En Puerto Rico estamos atravesando una crisis económica, de eso no hay duda. El Gobierno, en 2006, implantó un Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) de un 7 % que supondría un superávit en las finanzas de la Isla para el 2011. Eso nunca sucedió, el Gobierno siguió en déficit. Se propuso una Reforma Contributiva que fue derogada en el Legislativo. Semanas después aparecía una nueva ley que aumentaba el IVU a una 11.5% y que implementaría un Impuesto de Valor Añadido (IVA).
“Un sistema tributario es para el mejoramiento de la calidad del individuo y se supone que el consumidor o el ciudadano reciba algo a cambio”, dijo José González Freyre, presidente de Pan American Grain MFG., Inc.
“Ninguno de nosotros, ciudadanos de Puerto Rico, debemos pagar una contribución que no tenga un impacto a mejorar nuestra calidad de vida”, sentenció González presidente de la empresa que distribuye productos como Arroz Rico, Café Mami y Gasolina.
¿Qué reciben los puertorriqueños a cambio de los impuestos que paga? Con esta pregunta retórica, González Freyre añadió que el Gobierno está “robándole a ustedes para pagarle a otro, para sacar el dinero del País. Te van a robar a ti para pagarle a Wall Street”.
Mientras hacía un recuento histórico, Freyre mencionó que el Gobierno ha creado todo un sistema para empobrecer a los puertorriqueños, han dicho “vamos a hacer de la pobreza una industria porque queremos transferencias federales”.
Estas declaraciones se dieron en el marco del panel “IVU vs IVA: Segunda fase”, organizado por el Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) en colaboración con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Tuvo como sede el auditorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPR-RP) y participaron varios expertos en el tema: Edwin Prado Galarza, catedrático asociado del Departamento de Contabilidad de la UPR-RP; Mark Anthony Bimbela Quiñones, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Antonio Bauzá Torres y Alexis Hernández, fundador y asociado (respectivamente) del bufete Morell, Bauzá, Cartagena & Dapena, LLC; José González Freyre, presidente de Pan American Grain MFG.,Inc.; y Argeo T. Quiñones Pérez, catedrático del Departamento de Economía de la UPR-RP.
Mark Anthony Bimbela Quiñones, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, aclaró que la Ley 72 del 29 de mayo de 2015 y que impuso el aumento del IVU y la implementación del IVA en el mes de abril del próximo año, no siguió los trámites establecidos en nuestra Constitución. Además, esta ley no es inteligible para un ciudadano común lo que la hace inconstitucional.
De igual forma que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico logró exentar su profesión del impuesto del IVA en el Tribunal Supremo al declarar que la Ley 72 imponía una violación de poderes, pues los abogados -siendo del Judicial- iban a tener que reportarse al Departamento de Hacienda -que le pertenece al Ejecutivo-, Bimbela aseguró que la ley en su totalidad afecta los derechos de los ciudadanos.
El pueblo no puede seguir cargando sobre sus hombros las deficiencias administrativas de todos los gobernadores que ha tenido la Isla. “El pueblo tiene la responsabilidad de enfrentarse al Estado, de recordarle que el Estado tiene que funcionar en beneficio del pueblo. A veces estamos dormidos”, exhortó.
¿Cómo llegamos al IVU y al IVA?
La base contributiva principal de Puerto Rico había sido la contribución sobre ingresos, Hacienda y Aníbal Acevedo Vilá, invirtieron el modelo colocando el consumo como la mayor parte de la base contributiva. Así, implantaron el IVU, pues según ellos, era más eficaz fiscalizar a los 400 mil comerciantes en la Isla que a los más de un millón de personas que rinden planillas.
Edwin Prado, catedrático asociado del Departamento de Contabilidad de la UPR-RP, mencionó que en los últimos 13 años Puerto Rico ha acumulado un déficit de 21,831 millones de dólares sin contar las deudas vencidas. Año tras año solo se han destinado entre un uno y un ocho por ciento al pago de la deuda. “Es como si de su tarjeta de crédito usted pagara un por ciento del balance anualmente”.
“El IVU fue un rotundo fracaso”, sentenció el catedrático. El Gobierno, cada año, solo logra captar entre el 40 y el 60 por ciento de las contribuciones de los comerciantes.
Ahora se implementará el IVA, que busca de manera sistemática registrar estas contribuciones. Los 400 mil comerciantes tendrán que llenar unas planillas mensuales de forma cibernética en el portal de Hacienda, explicó con ironía el catedrático.
“Es un acto regresivo”, expresó Antonio Bauzá, fundador del bufete Morell, Bauzá, Cartagena & Dapena, LLC.
Es equitativo para todos, así el que tiene más dinero no le afectará, pero el que no posee el capital necesario tendrá que dejar de pagar su carro para poder comprar el pan, sostuvo Bauzá. Además aseguró que “el sistema está radicado en mucho papeleo” prestándose para mucha evasión contributiva.
De igual forma piensa Alexis Hérnandez, abogado asociado al bufete de Bauzá. Para él el IVA es un impuesto regresivo al consumo de Puerto Rico aunque debería permitir la captación a lo largo de la cadena de los productos porque se busca la transparencia en cada impuesto que se le añade a los artículos para darle valor.
Una economía perforada
En el turno del profesor del Departamento de Economía de la UPR-RP, Argeo Quiñones Pérez, insistió en que la deuda pública vine desde el gobernador Luis A. Ferré en la cual creció un 90 por ciento y no desde Hernández Colón como se insiste en los medios de la Isla. A finales de los 60, hasta el día de hoy, se ha favorecido el apoyo a las grandes empresas reduciéndole impuesto contributivos y brindándole beneficios que han desencadenado en una crisis fiscal.
“Aquí en Puerto Rico lo que tenemos es un gran centro de transferencia de ganancias a través de los precios de transferencia […] vamos a cortarle todo a esa transferencia y no pagar”, explicó Quiñones. Añadió que las grandes empresas en Puerto Rico declaran cada año punto de empate para así minimizar el pago de contribuciones a escala global.
“Que se le cobre a quien se le tiene que cobrar”, sentenció el catedrático de Economía. Ya que el Departamento de Haciendo perdió, el año pasado, cerca de 400 millones por 21 empresas que no quisieron radicar planillas.
“El despilfarro de fondos públicos y los esquemas Ponzi, si bien representan una pérdida para la gente que paga contribuciones, representa una ganancia excesiva para todos los que están posicionados al rededor del Estado y beneficiarse de la irracionalidad del gasto público y la política contributiva en Puerto Rico”, remató Quiñones.
Puerto Rico tiene un desequilibrio entre lo que recauda y lo que gasta, esto lo ha llevado al déficit actual que atravesamos. “Tenemos que salirnos del vicio del préstamos”, añadió José González Freyre respecto al tema.
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Original del publicado en Diálogo.
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