universitaria no están de acuerdo con su candidatura —como la gran mayoría del estudiantado que participó de la Asamblea Nacional de Estudiantes, el claustro de la Junta Universitaria y parte de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend)— y afirma que muchos le llaman “tirano”, él les pide una oportunidad para poderles demostrar lo que puede aportar a la UPR.

En su corto periodo como jefe en propiedad del sistema universitario (2011–2013), Muñoz tuvo que enfrentar grandes controversias, como señalamientos federales por parte de la National Science Foundation (NSF) por aparente mal uso de fondos; así como la probatoria impuesta por la agencia acreditadora Middle State Commission on Higher Education. Asimismo, bajo su presidencia se creó el programa Crece 21, que actualmente se encuentra bajo investigación y en el que se encuentran involucradas unas nueve personas que él nombró. Además, la administración de Muñoz estuvo vinculada con un timo realizado a la Institución en el que una persona pidió un desembolso de miles de dólares a la UPR haciéndose pasar por el entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro. Bajo la incumbencia de Muñoz se ordenó el desembolso del dinero (tres cheques por $50 mil cada uno) sin que se verificara la identidad del solicitante.

Para Muñoz, “las huelgas nunca son buenas, nunca ayudan” y aunque defiende la libertad de expresión de quienes quieran realizarlas, está firme en que cerrar portones no es un derecho del estudiantado.

En su plan de trabajo presenta, entre otras cosas, un aumento de matrícula, fomentar la investigación, las alianzas público-privadas y con los municipios para allegar fondos a la Institución, que hoy busca crear un plan fiscal que se ajuste a un recorte presupuestario de $450 millones para el año fiscal 2021.

Usted fue presidente de 2011 a 2013 de la Universidad de Puerto Rico, ¿por qué decide nuevamente postularse?
– Estuve allí apenas dos años y lo que hice fue resolver problemas. Claro, eso es función inherente de una posición como esa, pero no me dio la oportunidad de establecer un plan de trabajo, de desarrollo para esa universidad que yo tanto quiero, que me ha dado tantas oportunidades en la vida y donde he tenido una gran satisfacción. Y digo esto porque yo llego de presidente en medio de una huelga.

Así que de momento lo consideré. Corro de nuevo porque yo creo que yo puedo aportar mucho a la Universidad. Mi récord académico está ahí, pueden ver en mi resumé, mi labor de investigación y que trabajo con estudiantes graduados y estudiantes subgraduados, mis evaluaciones de cómo Miguel Muñoz se ha desempeñado como profesor y como investigador a lo largo de toda su trayectoria profesional.

¿Cómo describiría esa Universidad pública que usted quiere?

– Esa Universidad tiene que ser de avanzada. Una Universidad que contribuya al desarrollo económico y social de Puerto Rico. Una Universidad que sea capaz de forjar profesionales de avanzada, con mentes inquisitivas, con mentes que cuestionen. De manera que usted analice objetivamente las cosas. En más ocasiones de las que quisiéramos, las pasiones nos nublan el entendimiento. Un buen administrador, un buen puertorriqueño, un buen profesional, no puede dejar que la pasión se sobreponga al buen razonamiento y a las necesidades del País. Y otro, que sean profesionales de visión, porque nosotros ya no preparamos profesionales nada más para Puerto Rico. Esos son los profesionales que tenemos que forjar, pero amantes de la democracia y respetuosos de la democracia.

Y con un recorte de $450 millones, ¿es posible esa Universidad que usted quiere?

– Un corte de $450 millones es demasiado, pero sí te puedo decir que podemos cortar y mantener esa Universidad que yo quiero. Yo te puedo decir condiciones en las que la Universidad puede ahorrar dinero. Nosotros no debemos tener, para darte un ejemplo, una empresa universitaria que pierda dinero. Usted tiene que aprender a operar con el mínimo de personas posibles. Usted tiene que mirarlo desde un punto de vista empresarial. A la Universidad hay que allegarle más fondos, en términos de presupuesto. Tenemos que ser más eficientes.

Supongamos entonces que no aprueban el plan fiscal que está preparando la presidenta interina, Nivia Fernández, y la misión le corresponde al próximo presidente. ¿Cuánto recortaría y en dónde recortaría entonces?
– No tengo la cifra final de cuánto recortaría, pero definitivamente no pueden ser $450 millones. Yo te diría que con la mitad se podrían hacer los ajustes. Claro, pero habría que hacer ajustes también de cómo funciona la Universidad. Hay cosas que hay que dialogarlas y hay que trabajarlas. Yo entiendo que se debe evaluar un aumento de matrícula, pero eso es algo que hay que discutir con la comunidad universitaria. Yo he planteado que en vez de una carga de 12 créditos para el personal docente sea una carga de 15 créditos. Imagínense que cada docente tenga tres créditos adicionales que está en su salario base, definitivamente, significaría economía para la Universidad.

De aprobarse el Plan Fiscal que contempla los $450 millones, incluiría que los profesores por contrato disminuyan drásticamente. Usted propone, como método de ahorro, que se aumente a 15 créditos, el mínimo, por profesor. En su plan propone la investigación como parte fundamental de la Universidad, ¿con qué tiempo o cómo manejarían el tiempo los profesores para hacer investigación?
– Tú no estás sacrificando investigación. Esos 15 créditos no son en enseñanza nada más, es la carga académica de un profesor. Aquí hay nombramientos combinados. Yo no estoy diciendo que los profesores van a estar dando clases nada más, al contrario, lo que hace una universidad de avanzada, una universidad que realmente va marcando el paso de desarrollo económico y social es una universidad que hace investigación.

¿Qué piensa de los reclamos de los universitarios, como el recorte de los $450 millones, y qué haría usted de llegar a ser presidente?
– Yo digo que es demasiado. No se pueden recortar $450 millones sin afectar lo que es la Universidad de Puerto Rico negativamente. Yo no estoy de acuerdo con el recorte de $450 millones, yo creo que es mucho.

Pero los estudiantes exponen que no quieren recortes…
– Es ilusorio pensar que en la situación en que está el País, cuando todas las agencias están recortando, cuando el País está en quiebra y no hemos pagado la deuda, que no le recorten a la Universidad de Puerto Rico. Mientras nosotros no asumamos esa responsabilidad definitivamente no vamos a ayudar a la Universidad de Puerto Rico. Nosotros, definitivamente, tenemos que estar claros que tenemos que hacer ajustes. Y tenemos que hacerlos. Tenemos que pensar como pueblo. Si pretendemos que a la Universidad no le recorten, a alguien más le van a recortar. ¿Y a quién le van a recortar? Al Departamento de la Familia, a Salud. Así que todos tenemos que sentarnos y responsablemente entender —y aceptar— que tenemos que hacer ajustes y los podemos hacer.

De ser presidente, ¿va a haber diálogo constante con el estudiantado y con el claustro?
– Siempre. Siempre lo hubo antes, por qué no ahora. Contrario a lo que te puede decir la gente por ahí, siempre hubo el diálogo. En los momentos en que no hubo el diálogo fue porque las personas que vinieron eran incapaces de dialogar. De las primeras cosas que hice cuando llegué a la presidencia fue reunir a todos los presidentes de los consejos y unos estaban dispuestos a escuchar, otros no estaban dispuestos a escuchar, otros tenían la mente hecha. Cuando usted va a un diálogo asegúrese de que usted va con la disposición de dialogar y negociar, si usted no está todavía listo, no vaya. Siempre hay espacio para la negociación, siempre hay espacio para el diálogo y los estudiantes pueden sentirse cómodos.

