Cambios en medicamentos “van a tener consecuencias mucho más costosas”

jueves, junio 29, 2017
En aras de atajar los altos costos en los medicamentos, ASES eliminó 61 fármacos de la lista de medicamentos. Expertos analizan las implicaciones de esta determinación en los pacientes. (Visual Hunt)


Se estima que en Puerto Rico hay más de 300 mil personas que padecen de algún trastorno de tiroides, y aquellas que traten su condición con el medicamento Synthroid pudieran verse afectados con la nueva Lista de Medicamentos Preferidos de la Administración de Seguros de Salud (ASES) que lo eliminó de la cubierta del Plan de Salud del Gobierno.

En aras de atajar los altos costos en los medicamentos, ASES ideó unos nuevos contratos en el cuales, entre otros asuntos, se eliminaron 61 fármacos de la lista de medicamentos que fueron sustituidos por unos más económicos. Con estos cambios los más perjudicados pudieran ser los pacientes y las farmacias de comunidad.

“El problema principal consiste en la transición en lo que el paciente cambia de su medicamento al nuevo que esté en el formulario. Va a tomar un tiempo y eso va a causar un descontrol que esperamos sea temporero. Pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en pasar ese descontrol y podría tener consecuencias mayores”, explicó Francisco Javier Jiménez, catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En el caso específico del Synthroid, una hormona para tratar la deficiencia hormonal de la tiroides en el cuerpo, podría ser fatal para el estado de salud de los pacientes.

“En lo que esa dosis nueva que el paciente toma se estabiliza va a tardar más o menos tres a cuatro semanas. Sin embargo, aun [con los medicamentos bioequivalentes] puede ser que el paciente no alcance los mismos niveles en la sangre, por eso se recomienda que el paciente use siempre el mismo medicamento para evitar que haya esos cambios de niveles en la sangre”, detalló Jiménez.

Aunque el también director del Programa de Residencias de Farmacias de Comunidad de la Escuela de Farmacia del RCM aseguró que la orden de ASES ha sido que con el Synthroid iba a seguir la cubierta siempre y cuando el médico lo especificara en la receta, en la práctica parece no estar operando de esa manera.

“Se nos habla del Synthroid que se lo iban a aprobar al paciente, el original, siempre y cuando el médico así lo hiciera saber en la receta y no ha sido así. Te puedo decir que todos los Synthroid que nos llegan con la frase de no sustituir, tenemos que enviarlos al plan para que sean autorizados”, contó Idalia Bonilla, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

La directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila –quien no estuvo disponible para una entrevista con Diálogo– ha dicho en los medios que el gobierno no asumiría el riesgo del medicamento, sino las aseguradoras.

Según la nueva cubierta de ASES que entró en vigor el pasado 2 de junio, el 21% de los fármacos retirados están destinados a atender las tres condiciones que causan más muertes en Puerto Rico: corazón, cáncer y diabetes. Situación que no deja de preocupar a los expertos.

“Si tenemos un descontrol en la condición de la hipertensión, definitivamente podríamos tener consecuencias fatales. Si tenemos un descontrol en la presión en un paciente que sea vulnerable, de alto riesgo cardiovascular, puede terminar teniendo un infarto al corazón, un accidente cerebrovascular, una enfermedad de riñón, entre otros”, puntualizó Jiménez.

Igualmente, siete de estos medicamentos, que serán sustituidos por algún otro dentro de la misma categoría, están destinados a atender enfermedades de salud mental.

“Hay que tener mucha precaución porque esas condiciones en los pacientes se pueden descontrolar. Entonces, son condiciones difíciles de tratar, son vulnerables a los cambios. En el caso de los niños que son muchos de los afectados en esos cambios, una vez están estables en la escuela con la dosis que su cuerpo conoce, lo que pasa es que se puede afectar su productividad académica”, alertó el catedrático del RCM.

Asimismo, Jiménez advirtió que la mayoría de los 61 fármacos de la lista de medicamentos de ASES son de uso común, por lo que “muchas personas van a tener problemas en el control de sus condiciones, aunque sea temporero”. Por tanto, exhortó a que las transiciones se realicen lo más ligero y fácil posible porque si se tiene un descontrol en el tratamiento de los pacientes las consecuencias pueden ser mayores.

“Estamos mirando las cosas al momento, a nivel agudo, pero no estamos pensando en las consecuencias a largo plazo. Muchas veces estos descontroles van a tener consecuencias mucho más costosas que los fármacos mismos”, alertó.

Las cinco aseguradoras de salud que administran el Plan de Salud del Gobierno son: MMM, PMC, Molina Healthcare, Triple-S y First Medical.

UNA ODISEA CON LAS FARMACIAS DE COMUNIDAD


Los cambios en los nuevos contratos no solo han levantado bandera sobre el impacto que tendrán en los pacientes, sino que ha cubierto de incertidumbre a las farmacias de comunidad que no saben si podrán subsistir con las nuevas estipulaciones.

“Bajo los nuevos términos ellos excluyeron una serie de descuento en esos contratos que las farmacias no vamos a poder sobrevivir con ellos”, explicó Bonilla quien dijo que las farmacias de comunidad dependen en más de un 80% de los pacientes con el Plan de Salud del Gobierno.

Hasta el momento la presidenta de la Asociación adelantó que tres farmacias ya se han comunicado con ella para decirle que cerrarán sus puertas por los nuevos contratos.

