Según un sondeo realizado por Diálogo previo al inicio de la asamblea, un 49 por ciento de los 384 participantes quieren que se abran los portones del Recinto de Río Piedras. (Glorimar Velázquez / Diálogo)
El restante 22% se encuentra indeciso o indecisa sobre la acción a seguir en el campus.
Así las cosas, la asamblea de esta tarde se da luego del encontronazo entre el Movimiento Estudiantil y el Consejo General de Estudiante (CGE) de la UPR en Río Piedras por malentendidos con el cónclave de hoy que cuenta con una asistencia de unos 2,119 estudiantes.
El encuentro también se da a días de que el gobernador Ricardo Rosselló presentara el presupuesto para el próximo año fiscal que incluye una disminución de $202 millones al monto anual que recibe la UPR del gobierno central. Esta cifra representa un aumento a la cifra original de $149 millones con la cual la Oficina de Finanzas de la institución había estado trabajando.
Se prevé que el corte total al sistema universitario público del País sea de $512 millones para el 2026. Mientras, todavía no se precisa si fue la Junta de Control Fiscal o la administración de Rosselló quien propuso la cifra que muchos consideran “el fin de la UPR”.
En estos momentos, los gallitos y jerezanas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP) están reunidos en su quinta Asamblea General de Estudiantes para, entre otros asuntos, ratificar o levantar su voto de huelga.
En las últimas semanas las unidades del Sistema UPR han realizado asambleas de estudiantes en las que le han puesto fin a la huelga que comenzó el 6 de abril. En el caso de la UPRRP, que celebró su última asamblea el 25 de mayo, los alumnos acordaron levantar la huelga una vez la Junta de Gobierno certifique los preacuerdos a los que llegó el Comité de Diálogo Institucional.
No obstante, ante la renuncia de tres de sus miembros, la Junta de Gobierno no tiene el cuórum necesario para poder tomar decisiones. Entre los convenios se encuentran: que la Junta de Gobierno se comprometa a no aumentar el costo de la matrícula, que la administración universitaria se comprometa con la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público; expresión del liderato de la UPR en contra del cierre o privatización de unidades o recintos, y no tomar acciones administrativas en contra de personas que hayan participado en la huelga.
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Original del publicado en Diálogo.
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