De suceder otra huelga con usted como presidente, ¿avalaría que la Policía entre a los recintos?
– Depende para qué. Yo sé que se malinterpretan mis palabras porque yo con frecuencia he dicho que yo entiendo que la Policía tiene el deber y la responsabilidad de intervenir en la Universidad. La Universidad no es un lugar diferente a la comunidad donde usted vive y yo vivo, así que a mí me tranquiliza que en la Universidad yo vea a la Policía dando su ronda. ¿Por qué no es confiable que me dé una ronda en el Recinto Universitario de Mayagüez a las nueve o a las diez de la noche cuando los estudiantes están saliendo de la biblioteca y a veces hay agresiones y asaltos? Yo jamás pretendería que, a la Universidad, entre la Policía a golpear a los estudiantes, porque eso es lo que siempre se ha querido hacer creer. La Policía yo la veo como un amigo, en alguien que yo puedo confiar.

En su plan de trabajo usted habla de evaluación de programas académicos de baja demanda, ¿qué haría usted —de ser presidente— con los programas académicos y con los recintos? Tiene planes de autonomía para varios recintos, ¿cree en la privatización?
– Yo no creo en la privatización de recintos. Yo creo en una reestructuración del sistema universitario. De hecho, lo que planteo es regionalizar los recintos. Que tú puedas deducir y ahorrar en las posiciones administrativas.

Yo creo en dar autonomía. Siempre pensamos que vamos a dar autonomía a Río Piedras, Ciencias Médicas y Mayagüez, que son los grandes y ¿por qué yo no hago un experimento con Utuado y le damos autonomía? Vamos a crearle un cuerpo rector a Utuado y yo le voy a dar más libertad operacional.

En cuanto a los programas, sí tenemos que reevaluarlos. Porque si hay programas que no tienen demanda, la clientela, tú tienes que reevaluarlos. Y eso no quiere decir que tú vayas a sacrificar la enseñanza en esas áreas. Hay cursos que no necesariamente tengas que dar todos los semestres. Usted no puede mantener toda una estructura departamental, con directores de departamento, con secretaria, con profesores, para programas que no tienen demanda.

¿En qué va a estar basada esa demanda? Por ejemplo, no todos los estudiantes quieren estudiar Física.
– Si usted no tiene los estudiantes para estudiar en un programa en particular, ¿por qué usted quiere tener el programa? ¿Puro romanticismo, por decir que lo tiene, porque la historia lo estableció? Perdonen, estamos en el siglo XXI, vamos a enfocarnos en lo que los estudiantes están pidiendo. Vamos a enfocarnos en lo que es la demanda.

¿Así que si en un programa de Física hay siete estudiantes se eliminaría ese programa?
– Hay que reestructurar si no tiene la demanda. Tal vez tienes un programa de Física en diferentes unidades del sistema, vamos a concentrarnos, vamos a especializar los recintos. Hoy día, usted puede llegar a cualquier sitio en dos horas y media. Hablamos mucho de universidad a distancia, pues vamos a usarla al máximo. No tendría necesariamente que cerrarlo, sino reestructurarlo, reenfocarlo.

En el área de su plan de trabajo que habla de allegar fondos a la UPR, menciona vender terrenos de la Universidad, vender estructuras en desuso…
– Yo no digo vender terrenos de la Universidad. Hay una ley para que personas que tienen propiedades y que no tienen herederos, pasen a la Universidad. Te estoy hablando de un solar, de una casa y créame que hay bastantes. Pero sí, tengo que ser claro, si hay terrenos en desuso en la Universidad hay dos cosas: usted busca un uso, pero si no le tienes un uso para él —vamos a ser reales— si no es para uso de la Universidad, usted lo vende.

En esencia, una universidad se compone de docentes, no docentes y estudiantes, en días recientes los estudiantes se expresaron en contra de su candidatura, el claustro de la Junta Universitaria se expresó en su contra y la Heend también se expresó en contra, ¿qué piensa de esa acción y qué le tiene que decir a esas personas?
– El claustro de la Junta Universitaria estará allí representando al claustro por una estructura administrativa, no representa al claustro del sistema universitario. En cuanto a los estudiantes, tienen el derecho. La Hermandad, José Torres es José Torres. Él quiere hacer su política y su politiquería que la haga.

Le reclaman por Crece 21, el desembolso irregular que realizó a un timador y por la NSF, ¿está usted tranquilo y con la conciencia libre por el trabajo realizado?
– Estoy tranquilo de mi labor. Crece 21, yo no voy a comentar. Sería irresponsable que yo comentara porque hay un FEI [Fiscal Especial Independiente] para unos compañeros a quienes los cobija la presunción de inocencia, sí te puedo decir que, si hubo alguna irregularidad, alguien no hizo las cosas como tiene que ser, tiene que responder por ello. Claro, esos eran mis rectores y mi equipo administrativo.

Lo de NSF, es una patraña. ¿Usted me va a decir que en dos años yo causé el problema de NSF? No, yo dejé las bases para solucionar el problema, porque no era de Miguel Muñoz. Falta a la verdad el que diga lo contrario.

[En cuanto al timo] cuando usted administra y usted tiene personal de confianza, de la misma manera que usted es un humano y comete errores, el personal de confianza comete errores. Si usted es un buen administrador, lo que usted tiene que hacer es tomar acción inmediata. Gracias a que Miguel Muñoz tomo acción inmediata con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), esas personas que estaban timando pararon y la Universidad no perdió el dinero. Le costó a un director de Finanzas el no haber seguido los procesos, le costó su posición.

Feliz, jamás voy a estar.

¿Le ha expresado a Ricardo Rosselló su deseo de presidir nuevamente la UPR? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él?
– No. Así directamente de hablar con él, no. Hace tiempo que no lo veo. Claro, él está sumamente ocupado, pero en el pasado lo veía mejor, cuando estaba en campaña porque me lo encontraba en más actividades.

Cuando se lo encontró en campaña, ¿sí le expresó que deseaba ser presidente nuevamente?
– No, nunca. Él y yo nunca hablamos. Ricardo Rosselló dijo que aquí nadie repartía puestos, ni posiciones, si a usted le interesaba algo, usted lo ponía en el banco de talentos. Así que yo nunca le expresé a él —directamente— que a mí me interesa esto. Mucha gente pensaba, decía y me preguntaban que si yo iba a correr. Pero yo sometí el día antes, y aquí está, no te voy a decir que no lo había trabajado, yo lo trabajé y mis ideas están bien pensadas.

* * *

Junto a Miguel Muñoz, también son evaluados para el cargo los doctores Arturo Avilés, Carlos Colón de Armas, Martha Quiñones y Nivia Fernández. Esta semana Diálogo publicará las entrevistas realizadas a cada uno de ellos.

Dentro del proceso de búsqueda y consulta del próximo presidente o presidenta de la UPR resta que los Comités de Consulta de los Senados Académicos evalúen a los aspirantes y sometan sus informes a la Junta de Gobierno (JG) no más tarde del 1 de junio de 2017, a las 4:00 p.m.

Desde el 2 hasta el 16 de junio, el Comité de Búsqueda y Consulta de la JG evaluará esos informes y entrevistará a los candidatos recomendados. Del 19 hasta el 30 de junio, ese comité rendirá su informe a la JG y recomendará a un candidato. En julio, la JG designará al presidente de la UPR.

Como parte del proceso para ser considerado para la presidencia de la UPR, Muñoz Muñoz sometió una carta de intención, un plan de trabajo, su curriculum vitae y referencias.

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Original del publicado en Diálogo.

Recorte de $512 millones a la UPR impediría el progreso económico del País

Los nuevos datos del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico apuntan a un posible aumento de matrícula, limitación de exenciones y una baja de estudiantes admitidos en el sistema universitario. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)

Ante las nuevas proyecciones del Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde se contemplan reducciones presupuestarias de hasta $512 millones para el año fiscal 2025-2026, el economista Heriberto Martínez pronosticó un panorama sombrío para la universidad del Estado y para el País.

La información del nuevo recorte trascendió luego de una reunión que sostuvo la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, con los estudiantes de la Junta Universitaria que agrupa a los once recintos y unidades del sistema universitario.

