La orden ejecutiva establece que todas las agencias deben tener como prioridad contratar a la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación. (Adriana De Jesús Salamán)
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy una orden ejecutiva que establece como política pública promover acuerdos interagenciales con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para atajar la crisis fiscal del gobierno y fortalecer las finanzas del sistema universitario que terminó en el 2015 con déficit.
Con este mandato, Rosselló Nevares cumple su promesa de campaña de buscar vías para allegar mayores recursos económicos al primer centros docente del país. Esta orden reafirma lo que ya se había aprobado por legislación con la Ley para la administración y transformación de los recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico, conocida popularmente como la Ley del Empleador Único.
En la actualidad, “el gobierno de Puerto Rico invierte cientos de millones de dólares en capacitación para los servidores públicos sin que exista una medición efectiva de los resultados de esta inversión. Dichos fondos pueden ser invertidos en la UPR a cambio de servicios de capacitación de calidad para empleados gubernamentales”, reza la Orden Ejecutiva 2017-021.
En diciembre, Diálogo reseñó que la UPR perdió el cuatrenio pasado unos $244.2 millones en contratos con el gobierno en comparación con la administración de Luis Fortuño.
Según Rosselló Nevares, el Estado gasta más de $450 millones en contrataciones externas, y “esto [la Orden Ejecutiva] traerá a la universidad recursos que hoy no tiene y ayudará a mitigar las limitaciones y los retos fiscales de la UPR”.
La UPR cerró sus arcas en 2015 con un déficit de $1,640 millones. Actualmente, la administración universitaria se encuentra en la preparación de un plan fiscal que contemple la reducción de $300 millones que sugirió la Junta de Control Fiscal en enero de este año.
“Así como se expresó en el Plan para Puerto Rico, tenemos un compromiso para establecer alianzas con la universidad que puedan traer fondos a la institución y que nuestro recurso humano y la comunidad en general reciba servicios de calidad”, destacó el primer ejecutivo.
“Esta orden ejecutiva busca una oportunidad de crecimiento para la UPR”, agregó en un parte de prensa el mandatario.
Cabe destacar que los procesos burocráticos que caracterizan a las instituciones gubernamentales –incluyendo a la UPR– le restan agilidad y eficiencia al sistema. Los procesos de contratación pueden llegar a ser tan onerosos que a veces dentro de la misma UPR se ha optado por contratar recursos externos tratando de buscar la agilidad que el sistema universitario no les provee.
La orden ejecutiva establece que todas las agencias de la rama ejecutiva deben tener como prioridad contratar a la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación.
Además, existen otros servicios que la UPR puede prestar y facturar a través de todos sus recintos de acuerdo con sus capacidades operacionales y así recibir compensación por los mismos, aseguró el gobernador.
Sin embargo, Diálogo tiene constancia de que varios institutos de la UPR se han visto en conflicto porque las normativas del sistema universitario no permiten pagarle horas extras a profesores que realizan los servicios de asesoría o investigación.
El primer ejecutivo ordenó que William Villafañe, secretario de la Gobernación y principal oficial de Administración, diseñe –junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto– los parámetros de los acuerdos interagenciales entre la UPR y las agencias del ejecutiva.
“Las decisiones de la pasada administración han tenido el efecto de limitar las asignaciones presupuestarias a la UPR en aras de mantener la operación gubernamental, por lo que se hace necesario encontrar nuevas alternativas para allegar mayores recursos a la institución de educación secundaria más importante de nuestra isla y de la región”, detalla la orden ejecutiva.
Con este mandato, Rosselló Nevares cumple su promesa de campaña de buscar vías para allegar mayores recursos económicos al primer centros docente del país. Esta orden reafirma lo que ya se había aprobado por legislación con la Ley para la administración y transformación de los recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico, conocida popularmente como la Ley del Empleador Único.
En la actualidad, “el gobierno de Puerto Rico invierte cientos de millones de dólares en capacitación para los servidores públicos sin que exista una medición efectiva de los resultados de esta inversión. Dichos fondos pueden ser invertidos en la UPR a cambio de servicios de capacitación de calidad para empleados gubernamentales”, reza la Orden Ejecutiva 2017-021.
En diciembre, Diálogo reseñó que la UPR perdió el cuatrenio pasado unos $244.2 millones en contratos con el gobierno en comparación con la administración de Luis Fortuño.
Según Rosselló Nevares, el Estado gasta más de $450 millones en contrataciones externas, y “esto [la Orden Ejecutiva] traerá a la universidad recursos que hoy no tiene y ayudará a mitigar las limitaciones y los retos fiscales de la UPR”.
La UPR cerró sus arcas en 2015 con un déficit de $1,640 millones. Actualmente, la administración universitaria se encuentra en la preparación de un plan fiscal que contemple la reducción de $300 millones que sugirió la Junta de Control Fiscal en enero de este año.
“Así como se expresó en el Plan para Puerto Rico, tenemos un compromiso para establecer alianzas con la universidad que puedan traer fondos a la institución y que nuestro recurso humano y la comunidad en general reciba servicios de calidad”, destacó el primer ejecutivo.
“Esta orden ejecutiva busca una oportunidad de crecimiento para la UPR”, agregó en un parte de prensa el mandatario.
Cabe destacar que los procesos burocráticos que caracterizan a las instituciones gubernamentales –incluyendo a la UPR– le restan agilidad y eficiencia al sistema. Los procesos de contratación pueden llegar a ser tan onerosos que a veces dentro de la misma UPR se ha optado por contratar recursos externos tratando de buscar la agilidad que el sistema universitario no les provee.
La orden ejecutiva establece que todas las agencias de la rama ejecutiva deben tener como prioridad contratar a la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación.
Además, existen otros servicios que la UPR puede prestar y facturar a través de todos sus recintos de acuerdo con sus capacidades operacionales y así recibir compensación por los mismos, aseguró el gobernador.
Sin embargo, Diálogo tiene constancia de que varios institutos de la UPR se han visto en conflicto porque las normativas del sistema universitario no permiten pagarle horas extras a profesores que realizan los servicios de asesoría o investigación.
El primer ejecutivo ordenó que William Villafañe, secretario de la Gobernación y principal oficial de Administración, diseñe –junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto– los parámetros de los acuerdos interagenciales entre la UPR y las agencias del ejecutiva.
“Las decisiones de la pasada administración han tenido el efecto de limitar las asignaciones presupuestarias a la UPR en aras de mantener la operación gubernamental, por lo que se hace necesario encontrar nuevas alternativas para allegar mayores recursos a la institución de educación secundaria más importante de nuestra isla y de la región”, detalla la orden ejecutiva.
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Original del publicado en Diálogo.
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