Decretan paro de 48 horas en la UPRRP

“Candela, candela, la Iupi está en candela” corearon los gallitos y jerezanas tras presentarse la moción. (Ronald Ávila Claudio)

En rechazo al recorte de $300 millones que la Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó que se hiciera en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los alumnos del Recinto de Río Piedras decretaron –con 2,788 a favor y 91 en contra– un paro de 48 horas comenzando hoy al finalizar la asamblea general estudiantil.

La moción, presentada en el primer cónclave del recinto riopedrense para este año, fue propuesta por la estudiante Ámbar Puig Delgado de la Escuela de Comunicación y recoge la propuesta acordada por el Pleno Estudiantil, un colectivo de universitarios que ha estado reuniéndose por las pasadas semanas.

En la asamblea participó más del 22% del estudiantado. Además del Teatro de la UPR, se tuvieron que habilitar diez anfiteatros: seis en la Facultad de Estudios Generales y cuatro en la Escuela de Derecho.

Aparte del reclamo en contra del recorte presupuestario al sistema universitario, los estudiantes también exigieron la moratoria total de la deuda; juzgar legalmente a las personas responsables de la mala administración de fondos públicos; y el rechazo a la Ley 3 (Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico).

También se expresaron en contra de las enmiendas al Código Penal que criminalizaría las protestas; de la derogación de las cartas circulares 19 (2014-2015) y 16 (2015-2016) del Departamento de Educación, que eliminó la implementación de la perspectiva de género en el currículo escolar y el uso del uniforme de acuerdo con la identidad de género del estudiante, respectivamente; y rechazaron las comúnmente llamadas Reforma Laboral y Ley del Empleador Único, así como cualquier medida antiobrera. 

La estudiante Ámbar Puig Delgado al momento de presentar la moción de paro. (Ronald Ávila)

Asimismo, se le exigió a todos los decanos y personal administrativo de la UPR que asumieran un compromiso de salvaguardar la universidad, que sean transparentes en el diálogo y participen en la defensa de la educación pública.

Tras una enmienda, también se incluyó a las peticiones exigir el pago de las remesas que el Departamento de Hacienda le debe a la UPR, la disolución de la Junta de Gobierno del primer centro docente del país y el apoyo al paro de mujeres que se celebrará el 8 de marzo a nivel internacional.

Se acordó igualmente una segunda asamblea general de estudiantes para la segunda semana de marzo.

A favor de los trans

Como primer punto en la asamblea, María del Mar Pérez Caro, portavoz del caucus de senadores estudiantiles, presentó el Informe de política de no-discrimen a las personas trans y educación con perspectiva de género en el Recinto de Río Piedras. 

José Colón Rivera, presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública. (Ronald Ávila Claudio)

La asamblea universitaria aprobó por mayoría la moción para que se implementara una educación con perspectiva de género en los cursos de educación general a través de la literatura en español e inglés, así como en el componente curricular de historia en la Facultad de Humanidades y en las discusiones sobre problemáticas sociales que se dé la Facultad de Ciencias Sociales, con el fin de visibilizar a las mujeres y los trans.

En el debate también surgió las propuestas de crear baños abiertos para todos sin importar el género del estudiantado, lo que creó gritos y algarabías en los presentes que avalaban y rechazaban la propuesta. 

Wilmarí De Jesús Álvarez, presidenta del CGE de Río Piedras. (Ronald Ávila)

En el espacio de preguntas, le cuestionaron a Pérez Caro cómo reconocer que un estudiante es trans y puede ingresar en los baños sin que eso implique una violación al derecho de personas heterosexuales que de ordinario utilizan los sanitarios. Ante esto, la portavoz aseguró que eso no era posible de corroborar.

“No podemos pretender marcar [a las personas trans] como se hacía con los judíos o ponerle una A en el pecho [como hacían con las adulteras]”, dijo Pérez Caro, levantando el aval de muchos de los presentes que aplaudieron fuertemente.

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Original del publicado en Diálogo. 

"La UPR no puede estar a dispensa de juegos políticos"

Ambos rectores no mostraron rechazo ante posibles paros o huelgas.

Los únicos dos rectores que no presentaron su renuncia ayer luego que la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes González, dimitiera a su cargo, coincidieron en que el sistema universitario público del país no puede estar a dispensa de juegos políticos y que se tiene que respetar.

Tanto el rector de la UPR en Cayey, Mario Medina Cabán, como el de UPR en Humacao, José Encarnación González, aseguraron que se mantendrán a la cabeza de sus unidades y defenderán la labor que estas instituciones ejecutan en la sociedad.

“La UPR no puede estar a dispensa de juegos políticos. La universidad hay que respetarla”, sentenció Medina Cabán.

Asimismo, el rector de la UPR de Cayey explicó que la próxima acreditación de la unidad del sistema universitario fue la razón por la que no renunció a su cargo.

“Lo que ocurre en el caso de Cayey es que estamos en medio de la acreditación de la Middle States [Commission on Higher Education]. Lo que agrava todo es que nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal que ya ha incidido en nuestro modo de operar. Para mí, es importante terminar con el proceso, nosotros estamos finalizando estudios que hay que enviar el miércoles que viene y tenemos que terminar esto”, dijo.

Por otro lado, Encarnación González resaltó que no presentó su renuncia puesto que “la presidenta ofreció espacio [de renunciar o no] a los rectores de acuerdo a las circunstancias de cada quien y cada recinto. Humacao tiene una responsabilidad que cumplir”, expresó.