“Un país como Puerto Rico –que siempre habla de innovación, investigación y creación– un recorte de esta magnitud significaría el cierre de programas, menos investigación. Entonces, no entendemos cuál será el modelo de progreso económico que establece la administración de Rosselló”, sentenció Martínez.

Según explicó el representante estudiantil de la UPR en Bayamón ante la Junta Universitaria, Kevin Robles, este nuevo aumento al recorte del presupuesto de la Universidad proviene de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), agencia mediadora entre el gobierno y la UPR. La Junta de Control Fiscal no fue mencionada en la reunión.

Para Martínez, este recorte al primer centro docente del País sería un impedimento al progreso económico del País y conduciría a la Isla a la pobreza hasta la perpetuidad, puesto que “la Universidad de Puerto Rico es el centro de creación de conocimiento y de profesionales para el país”.

“La movilización se da desde la Educación”, destacó el economista quien añadió que la UPR permite que las personas que provienen de los barrios más pobres de Puerto Rico progresen y se forjen como profesionales gracias a la educación pública.

“Es quitarle el motor económico al País”, agregó Robles quien destacó que en la reunión también se proyectó una merma en la cantidad de estudiantes matriculados en el sistema universitario.

Actualmente la UPR cuenta con una matrícula aproximada de 62 mil estudiantes y en el borrador del plan fiscal se está proyectando una reducción de hasta nueve mil alumnos; números que, para el líder estudiantil, son muy “conservadores”.

Tabla publicada por el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras. (Captura Facebook)

“ES RENUNCIAR AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD”

Tanto para el economista como para el estudiante, el nuevo recorte –que representa casi el 70% menos del presupuesto que recibe la UPR del gobierno central– convertiría a la UPR en una entidad inoperante.

Anteriormente se había previsto un recorte de $450 millones lo que provocó la decisión del estudiantado a realizar una huelga sistémica que hoy mantiene los portones cerrados de nueve recintos y unidades. Además, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) comenzó hoy un paro de 24 horas en la sede de la Administración Central en repudio a este nuevo número.

“La Universidad no va a operar con un corte de $512 millones”, puntualizó Robles.

A estas palabras se hizo eco Martínez, miembro del equipo de trabajo de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.

“Después de evaluar los presupuestos de los recintos y Administración Central lo que viene es el cierre, de al menos, seis recintos”, vaticinó el economista.

Según la información que ha trascendido, se planea una próxima consolidación entre las unidades de Bayamón y Carolina, así como hubs [centros de actividad] que absorberían aspectos en áreas administrativas, financieras, presupuestarias y de recursos humanos.

Se crearán cuatros hubs en los cuales el Recinto de Río Piedras absorberá a Bayamón y Carolina; el Recinto Universitario de Mayagüez acojería a Aguadilla, Utuado y Arecibo; Cayey manejaría Humacao y Ponce; y el Recinto de Ciencias Médicas se valdría por sí mismo.

Martínez añadió que este nuevo aumento en las partidas monetarias que la UPR dejará de recibir en los próximos diez años, es una evidencia de que la administración actual quiere “renunciar al financiamiento público de la universidad del Estado”, puesto que, al parecer, “no es una prioridad para el presupuesto público”.

Asimismo, destacó que el modelo que ha presentado la administración Rosselló es uno que destinaría a Puerto Rico a ser una isla de vacaciones para los estadounidenses y en el cual “la Universidad sobra”.

EXENCIONES LIMITADAS Y AUMENTO DE MATRÍCULA

Otro de los puntos que se destacó tras la reunión con la presidenta interina de la UPR, fue la limitación a las exenciones de matrícula para el estudiantado y el aumento en la matricula.

Si bien, el aumento en los costos de matrícula fue un número “hipotético” de $130 el crédito, Robles puntualizó que “eso es lo que viene”.

*EJEMPLO* que se presentó sobre un posible breakdown de subsidios a estudiantes que reciben Beca Pell. Esto es un ejemplo. pic.twitter.com/vlAWjOwfr5

— Kevin Robles (@KevinRobles_cs) 19 de abril de 2017

“Esto [de que es hipotético] es un juego de palabras porque la presidenta dice que no es oficial porque la Junta de Gobierno no lo ha aceptado”, explicó el líder estudiantil.

Según la presentación de Nivia Fernández lo que subsistirá será un aumento de matrícula general que luego será subsidiado según el ingreso familiar de los estudiantes, basándose en el Expected Family Contribution (EFC) de la beca Pell.

Así también, las exenciones de matrícula se verán limitadas a aquellas que solo se contemplan en la Certificación 50 de la Universidad de Puerto Rico y aquellas leyes que así lo estipulen.

“Va por esa línea, de ponerle topes a las exenciones discrecionales y a los atletas”, explicó el estudiante de la UPR en Bayamón.

Además, el nuevo plan incita a los recintos y unidades a evaluar los 77 programas –un 26%– que cayeron dentro de la categoría de ineficiencia, para establecer cuáles iban a fortalecer, cuáles iban a poner en moratoria y cuáles iban a cerrar.

Asimismo, tanto el economista como el líder estudiantil, cuestionaron la posición de la presidenta interina de la UPR puesto que a pesar de sostener que la Universidad no aguanta un recorte de esa magnitud, continúa haciendo los esfuerzos para que se materialice.

“El asunto aquí es que nadie está explicando por qué hay que recortar a un nivel tan elevado al presupuesto de la Universidad cuando a las demás agencias se les está pidiendo recortes de menos del 10% del presupuesto”, dijo Martínez.

“¿Para dónde van esos $512 millones de mis contribuciones? ¿A pagar una deuda que no ha sido auditada y pagarles a bonistas que la mayoría viven fuera de Puerto Rico?”, cuestionó el economista.

Por su parte el líder estudiantil resaltó, que siempre han solicitado “que todo lo que se trabaje [en el Plan Fiscal de la UPR] sea público para que sea un insumo de la comunidad universitaria”.

Además, emplazaron al gobernador de Puerto Rico para que explique por qué el recorte –ahora– de $512 millones.

En horas de la mañana, Diálogo reseñó el paro que realiza la Heend y su repudio al nuevo recorte.

“Que sepa Nivia Fernández Hernández, el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal, que no lo vamos a permitir, no van a destruir nuestra Universidad. Que se preparen porque la comunidad universitaria dará el frente hasta hacerlos desistir de este absurdo”, declaró el presidente de la Heend, José J. Torres Rosario, en un parte de prensa.

En el día de hoy se reunirá el Comité de Finanzas de la Junta de Gobierno de la UPR donde se prevé -se discutirá este asunto. La UPR debe entregar su Plan Fiscal a la Junta de Control Fiscal el próximo 30 de abril.

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Original del publicado en Diálogo. 

Resurrección del ELA: ¿muerte a la estadidad o permanencia del estatus colonial?

Dialogamos con analistas estadolibristas, soberanistas, independentistas y estadistas para que nos contaran qué piensan sobre la inclusión del Estado Libre Asociado (ELA)/territorio en la consulta de plebiscito a celebrarse el próximo 11 de junio.

Cuando ya muchos vaticinaban la muerte y aniquilación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia federal envió una carta al Gobierno de Puerto Rico para que se incluyera la opción “territorial” en la consulta de estatus a celebrarse el próximo 11 de junio y así la administración de Ricardo Rosselló acató la orden.

Para varios entrevistados por Diálogo, esta decisión no es más que una perpetuación del estatus colonial actual y una posible muerte de la aspiración de ser un estado de la nación norteamericana, que actualmente se encuentra priorizando esfuerzos económicos, sociales y políticos, para el conflicto bélico con Siria, Rusia y Corea del Norte.

“Esa carta de Justicia es la forma más elocuente, de parte de las autoridades norteamericanas, de cerrarle el paso a la estadidad. Lo que hacen es metiéndole un muro de contención a la estadidad”, dijo el excandidato por el Movimiento Unión Soberanista, Arturo Hernández.