Anteriormente, las farmacias operaban con el costo del medicamento menos un 11%, ahora será menos un 14%. Esto significa que si la farmacia compra un fármaco en $10, ASES le pagará $1.40 menos.

Pero la situación se agrava más. “Si yo estoy acogida a un contrato de un menos 16 y el plan me quita un 14, pues yo tengo un dos por ciento para operar. Con eso tengo que pagar agua, luz, empleado, todas mis utilidades. Hacer una receta hoy día cuesta $20 por todos los gastos operacionales que inciden”, señaló Bonilla.

Además, hay otra lista de medicamentos de alto costo en los cuales los aumentos pueden ir desde un 16% a un 42%, incluso más. Acción que ha levantado la crítica entre las farmacias.

“Aunque muchos son de alto costo, otros son medicamentos comúnmente dispensados por las farmacias en Puerto Rico y no encontramos la razón para que estén en esa lista y tengamos que exponernos a un menos 16%”, reprobó Bonilla.

Entre los ejemplos que brindó la licenciada de los medicamentos de alto costo incluidos se encuentran: Kenalog inyectable, que aseguró lo dispensa todos los días en su farmacia; Keppra, un anticonvulsivo; Levenox, “que puede costar $5”; Boniva, que ronda por los $11; y el Solu-Medrol que según Bonilla cuesta $13.

Incluso, la presidenta de la Asociación comunicó que las recetas de insulina –para atender la condición de diabetes– no se las están aprobando de primera intención a pacientes que nunca las hayan usado, por lo que debe esperar unos tres días en lo que la aseguradora aprueba el medicamento.

“Nosotros no estamos defendiendo lo económico, nosotros estamos tratando de sobrevivir y de que el paciente no sufra las consecuencias. Las farmacias estamos pagando todo este calvario junto a los pacientes. El paciente no va a tener el inventario a su disposición, entonces se va a afectar el acceso”, lamentó la experta, quien representa sobre 750 farmacias de comunidad. 


La información fue obtenida de un parte de prensa enviado por ASES.


Con la licenciada coincidió el director ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas Coopharma, Heriberto Ortiz, quien recalcó que sus socios se encuentran “muy preocupados” por el ajuste a los contratos.

“Esto podría crear una escasez [de medicamentos] a nivel de toda la isla porque las farmacias no estarían en la disposición de comprar unos medicamentos los cuales el plan de gobierno no le esté rembolsando los costos de adquisición del mismo”, indicó.

Además, Ortiz apuntó que estas nuevas medidas impactarán a más de los 61 medicamentos de la lista de ASES porque si las farmacias no reciben la remuneración adecuada por los fármacos comprados, no tendrán el capital para obtener otros.

Los medicamentos para enfermedades catastróficas, por ejemplo, pueden costar $100, el plan solo le podría estar pagando $40 o $60. “Es imposible que una farmacia pueda operar así”, denunció el director ejecutivo de Coopharma quien también prevé cierres de farmacias.

Actualmente, según las cifras de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas en Puerto Rico anualmente cierran unas 10 farmacias, número que advierte irá en aumento en los próximos seis o siete meses.

Diálogo le hizo el acercamiento al presidente de Farmacias Aliadas, Gil Nieves, y a la presidenta del Colegio Farmacéutico, Nayda Rivera, para conocer sus posturas en cuanto al tema, pero no estuvieron disponibles. Tampoco la comisionada residente, Jenniffer González, contestó nuestros pedidos de entrevista.

Si bien esta decisión de ASES remite a una disminución en los gastos del Plan de Salud del Gobierno que tendrá –si así lo aprueba la Junta de Control Fiscal– un presupuesto de $2,890 millones, Bonilla está firme en que la soga partió por lo más fino.

“Aquí hubo unos intermediarios que orientaron a ASES protegiendo sus propios intereses y no fueron objetivos en ningún momento”, dijo con firmeza la presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

Aunque la licenciada expresó estar consciente de la crisis fiscal que atraviesa el País y de que las farmacias también deben aportar, aseguró que el gobierno no fiscalizó los PBM (Pharmacy Benefit Manager) intermediarios entre los proveedores (farmacias) y las aseguradoras.

“Esa es la entidad que hay que regular porque adjudica precios, estipula lo que se va a cubrir y lo que no. Ahí es que está el ahorro. No es en las farmacias, no es tocar el paciente, hay que hacer un análisis más exhaustivo a esos intermediarios donde están los millones de dólares. Ya es hora de que abran sus libros. Si la administración actual tiene la voluntad de regular, se va a dar cuenta de todo el ahorro económico que hay ahí”, soltó.

El pasado domingo, el Senado aprobó el Proyecto de Ley 218 que busca regular a los PBM creando la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud para “supervisarlos y fiscalizarlos”. Ahora, la medida pasa a la Cámara quien la atenderá en la próxima sesión ordinaria.

“Nos estamos asegurando que los pacientes no se les haya afectado el acceso a sus medicamentos. Vamos a estar vigilantes y vamos a denunciar si se les viola a los pacientes su derecho a la libre selección de farmacia, si se les priva el acceso a sus medicamentos”, remató Bonilla quien aseguró que no dudará en ir a los tribunales si es necesario.
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Original del publicado en Diálogo

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XXII. Casado con la vida y amante de la comida. Boricua. Viajero. Periodista en formación.

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