Miembros de la Junta Universitaria del sistema catalogaron la reunión como “fructífera”, mientras le reiteraron a Carrión la desigualdad social que generaría el recorte de $512 millones al presupuesto de la Institución.
Mario Medina Cabán, rector de la unidad de Cayey, explicó que una vez se identifican servicios esenciales, la jueza federal que lleva el caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, tendría que asegurar el dinero necesario para que las instituciones puedan continuar operando.
En la reunión, solicitada por el organismo universitario, se le presentaron a Carrión III los esfuerzos que realiza la institución para delinear un plan fiscal que pueda ser sustentable para la UPR.
“Estamos conscientes que la universidad tiene que aportar también. Nosotros estamos partiendo del punto de vista de que en el plan fiscal, si se va a reducir, va a ser a base de entradas nuevas de dinero más medidas de eficiencia. Estamos claros, la universidad está dispuesta a aportar –y hemos estado aportando– pero hay que reconocer cuán necesario es para la economía de cada uno de los recintos”, dijo Medina Cabán.
Asimismo, le solicitaron al presidente del ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos mirar críticamente la reducción de subsidios y reexaminar los incentivos a las industrias privadas por entender que no hay evidencia de la efectividad de las aportaciones.
El Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR) –elaborado por expertos en economía, en su mayoría, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM)– se encuentra ante la consideración de varias unidades del sistema.
La reunión, celebrada en una oficina privada del edificio MCS en la Milla de Oro en Hato Rey, estaba pautada con la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko. Sin embargo, la funcionaria no estuvo presente en la reunión.
Cuando la universidad tenga el plan fiscal final, es decir, certificado por su Junta de Gobierno –que ya tiene cuórum para tomar decisiones–, Carrión III se volverá a reunir con el organismo.
“Les reiteré la importancia de que la administración universitaria someta cuanto antes un plan fiscal para la UPR que esté enmarcado dentro de y sea consistente con el plan fiscal certificado del gobierno”, comunicó Carrión III en declaraciones escritas.
El presidente del organismo federal también se expresó “complacido” con el resultado de la reunión, la que catalogó como “un diálogo abierto y constructivo acerca del futuro” de la UPR.
La JCF “pondrá todos los recursos que tiene disponibles para evaluar justa y responsablemente el plan fiscal que entregue la universidad con el fin de propiciar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de esta institución que tanto aporta a nuestra isla”, indicó.
Los recortes acarrearían la desigualdad social
Durante la reunión, Carrión III reiteró su visión de asemejar la UPR al modelo económico que utilizan las universidades de Estados Unidos. No obstante, no quiso abundar sobre las implicaciones que tendría esa transición.
Alan Rodríguez, estudiante de la UPR en Carolina, detalló que en el caso de Estados Unidos –como Carrión III prevé implantar– la Beca Pell se le depositará a la institución como fondo monetario externo y el dinero no se le entregará al estudiantado.
Aunque el recorte, según el plan fiscal certificado del gobierno central, será de $512 millones para el 2026, “la UPR podrá presentar dentro de este nuevo plan fiscal cómo generar ingresos”, explicó José Jiménez, estudiante de la unidad de Humacao, quien también participó del evento.
Sin embargo, el recorte al presupuesto sin previo análisis es una acción preocupante para la Junta Universitaria, que entiende que repercutiría en una ampliación del margen de desigualdad social que existe en el país.
“Si no hubiera habido UPR aquí la división social hubiera sido peor. La universidad ha sido responsable de que haya una clase media”, añadió Medina Cabán.
Por su parte, José Encarnación, rector interino de la UPR en Humacao, aseguró que el caso de Puerto Rico es uno particular porque la universidad se concibió como una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de la isla.
“Está demostrado que en los municipios donde hay recintos universitarios la economía se mueve mucho más ágilmente y el tema de la movilidad social es mucho más robusto. En la medida en que nosotros mantengamos una distribución fiscal aceptable, estamos construyendo democracia desde el punto de vista de la justicia social”, añadió.
Por lo tanto, insistió en que es incompatible aplicar modelos de manera directa por el hecho de que haya sido tradición en otros lugares. Según Encarnación, la tradición en Estados Unidos ha sido que el estudiante pague o se endeude en su tramo por la obtención de un diploma universitario.
“El planteamiento nuestro es que el Estado no abandone el proyecto público de la educación porque es parte, y ha sido parte, del histórico contrato social de este país. Si nosotros y nosotras precarizamos el proyecto público, nosotros estamos irremediablemente dándole un golpe a nuestro contrato social y se va ampliar el margen de desigualdad social”, explicó Encarnación.
Defienden la labor de la Junta Universitaria
A pesar de que la portavoz de la Administración Central de la UPR, Gladys Escalona, aseguró que toda decisión que tome la Junta Universitaria no tendrá ninguna validez por carecer de presidente o presidenta que los dirija, el rector de Humacao se mantuvo firme en los trabajos que está realizando el organismo.
“Este cuerpo ha sido diligente en que no se detenga la discusión de la universidad. Desde el punto de vista de la salud democrática de la institución y el planteamiento de gobernanza, corresponde a la Junta Universitaria asumir la responsabilidad pública de mover los trabajos de la UPR”, dijo.
Hasta el sábado, la Junta Universitaria era el cuerpo constituido más representativo de la UPR por contar con la participación de estudiantes, profesores y rectores. Esto ante la situación de inoperatividad en la que se encontraba la Junta de Gobierno por no contar con el cuórum.
Por estar carentes de cuerpos regentes, los directores de las oficinas ubicadas en Administración Central decidieron ser los portavoces de la continuidad de los trabajos en el sistema universitario.
“Nosotros [la Junta Universitaria] entendemos que, dentro de la estructura de la universidad, el orden de prelación en la toma de decisiones, después del presidente, no le corresponde a Administración Central sino a los rectores”, refutó Encarnación.
El pasado 24 de junio, el Senado confirmó los nombramientos del profesor Walter Alomar Jiménez y la abogada Zoraida Buxó Santiago a la Junta de Gobierno de la UPR, quedando así debidamente constituida.
Se espera que en los próximos días el máximo organismo rector se reúna para nombrar a una nuevo presidente o presidenta interina de la institución para que pueda dirigir los trabajos de la Junta Universitaria y, de esta manera, dar paso al plan fiscal y al presupuesto de la UPR.
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Original del publicado en Diálogo.
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