Para el licenciado, Estados Unidos lo que está es diluyendo el proceso plebiscitario y “arrinconando a los estadistas” para que incluyan el “territorio” como una opción.

“No sé si Rosselló y el liderato estadista entiende la ‘N’ y la ‘O’ de no a la estadidad”, cuestionó Hernández, quien afirmó que los partidos de centro y de derecha se han quedado atrás en su lucha por la descolonización.

Además, destacó que la estadidad tampoco cumple con los requisitos de descolonización sino que –a su entender– es la culminación del coloniaje cuando se logra la absorción por parte de la metrópolis.

A su juicio, sería “inútil” que se realizara la consulta plebiscitaria y apunta mejor a una Asamblea Constitucional de Estatus donde expertos de todas las ideologías se reúnan –sin presiones– para llevarle al Congreso las fórmulas que quiere el País. Para que se realice la Asamblea, Hernández entiende que tiene que existir una “fuerza de unidad de todas las voces” de Puerto Rico.

“NO HEMOS AVANZADO NADA EN LA HISTORIA”

Sin embargo, para el abogado estadolibrista, Ferdinand Mercado, la medida del Departamento de Justicia les da oportunidad a los puertorriqueños de tomar una decisión amplia, incluyendo el modus operandi actual.

Mercado asegura que el 40% de los residentes en Puerto Rico respaldan la fórmula territorial y que ante esa realidad Estados Unidos optó por cambiar el concepto de fórmulas descolonizadoras, lo que a su modo de ver fortalece al autonomismo y al Partido Popular Democrático (PPD).

“No hemos avanzado nada en la historia como país y por 25 o 50 años no habrá cambios”, pronosticó el exsercretario de Estado bajo la gobernación de Sila Calderón.

Según Mercado, la misiva obliga al PPD a tomar conciencia y reformularse a raíz de la determinación del caso del Tribunal Supremo federal Sánchez Valle y la Ley Promesa que considera la soberanía de Puerto Rico como una limitada por la dependencia “económica y social con Estados Unidos”.

Asimismo, puntualizó que incluir el “territorio” debilita a los libreasocianistas al ser considerados por Justicia como “una libre independencia” y a los estadistas “ya que no serán los únicos que garantizarán la ciudadanía americana.

“ESTADOS UNIDOS LO QUE QUIERE ES MANTENER EL ESTATUS QUO”

Ante esta declaración de debilitamiento para los estadistas, el analista y abogado Domingo Emanuelli no coincidió, puesto que presagia que la división de votos entre la independencia, la autonomía y el territorio harán que la estadidad prevalezca en el plebiscito.

Sin embargo, Emanuelli no dudo en calificar la carta enviada por Justicia como “una falta de respeto al pueblo puertorriqueño y todo el que vive en este país independientemente de sus preferencias ideológicas”.

A su entender, Estados Unidos no tiene la “más mínima consideración” de lo que desean los boricuas pues se basa en el 54% que le votó en contra al Estado Libre Asociado en el plebiscito celebrado en 2012.

“Elegir una fórmula territorial como una de las opciones de descolonización, es una falta de respeto al desarrollo político del país. Estados Unidos lo que quiere es mantener el estatus quo”, remató el analista estadista.

Para Emanuelli la decisión de la administración de Ricardo Rosselló de incluir la opción “territorio” en la consulta no es la correcta y llamó a la unión para que –ya sea la independencia, la estadidad o la soberanía– se acaten opciones fuera de la cláusula territorial.

“La decisión de Justicia no es una negación a la estadidad, es la imposición de un estatus colonial. Es un absurdo jurídico y político. Que hace eco en mucha gente que acepta la colonia”, sentenció el licenciado.

“ESTADOS UNIDOS LE HUYE A LA ESTADIDAD COMO EL DIABLO A LA CRUZ”

Con la exhortación de la unión para no acatar cláusulas territoriales en el plebiscito, coincidió el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos.

El líder independentista fue más allá todavía y llamó a un boicot a la consulta, impulsada por Rosselló, de incluirse opciones territoriales como Estado Libre Asociado. Berríos lo llamó “el plebiscito de la indignidad” si se materializan las enmiendas a la ley del plebiscito que ayer se discutiría en el Senado.

“Resulta vergonzoso observar a los dos partidos [PPD y PNP] más grandes del país protagonizar un bochornoso concurso de quién es capaz de mostrar mayor sumisión ante la voluntad colonial del gobierno de Estados Unidos”, dijo ayer el presidente del PIP en conferencia de prensa.

Para Berríos es imperdonable que el PPD le implore a Washington que se incluya la alternativa del “yugo colonial” y que el PNP acate la orden del Departamento de justicia federal.

“Estados Unidos le huye a la estadidad como el diablo a la cruz”, soltó el líder independentista quien destacó que la decisión que se tome en el plebiscito no será vinculante al decreto que desee tomar el Congreso de Estados Unidos.

En un aparte con Diálogo, Berríos comparó esta carta con la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Sánchez Valle y la Ley Promesa y aseguró que es “totalmente cónsono. Es la colonia, más el desastre económico que viene con la colonia”.

“Lo que ellos han dicho es ‘se tienen que quedar con la colonia, se pueden quedar con la colonia’ que es como dijo en Sánchez Valle que es un territorio de Estados Unidos una colonia y la muestra está ahí en Promesa. Eso es lo que le están ofreciendo al pueblo puertorriqueño”, sentenció.

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Original del publicado en Diálogo. 

Cuando la Iglesia y el Estado cruzan la línea que los separa

Conversamos con tres expertos en Derecho para que analizaran ciertos acontecimientos recientes que podrían significar una violación a la separación de Iglesia y Estado.

“No se aprobará alguna relativa al establecimiento de

cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso.

Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado”

– Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico (Sección 3)

Hubo un momento en la historia donde Iglesia y Estado eran lo mismo, o al menos, entidades muy parecidas. Un líder religioso tenía tanto poder como un político. Si usted no pertenecía a la religión dominante, era perseguido, encarcelado y hasta asesinado. Esta fue una de las razones por la que Estados Unidos y Puerto Rico establecieron en sus constituciones una completa separación de ambas instituciones.

Sin embargo, en ocasiones, hemos visto en Puerto Rico cómo esa línea fina que separa a la una del otro es muy difusa. Vemos políticos asistiendo a las iglesias en tiempos eleccionarios; palpamos a líderes religiosos crear listas de servidores públicos de fe por quienes sus feligreses deberían votar… Es más, hemos sido testigos de cómo legisladores toman decisiones basadas en sus creencias religiosas y no por el bien común.

“Las personas, que independientemente profesen una fe y que tiene injerencia en la vida pública, en la política, tienen una responsabilidad y tienen un derecho igual que aquellos que dicen que no profesan ninguna”, soltó Ivette Montes, abogada y presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos.

Sin embargo, el catedrático en teología y abogado, Ediberto López-Rodríguez, cree que la relación entre políticos e iglesias es mera compraventa, en la que el político obtiene los votos y algunos grupos religiosos imponen las condiciones.

“Ese mercado político puede pasar por encima de las garantías institucionales y coquetear con ciertos sectores del cristianismo y es lo que ha pasado. Pisoteamos la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos”, sentenció el teólogo.

Como explicó López-Rodríguez, cuando en 1952 se redactó la Constitución local, los evangélicos querían que la Iglesia Católica no se metiera con ellos, pero ahora “como son muchos los protestantes, quieren que el Estado se meta”.

Según el teólogo, en Puerto Rico asisten a la Iglesia Católica unos 500 mil feligreses, mientras que a las protestantes y demás denominaciones unos 1.5 millones de puertorriqueños. “¿Y los dos millones de puertorriqueños que no pisan una iglesia? A esa gente no le podemos imponer la religión”, aseguró.

