Desde hace más de 300 años la discusión sobre la independencia de Cataluña viene en boga, en ocasiones, más fuertes que otras. Cataluña quiere ser independiente. Al menos, así lo plantean los líderes independentistas.
El Parlamento de Cataluña (Parlament de Caralunya en catalán) aprobó, ayer, por 72 votos frente a 63 la resolución para sentar las bases del plan secesionista que desembocarían en la consulta por la independencia de España en el 2017. En el manifiesto se promovió desobedecer a las instituciones españolas -incluido el Tribunal Constitucional- e incitaron a la Generalitat a cumplir solo las leyes emitidas por la Cámara autonómica.
Ante este desafío, el gobierno de Mariano Rajoy (presidente de España) ha activado las herramientas jurídicas de las que dispone el gobierno central para frenar cuanto antes el plan secesionista y restablecer el orden institucional.
El Consejo de Estado ha concluido que existen fundamentos jurídicos para invalidar los efectos de la declaración separatista y dar un contundente mensaje a los precursores del plan de independencia de Cataluña: Junts pel sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP), quienes obtuvieron en las eleciones de septiembre la mayoría en el Parlamento, pero solo el 48% de los votos. Las consecuencias pueden ir desde multas hasta la inhabilitación política.
Según Rajoy y el Consejo de Estado, la resolución para sentar las bases de la secesión va en contra de la soberanía nacional que “reside en el pueblo español” como indica la Constitución.
Hay que mencionar que el pasado 5 de noviembre el Tribunal Constitucional rechazó la petición del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos de frenar el trámite de ayer. “Este tribunal ha destacado, como uno de los fundamentos del sistema democrático, que el Parlamento es la sede natural del debate político y que el eventual resultado del debate parlamentario es en cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”, se lee en la providencia dictada.
Sin embargo, es de esperarse que la resolución sea suspendida, de forma provisional, por el Tribunal Constitucional en un acto automático luego de que el Gobierno tramite el recurso, pero -lo más probable- ni el gobierno catalán de Artur Mas, ni el Parlamento de Cataluña acatarán dicha suspensión, pues el texto aprobado en la Cámara catalana sostiene que ya no se sienten subordinados al Tribunal Constitucional. De esta manera, las instituciones catalanas entrarán en una escenario de desobediencia que el propio gobierno español y el Tribunal Constitucional tendrán que gestionar.
Además de desobedecer y declararse desligados al Constitucional, la resolución dictaminó que dentro de un mes los diputados independentistas comenzarán a desarrollar las leyes de: el proceso constituyente, la de la hacienda catalana y la de la seguridad social.
Si no remontamos a la historia del pueblo catalán, el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys proclamó el Estado de la República Federal Española desde el balcón de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume. El intento duró unas diez horas. Fueron 74 los muertos y 252 los heridos en el, breve pero cruel, enfrentamiento con las tropas del Gobierno de la República Española. Fueron detenidos millares de personas incluyendo al presidente de aquél nuevo estado, el alcalde de Barcelona y un sin número de funcionarios, diputados, cargos públicos y dirigentes políticos. En aquella época la idea era la misma: la independencia de Cataluña. Ahora, la batalla no es con armas bélicas, sino, una batalla entre manifiestos y recursos jurídicos.
Cataluña hasta el momento no cuenta con ningún apoyo público de otro país. Si llegara alcanzar la independencia, quedarían automáticamente fuera de la Unión Europea y tendrían que pedir la adhesión a esta “asociación económica y política”, según su portal web. Para solicitar la adhesión, Cataluña debe cumplir con los “criterios de Copenhague” que establecen que el solicitante debe tener un gobierno democrático, reconocer derechos y libertades a sus ciudadanos, y poseer libre mercado.
Rajoy se reunirá, hoy, con el líder de la oposición de izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Palacio de La Moncloa para intercambiar puntos de vista sobre la actuación que debe llevar a cabo el gobierno.
El último recurso que desea usar el gobierno español es el artículo 155 de la Constitución de España que declara: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
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Original del publicado en Diálogo.
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