“En las sociedades abiertas una de las cosas que tú tienes es que el Estado no le hace cohesión al derecho de libertad de conciencia de la gente. Aquí, se pierde ese derecho, la gente está en riesgo de que el Estado le pueda imponer una línea”, advirtió.

Para la abogada Mariana Nogales, la situación es mucho más fuerte. El poder que tiene un líder religioso, pastor o sacerdote, sobre sus feligreses es tal –asegura Nogales– que la creencia de que es la representación de Dios en la tierra hace que obedezcan sin mucho cuestionamiento.

“Por eso es que cuando se establecen las exenciones contributivas por el Internal Revenue Service (IRS) y el Departamento de Hacienda se establece que esa contribución está ligada a que no haya proselitismo, o sea, que no haya allí ningún tipo de campaña política. Las iglesias no pueden decir voten por ‘x’ o ‘y’ partido, por ‘x’ o ‘y’ candidato y eso lo hacen todo el tiempo”, explicó la licenciada.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre su intención de eliminar el Johnson Amendment, enmienda que se realizó en los años 50 por quien fuera luego el presidente de la nación norteamericana, Lyndon Johnson, para que la exención contributiva de las iglesias estuviera vinculada a que no hicieran campañas políticas.

En Puerto Rico, por ejemplo, según el portal Abre Puerto Rico, el nombre de Wanda Rolón Miranda, aparece en la lista de donantes del Partido Nuevo Progresista. El nombre, que coincide con el de la pastora fundadora de La Primera Iglesia Cristiana La Senda Antigua en Toa Baja (00954), le donó dinero a José “Quiquito” Meléndez Ortiz, Ramón Luis Rivera Cruz y a María Milagros Charbonier Laureano. 

Además, ese mismo nombre –Wanda Rolón Miranda– aparece como contratista en la Oficina del Contralor de Puerto Rico con diez contratos entre 2007 a 2017, todos con el Municipio de Bayamón.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BAÑOS TRANS

Otro ejemplo de los casos recientes que evidencia una violación a la separación de Estado e Iglesia, se encuentra la reciente derogación de las cartas circulares del Departamento de Educación en las cuales se implementaría un currículo con perspectiva de género; el establecimiento de que los estudiantes podrían ir al baño del género con el que se sientan identificado; y el uso del uniforme escolar según su identidad.

El actual gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en su carrera por la gobernación, les prometió a diversos grupos fundamentalistas que de prevalecer en las elecciones derogaría las cartas circulares que esbozamos anteriormente. Y así lo hizo.

Para la licenciada Montes, la Ley 149 del Departamento de Educación y la Ley de Menores son claras. Entienden que la educación que se debe enseñar en las escuelas es sobre asuntos básicos de supervivencia, como: “leer, escribir, sumar y tener de alguna manera esa relación con el entorno social”, detalló.

“Cuando ya tú te pasas y quieres meterte en supuestamente clarificar valores… ese no es el deber del estado”, reaccionó la licenciada ante la educación con perspectiva de género.

Es más, “cuando la Constitución habla que la educación no puede ser sectaria, no se refiere solamente a una religión, el término sectario se refiere a una idea, a una ideología, que quieren introducirse o cambiar unas cosas”, explicó Montes.

La educación con perspectiva de género es una de las estrategias mundiales para fomentar la igualdad entre los sexos, según la Organización de la Naciones y quienes definieron el concepto desde 1997.

Con Montes no coincide la directora del Comité Legal de Humanistas Seculares, la abogada Mariana Nogales, pues para ella la perspectiva de género es crucial para la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres.

“Precisamente en la escuela, ser otro, la otredad, es el problema… el musulmán es otro, entonces está sujeto a violencia en la escuela, que es lo mismo que pasa con la comunidad LGBTT que si se está viendo como un otro está sujeto a violencia. Entonces, no se crea un ambiente de respeto y tolerancia”, detalló la abogada secular.

Asimismo, explicó que a diferencia de la Policía –donde tiene que haber cabida para todas las religiones– en las escuelas debería reinar la neutralidad según los criterios federales. “Neutralidad quiere decir que no puede haber nada”, puntualizó mientras recordó como “inconstitucional” los cinco minutos de oración que instaló la administración de Luis Fortuño.

“Para un ambiente de respeto y de dignidad humana de todas las personas en sus creencias, no debe haber ese tipo de participación religiosa en la escuela porque el que no participa es un otro”, detalló Nogales.

En cuanto a Carta Circular que permitía a los estudiantes utilizar los baños que fueran acorde al género con el que se identificaban, la excandidata a comisionada residente por el Partido del Pueblo Trabajador aseguró “que eso no va para ningún lado”.

“Eso es federal. Si la escuela recibe fondos federales, tiene que implementar la normativa”, destacó Nogales y advirtió que la política del tercer baño para los estudiantes trans “está también en incumplimiento de la normativa”.

Según la abogada, cualquier persona que se sienta desprotegido ante esta situación puede poner una querella en el Departamento de Educación federal y decir que la escuela no está cumpliendo con la normativa. Esto expone a la escuela a que no reciba más fondos federales.

“Para algunos parece trivial, pero para las personas afectadas es vital. Entrar a un baño donde puede estar sujeto a la burla, al maltrato, incluso de agresiones de tipo sexual… ese tipo de cosas se pueden dar si no se cumplen con esta normativa”, expuso Nogales.

MATRIMONIO IGUALITARIO EN PUERTO RICO

Si bien, por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido, defensores de los derechos civiles apuntan a que esto no es suficiente, que se debería incluir en el Código Civil de Puerto Rico.

Esta enmienda al Código, que lleva un trabajo de más de 20 años y que explicamos que por presiones religiosas no se ha podido lograr, este cuatrienio está a cargo de la representante del Partido Nuevo Progresista, María Milagros Charbonier.

Charbonier expresó que no lo incluiría en el Código Civil de Puerto Rico porque ya está contemplado como una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“En Puerto Rico, las iglesias quieren que —alrededor de todos estos issues de la sexualidad— el Estado establezca religión y el Estado no puede hacer eso porque nosotros establecimos un Estado laico, punto. La sexualidad de la gente es un derecho de intimidad y el Estado no se puede meter. La iglesia puede decir lo que le dé la gana, pero al interior de la iglesia no en la sociedad”, dijo el teólogo López-Rodríguez.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo el 26 de junio de 2015 en el caso Obergefell v. Hodges. En su explicación, reconoce la dignidad del ser humano y dispone que el matrimonio es un derecho fundamental.

Para el abogado López-Rodríguez, la comunidad LGBTT está protegida automáticamente por las leyes de Puerto Rico, pues dice que no se puede firmar una ley para homosexuales y otra para heterosexuales. La Constitución expone una clara igualdad de protección ante la ley.

“Los evangélicos han ido a todas esas marchas porque quieren que el Estado no case homosexuales, pero imagínate tú que en Puerto Rico en vez de los evangélicos ser muchos fuera la secta de Satanás y que lo satánicos quisieran que el Estado impusiera rituales de matar niños y esas cosas. Para el cara…, el estado no puede servirle a ninguna religión”, manifestó el catedrático del Seminario Evangélico de Puerto Rico.

“A las iglesias le preocupa tanto el sexo, debería preocuparles más qué va a pasar con la vivienda, qué va a pasar con el plan de pensiones, qué va a pasar con el Seguro Social, qué va a pasar con el plan médico, esos son derechos fundamentales que no tienen que ver con sexo”, increpó.

“UN GRUPO DE UNA FILOSOFÍA IDEOLÓGICA QUIERE CALLAR A OTRA”

Ante toda esta situación, la licenciada Montes aseguró que lo que ve es discrimen contra las personas que tienen una profunda convicción de fe cristiana. “Tú puedes quejarte, pero si te estás quejando porque una persona no puede tomar parte del asunto público por su convicción de fe, ahí tenemos un problema”, señaló.

“Estamos hablando que un grupo de una filosofía ideológica quiere callar a otra y por eso lo que veo es escepticismo de que personas de fe ostenten posiciones públicas, opinen en el debate público y de alguna manera afecten las decisiones que eventualmente le van a afectar a ellos”, sentenció Montes.

Sin embargo, López-Rodríguez no coincidió. “La presión de la religión es negativa porque cada vez que el Estado se allana frente a la Iglesia, amenaza los derechos libertarios de todos los demás”, apuntó.

Por su parte, Nogales resaltó que las voces no se acallan siempre y cuando sean para reclamar sus propios derechos y no para quitárselos a los demás.

Por ejemplo, los reclamos que han hecho los Testigos de Jehová en el Tribunal Federal para poder entrar a las urbanizaciones cerradas a predicar. “Están reclamando poder llevar su mensaje religioso a las comunidades, siendo las calles públicas. No están entrometiéndose en quitar la carta de perspectiva de género del sistema de instrucción pública, sino que ellos están reclamando unos derechos que a mi entender son justos”.

“La separación va de los dos lados, el Estado no se puede meter en la Iglesia y la Iglesia no se puede meter en el Estado. El Estado no puede decir ‘la Biblia es un libro violento, edítamelo, quita eso de que va a matar al hijo’, y el gobierno no puede auditarle las cuentas ni el funcionamiento financiero de las iglesias”, remató Nogales.

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Original del publicado en Diálogo.

La nebulosa línea entre la Iglesia y el Estado

Conversamos con tres expertos en derecho para que analizaran ciertos acontecimientos recientes que podrían significar una violación a la separación de Iglesia y Estado. 

“… puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso,

ordenamos y establecemos esta Constitución

para el Estado Libre Asociado…”

– Preámbulo de la Constitución de Puerto Rico

Hay una línea que separa la una del otro. Sin embargo, a veces se juntan, se tocan. Tanto la Iglesia como el Estado, en los últimos meses, se les ha visto más unidos que nunca.

Casualmente, hace unos días culminó el periodo de 40 días de ayuno y oración que decretó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez. Utilizando su poder legislativo, Méndez implementó un tiempo de plegaria y abstención en los 40 distritos representativos.

Para muchos, esto reflejó un acto de constricción. Para otros, una violación crasa a la separación entre Iglesia y Estado. Pero, en Puerto Rico, ¿hasta dónde tambalea esa fina línea entre ambos si la misma Constitución del Estado Libre Asociado establece una completa separación, pero comienza invocando a un Dios Todopoderoso?

“Nadie puede decir, [que hay] total separación de Iglesia y Estado, eso es una contradicción y una paradoja”, soltó Ivette Montes, abogada y presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos.

Sin embargo, tanto para el catedrático en teología y licenciado Ediberto López Rodríguez, como para la abogada Mariana Nogales, directora del Comité Legal de la organización Humanistas Seculares, las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos son claras: completa separación entre Iglesia y Estado.

“Esa separación es lo que permite que la gente pueda decidir a qué religión pertenecer o no pertenecer a ninguna”, destacó Nogales.

Según López Rodríguez, en la historia siempre se ha visto que la religión que ocupa el poder lo utiliza para oprimir a sus detractores religiosos. De hecho, en la Biblia, Jesús fue crucificado a manos de un Estado porque la Iglesia dominante de la época lo solicitó.

Por esta misma relación, llegaron los cuáqueros a Estados Unidos, huyendo de la unión entre la Iglesia y el Estado que los perseguía, arrestaba y mataba por sus creencias.

“Los padres de la constituyente [estadounidense] dijeron ‘no, espérate una cosa: que cada cual tenga la religión que quiera, pero el Estado no se va a meter en esto’. Porque donde quiera que el Estado y la religión se mezclan viene la tiranía, viene la persecución”, detalló el catedrático en teología.

Asimismo, del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en Puerto Rico se detallan todas las iglesias protestantes que fueron “urgiendo completa libertad religiosa y separación de la Iglesia y el Estado”.

Durante 32 sesiones de la Convención Constituyente se presentaron más de 20 iglesias –adventistas, bautistas, evangélicos, metodistas y pentecostales–, para pedir la separación, pues la Iglesia Católica era la fuerza dominadora.

“Cuando se comienza a discutir lo que va a ser la primera Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenemos que ver en ese momento histórico qué ocurría: la Iglesia Católica controlaba y controló por mucho tiempo ­— incluso, eso fue cambiando luego de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico— las áreas de Salud y Educación”, contó Nogales.

Para la licenciada, “la falta de conocimiento a veces hace que algunas personas que se llaman religiosos, sobre todo aquellos religiosos que tienen intereses políticos, llamen a la anulación de la separación de Iglesia y Estado cuando realmente lo que hacen es dispararse en el pie”.

“La separación de Iglesia y Estado es lo que, precisamente, protege la libertad religiosa y la libertad de pensamiento, no hay una sin otra”, añadió.

“Yo creo que el derecho constitucional tal y como lo tenemos ahora protege todas nuestras iglesias, significa que el Estado no puede hacerles ni bien ni mal. El Estado y la Iglesia separaditas. Nosotros tenemos derecho a nuestros valores éticos y nuestra forma de vivir, al interior de las iglesias. Lo que no podemos es por fíat legislativo imponerle nuestros valores al resto de la sociedad”, aseveró López Rodríguez.

Participando del cierre de los 40 días de Ayuno y Oración de la @CamaraConPR pic.twitter.com/3K8URogujV

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) 9 de abril de 2017

Oficinas de Base de Fe

Otra decisión que levantó bandera sobre este asunto fue la reapertura, en enero, por parte del Senado, de la Oficina de Base de Fe en la Legislatura, dirigida por el pastor Ricky Rosado, quien tiene un programa radial en WKAQ 580 titulado ‘Sin separación de Iglesia y Estado’.

La Oficina de Base de Fe estuvo cerrada por la pasada administración. Esta dependencia fue creada federalmente en 2005 por el expresidente George Bush y posteriormente el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá la instauró en La Fortaleza. Pero fue la administración de Fortuño la que, a través de la Ley 246 de 2012, estableció la entidad en los municipios.

“La idea de esa oficina es que organizaciones que hacen trabajo social como cuido de personas sin techo, albergue para mujeres, orfanato de niños, pueden hacer propuestas federales para recibir fondos y así puedan administrar ese servicio esencial, esa es la idea principal. Pero, ¿qué ocurre? Se utilizan estos organismos, al menos en Puerto Rico, sobre todo a nivel municipal, para lo que nosotros entendemos e interpretamos es establecer el cristianismo como religión oficial”, manifestó Nogales.

Luego de instaurarse esta oficina, varios municipios comenzaron a realizar jornadas de ayuno y oración.

“A través de esta oficina se organizan estos decretos de fe y ayuno y se utilizan fondos públicos para esa actividad y esa es la parte que nosotros entendemos es inconstitucional porque estaría violando la cláusula de establecimiento, tanto federal como estatal”, aseguró.

“Nosotros pudimos constatar unas inconsistencias terribles. Por ejemplo, el Municipio de Mayagüez certificó que no llevaba récord alguno sobre el ayuno, ni cómo se había hecho, con qué dinero, ni qué empleados iban, nada, no llevaban récord alguno, lo cual levanta bandera roja porque, ¿cómo es posible que haya una oficina gubernamental que no cumple con eso?”, indicó Nogales, quien resaltó que la guía básica para Oficinas de Base de Fe requiere que se haga un plan estratégico.

Según la licenciada secular, las Oficinas de Base de Fe se supone que integren al tercer sector, que suelen ser organizaciones laicas, pero “usualmente no las incluyen, [sin que] se mantienen en esa cuestión de organizaciones religiosas cristianas”.

Asimismo, el Comité Legal de Humanistas Seculares pudo constatar que el Municipio de Manatí pagó por la actividad del final de jornada de ayuno y oración en aquel entonces unos $2,300 a una productora que se llamaba Estruendo del Espíritu.

“La constitución está bien, lo que pasa es que la están violando. Todos esos cultos que hacen todos esos municipios es una violación, es un establecimiento de religión. La constitución dice así, en palabras claritas, que el Estado no puede establecer, auspiciar, propiciar, ni poner dinero”, explicó López Rodríguez.

Ante este reclamo, Montes se amparó en la libertad religiosa, derecho que igualmente está protegido por la Constitución.

“Primero que hay una libertad religiosa y hay una expresión que no puedes limitar, que es un derecho que todo el mundo entiende que se debe respetar. Los verdaderos defensores de los derechos humanos tienen que aceptar que la libertad religiosa y la libertad de la expresión religiosa es una de las libertades más fundamentales que existen”, arremetió.

Asimismo, destacó que el Código Penal cataloga como crimen la persecución religiosa, y culpó a las facultades de derecho por el “discurso anticristiano que vienen cultivando los que adelantan el humanismo secular, específicamente en las universidades y en la academia”.

Sigue sin reformarse el libro de Familia

Otra de las noticias que alertó a quienes abogan por la completa separación de Iglesia y Estado fue el nombramiento de la representante María Milagros Charbonier Laureano para presidir el Comité de lo Jurídico, encargado — entre otras cosas— de evaluar el Código Civil.

Charbonier Laureano se ha expresado en contra de la concesión del derecho de adopción y matrimonio a parejas del mismo sexo. Además, fue la autora del proyecto de la Cámara 640, que busca animar la educación de acuerdo a creencias religiosas por medio de un modelo llamado “Iglesias-Escuelas”.

El Código Civil de Puerto Rico data de 1888 y se reformuló en 1930. De esa fecha en adelante solo se ha enmendado, pero no se ha reformado holísticamente.

“Quien dirige el asunto del Código Civil es María Milagros Charbonier, que ha estado vinculada con el movimiento fundamentalista cristiano en Puerto Rico y que incluso, para mí, es una desconocedora del derecho”, acometió Nogales tras explicar que la representante solicitó un mandamus luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se reconoció el matrimonio homosexual.

Toda ley estatal tiene menos peso jurídico que una ley federal. Igualmente ocurre en los casos de tribunales.

Según el artículo de Carlos Martínez Rivera, Grupos de presión religiosos y su influencia sobre la reforma del Código Civil de Puerto Rico, publicado en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, los trabajos para atemperar el documento legal iniciaron en el 1998 hasta 2009 y fue la “primera vez que el País tenía la oportunidad de redactar su propio Código Civil”.

“Ahí hay un trabajo de 20 años, trabajado por expertos, comisiones del Colegio de Abogadas y Abogados, comisiones con expertos en materia de derecho de familia, derecho de contrato, de todo lo que está contenido en el Código Civil, que trabajaron allí y lo más seguro no van a querer usar”, añadió Nogales.

Según el artículo de Martínez Rivera, la reforma del código no se llegó a completar por la presión de ciertos grupos religiosos que pusieron en jaque las aspiraciones políticas de varios servidores públicos a las elecciones de 2008, entre ellos, Jorge de Castro Font.

El segundo libro, conocido como el de Familia, tiene estipulado — entre tantos otros artículos que levantan euforia por parte de los sectores fundamentalistas— el matrimonio entre hombre y mujer como el establecido por el gobierno. Esta es una de las razones por la cual se ha levantado revuelo cada vez que desean enmendarlo.

“Me parece que no se debe detener la aprobación del Código Civil nuevo, el del libro de Familia específicamente, porque las iglesias más conservadoras quieran establecer su religión. Esas iglesias pueden ir a los foros y hablar y decir todo lo que quieran porque eso es parte de la libertad de expresión y pueden empujar sus ideas, y si la Legislatura piensa que son razonables se pueden escuchar, pero hay que aprobar un nuevo Código a tenor con los tiempos”, recalcó el catedrático en teología López Rodríguez.

Asimismo, López Rodríguez ­—quien lleva unos 25 años como docente del Seminario Evangélico de Puerto Rico— destacó que cuando una pareja se casa obtiene unos 100 derechos, dejando patente “el discrimen contra los que no se han casado”.

Oración en horas de trabajo

Por otro lado, la prohibición de la oración grupal de la Policía de Puerto Rico ha sido otro de los casos boricuas que ha puesto la discusión en boga, esta vez, por parte de los sectores religiosos, quienes exigieron su derecho a la libre expresión religiosa.

“Hay un derecho fundamental a respetar la libertad de conciencia y la libertad religiosa”, expresó Montes. “Lo que veo es que hay un discrimen porque esas personas tienen una profunda convicción de fe cristiana”.

Sin embargo, Nogales trajo a colación el caso del policía Alvin Marrero, quien demandó exitosamente al Gobierno por no querer ser parte de estos círculos de oración.

“El Gobierno de Puerto Rico admitió los hechos y se determinó que la Policía, a través de sus oficiales, no podían en horas laborables realizar actos religiosos”. De esta manera, la superintendente, “está cumpliendo con la Constitución de Puerto Rico, está cumpliendo con la constitución federal, está cumpliendo con la reforma de la Policía y está cumpliendo con la ley de la Policía que en el artículo 35 establece completa separación de Iglesia y Estado”, aseguró Nogales.

La licenciada de Humanistas Seculares aclaró que cuando estamos hablando de la Policía es un ámbito distinto a las escuelas. En la uniformada aplicaría la normativa del caso federal Town of Greece vs. Galloway, que establece que es permitida una invocación en una asamblea comunal. “Eso es permitido siempre y cuando todas las partes, todas las religiones, tengan oportunidad”, aclaró.

Curiosamente, en Estados Unidos han comenzado a dejar de realizar las invocaciones luego que grupos satánicos reclamaran espacios de oración, resaltó Nogales.

“Que hagan su trabajo pastoral y convenzan a la gente”

Pero entonces, ¿a quiénes protegen las leyes y los derechos humanos: a las mayorías o a las minorías?

“El Estado no está para defender ni mayorías ni minorías… el Estado tiene una responsabilidad: velar por el cuidado común”, apuntó Montes.

“Si los recursos estatales tienen que ir dirigidos a proteger a las minorías, aquí tendremos una ley para cada necesidad”, añadió la jurista cristiana.

Sin embargo, los otros dos expertos en derecho volvieron a oponerse a las declaraciones de Montes.

“Los derechos humanos son derechos de las minorías y los derechos en general son derechos que están elaborados para proteger a las minorías, así que por eso hablamos de derechos de las mujeres, derechos de las comunidades LGBT y derechos de las personas que no son cristianos”, apuntó Nogales.

Por su parte, para López Rodríguez los padres de la Constituyente — de Estados Unidos y Puerto Rico— querían proteger al pueblo de la tiranía de la mayoría. “Si fuera por mayoría los esclavos existirían todavía, si fuera por mayoría las mujeres no tendrían derechos”, puntualizó.

“Que prediquen y convenzan. Si convencen a todo el mundo, pues chévere, sería una cuestión de facto, no por el Estado sino privadamente. Las iglesias que hagan su trabajo pastoral y que convenzan a la gente, pero no a través del Estado”, remató el teólogo López Rodríguez.

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Original del publicado en Diálogo. 

Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa

La producción alimentaria de Puerto Rico, que solo ronda por el 20%, está amenazada por la Junta de Control Fiscal que bien pudiera poner estos terrenos a la venta para pagar una deuda que ronda porlos $70 mil millones. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)

Ian Pagán Roig se levanta a las cinco de la mañana para atender la finca Proyecto Agroecológico el Josco Bravo, en las montañas de Toa Alta donde nació y se crio. Con jornadas de trabajo de casi doce horas, los siete días a la semana, el joven agricultor trabaja el suelo borincano, no solo para su sustento, sino como ejemplo de conciencia de que un Puerto Rico sustentable es posible.

Allí –en su terreno de 69 cuerdas– cultiva lechuga, tomate, berenjena, calabacines, habichuelas tiernas, cebollines, rábano, zanahoria, entre otros productos “que mucha gente pensaría que no se pueden producir en Puerto Rico”, dijo y soltó una carcajada. Estos productos son vendidos a consumidores particulares, restaurantes y en el Mercado Agrícola de la Cooperativa Madre Tierra en Hato Rey.

Ian vive de la agricultura, lo supo desde pequeño cuando comenzó a desempeñarse como agricultor. Estudió un bachillerato en Ciencias del Suelo y una maestría especializada en restauración de suelos con métodos de agricultura sustentable en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Siempre estuvo claro que quería una finca para desarrollar su propio proyecto de producción agroecológica, pero el dinero no le alcanzaba. Así que le solicitó un terreno de alquiler a la Autoridad de Tierras, corporación pública encargada de “adquirir, conservar y preservar terrenos de alto valor agrícola, ayudar a la formación de nuevos agricultores y facilitar el aprovechamiento de las tierras para el mayor bien público”, según la ley 26 de 1941.

Hoy, esa finca, que sirve como su único sustento, está amenazada por la Ley Promesa que le brinda poderes de supragobierno a la Junta de Control Fiscal para poder poner en venta toda propiedad del Gobierno de Puerto Rico con el fin de tener liquidez y abonar a la deuda fiscal que asciende a $70 mil millones.

“Estamos bastantes preocupados con esto de la Junta de Control Fiscal y consciente de que posiblemente la venta de terrenos públicos sea una de las movidas [que realicen]”, expresó Ian.

Lamentablemente, “están apostando a las mismas propuestas enfermizas y equivocadas que han traído al país a la crisis. Esa dependencia de las importaciones nos hace demasiado vulnerables como País”, añadió el también educador en temas de soberanía alimentaria, agricultura urbana y agroecología.

Y es que actualmente Puerto Rico, según la exsecretaria de Agricultura, Myrna Comas, se importa el 80% de los alimentos que se consumen. Es decir, en el País solo se produce un 20% de lo que comemos, quedando a expensas de desastres alimenticios si los barcos que traen abastos no pudieran llegar a puertos boricuas.

“Nosotros estamos seguros que estas tierras públicas deberían ser la punta de lanza de la seguridad y soberanía alimentaria de Puerto Rico”, resaltó el joven toabajeño.

La situación en Puerto Rico podría estar mejor, pero según explicó Ian, muchos de los terrenos de la Autoridad de Tierras, de los mejores, como son los del sur de Puerto Rico, han sido entregados a compañías dedicadas a experimentación con transgénicos como lo son Monsanto, que no producen comida.

Sin embargo, “nosotros estamos dispuestos a defender nuestros proyectos a como dé lugar porque entendemos la importancia del trabajo que estamos haciendo para el País. Ahí estaremos dando la batalla cuando haya que darla”, aseguró.

Capitalismo salvaje

Al igual que Ian, se encuentran muchos otros agricultores de Puerto Rico. La Autoridad de Tierras tiene en su poder unas 85 mil cuerdas que han sido arrendadas a puertorriqueños y que en estos momentos se cree están amenazadas pues se prevé que las pondrán en venta para salvaguardar el pago de la deuda y de los bonistas.

De esas 85 mil cuerdas que posee la Autoridad, unas 4,500 se encuentran en la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. El área protegida, ubicada en el sur de Puerto Rico, se extiende desde Yauco hasta Cabo Rojo. En sus suelos se cosecha pimiento, cebolla, plátano, guineo, frutos cítricos, papaya y piña.

La importancia de estas tierras es tan vital, que fue considerada la primera reserva agrícola de Puerto Rico en 1999 durante la administración de Pedro Rosselló. 

La Reserva Agrícola del Valle de Lajas cuenta con 48,035 cuerdas de terreno, distribuidas entre los municipios de Yauco, Guánica, Sábana Grande, Lajas y Cabo Rojo. (Ricardo Alcaraz / Diálogo).

En estas tierras también se cultiva el heno, que según Alfredo Vivoni Remus, portavoz del Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, “aporta grandemente a la primera industria agrícola de Puerto Rico que es la producción de leche”.

Según el Ingreso Bruto de la Agricultura de Puerto Rico, la industria lechera produjo para el año 2015 sobre $200 millones.

“Perder esos terrenos es restarle a los recursos del país para la producción de alimento. Si nosotros perdemos eso, también perdemos parte de nuestro ser, de nuestra identidad”, resaltó Vivoni Remus.

Asimismo, catalogó a la administración de turno como “doblegados” por no estar resistiéndose ante las iniciativas de la Junta de Control Fiscal.

“Esto es una muestra de lo que puede hacer un capitalismo salvaje donde el dinero está por encima de cualquier otra cosa. Es más importante, de acuerdo a estos capitalistas salvajes, cumplir con estos intereses económicos [el pago de la deuda] independientemente si se pierde un país”, remató el defensor ambientalista.

“El país debe ver los terrenos agrícolas como una posibilidad de desarrollo económico, de empleos, de capital y de alimentación para nuestra población. Eso es una manera distinta de abordar la crisis”, añadió.

Un atentado contra la seguridad alimentaria

La exsecretaria de Agricultura, Myrna Comas, destacó el aumento que produjo la agricultura en los últimos cuatro años al ingreso bruto del País, que llegó a un 24%, aportando unos $936 millones a la economía local.

“Vimos un incremento en el mercado de los productos y vimos consumidores requiriendo los productos del País porque reconocieron que garantizaban mayor frescura, eran más nutritivos y que la calidad era superior porque el producto no está expuesto a esos viajes de miles de millas”, detalló Comas.

Por otro lado, la exsecretaria de Agricultura recalcó que “no podemos perder de perspectiva que la tierra es la base de la sustentabilidad alimentaria del país, en la medida en que esos terrenos se protegen y se mantienen para la producción agrícola estamos garantizando una mayor seguridad alimentaria para el pueblo de Puerto Rico”.

Pero en palabras de Comas, lo que se prevé para estos terrenos con la Junta de Control Fiscal, “es un atentado contra la seguridad alimentaria”. Manifestó que “la Junta tiene que entender que Puerto Rico es una isla y que nuestro mayor suplidor es Estados Unidos, pero que estamos a unas 1,500 millas de distancia”. 

Representación de las mayores concentraciones de producción agrícola en Puerto Rico (Departamento de Agricultura)

En Puerto Rico, existen unas 627,000 cuerdas de terrenos agrícolas, de las cuales las pertenecientes a la Autoridad de Tierras (85 mil) están ubicados en las zonas costeras de Puerto Rico y que están calificados como suelos de primera para el desarrollo de agricultura.

“Estamos hablando que de nosotros perder esas tierras agrícolas podríamos estar perdiendo cerca del 25 al 30% de nuestra producción [del 20% que producimos], lo que realmente afecta a la seguridad alimentaria del pueblo de Puerto Rico”, destacó la también catedrática del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Sin embargo, no solo se perdería la autonomía alimentaria, sino que también se perderían miles de empleos si se vendieran los terrenos, añadió.

“Debe guardarse el mayor respeto o deferencia a la seguridad alimentaria del pueblo de Puerto Rico, para que no nos pase como en los visuales que estamos viendo de otros países, la desesperación de la gente por no tener qué comer”, remató.

Comas advirtió que no solo los terrenos de la Autoridad de Tierras están vulnerables a la venta para la generación de capital sino también las estaciones experimentales pertenecientes a la Universidad de Puerto Rico.

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Original del publicado en Diálogo.