Según el rector de los búhos y búhas de Humacao, su unidad recibe sobre 4,000 estudiantes –de 16 pueblos– de los cuales la mitad se encuentran bajo el nivel de pobreza. “La universidad los saca de su estado de marginalidad y los reposiciona socialmente haciendo un gran esfuerzo de movilidad social”, resaltó.

Ambos rectores expresaron que las renuncias de nueve rectores del sistema UPR no vienen acompañadas de ninguna presión política y extendieron su solidaridad a aquellos que tomaron la decisión de cesar con sus labores.

Manipulación mediática

Freytes presentó su renuncia luego de semanas de malos entendidos entre la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, acción que fue catalogada por Medina Cabán como “un juego mediático”.

“Las expresiones de Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos, quieren proyectar al gobernador como el paladín y el defensor de la universidad. Si la universidad fuera su prioridad lo que estarían entonces buscando es cómo mejorarla y hacerla eficiente. La comunidad universitaria ha estado dispuesta hacer lo que se tiene que hacer, pero no del modo y la manera en que ellos nos están exigiendo”, manifestó.

Además, el rector de Cayey tildó las expresiones de Rosario como una “demagogia típica” de políticos. Acciones que, a su entender, solo pueden representar “mala comunicación” entre la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Gobierno; o una “artimaña para tratar de hacer quedar mal al liderato universitario”.

Ante este tema, el rector de Humacao concordó en que “la manipulación mediática es una estrategia muy efectiva en Puerto Rico”. “Pienso que las implicaciones de esta distracción y esta seducción mediática tiene como consecuencia que la gente no entiende y si no hay entendimiento no puede haber proceso valorativo”, acotó.

Encarnación González también cree que el trato del gobierno con la UPR ha sido una falta de respeto. “[Pero] no se puede respetar lo que no se valora porque no se entiende”, sentenció.

$300 millones menos sería catastrófico para la UPR

Si bien el trato no ha sido el más efectivo, lo cierto es que la Junta de Control Fiscal (JCF) sugirió un recorte de $300 millones a la UPR. Por tanto, la administración del sistema universitario comenzó con la delineación de un plan fiscal que cumpliera con estos parámetros.

Sin embargo, para Medina Cabán, de aplicarse esta indicación de la JCF sería desastroso para la UPR.

“Le piden en dos años cortar lo que el informe Krueger le tomaba cinco. Ya se veía la costura. Un recorte como ese sería devastador para la universidad. Imagínate, cerrando ocho unidades no se llega a los $300 millones, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Queremos que la universidad deje de existir?”, cuestionó.

Igualmente, para Encarnación González, los recortes millonarios a la UPR serían catastróficos no solo para la institución pública, sino para el país en general. “Sobrevive primero la universidad y luego veremos si sobrevive el país”, sostuvo.

Actualmente, la administración de la UPR se encuentra revisando todos los programas académicos de todos los recintos académicos y unidades para posibles consolidaciones o eliminación.

“Hay que ver, porque existen otros sectores que están esperando que eso ocurra para ellos poder capitalizar”, añadió Encarnación González.

Sin embargo, el rector de Cayey no descarta esta opción. “Pudiéramos quizás regionalizar algunas de las concentraciones. Hay que hacerlo, hay que considerarlo, están sobre la mesa. No tengo problema alguno en que la región similar, Humacao-Cayey, se pudiera comenzar a contemplar iniciativas como esa”.

Confiados en los estudiantes

Ante todo este panorama, la comunidad estudiantil ha comenzado a organizarse y no han descartado ninguna herramienta de lucha. Ambos rectores no mostraron rechazo ante posibles paros o huelgas.

Para el rector de Humacao, sus estudiantes han creado un “movimiento consciente, solidario y con disposición de poner sobre la mesa asuntos que le pueden afectar tanto a ellos como a otras unidades”.

Medina Cabán fue más allá y apuntó que la labor que quizás realicen los estudiantes es necesaria, pues cree que hay que replantearle a la JCF y al gobierno el papel de la UPR.

“Parte de mi rol como profesor fue formar seres pensantes que pudieran mirar una situación, analizarla y llegar a unas conclusiones y por ende tomar acciones basadas en esa develación. Yo creo en el liderato de nuestros jóvenes, de nuestro estudiantado. […] Ante una Junta de Control Fiscal, ante un gobierno neoliberal, hay que frenar y decirles que la universidad aporta mucho y no es el problema”, expresó.

El rector de Arecibo explica su renuncia

Por su parte, Otilio González Cortés, rector de UPR en Arecibo y quien sí presentó su renuncia, desmintió que le hayan pedido que lo hiciera.

“No nos estaban pidiendo la renuncia. Lo que ocurre es que el puesto de rector tradicionalmente responde al presidente de la UPR”, explicó González Cortés, nominado al cargo por el expresidente Uroyoán Walker Ramos.

La razón de su renuncia gira en torno a la recomendación de la JCF de recortar $300 millones. A su entender, con esta reducción, la universidad queda en un estado de “falta de defensa”. Aunque cree que en momentos de crisis fiscal todos los sectores deben cooperar y que la universidad no puede estar exenta de contribuir, no entiende la suma exorbitante que representa el 30% del presupuesto de la UPR.

“Pedirle selectivamente a la UPR $300 millones en recortes sin uno entender de dónde llega esa cantidad […] representa una devaluación de lo que es la universidad, de lo que hace la universidad, de la contribución de la universidad al país. Eso sí afectó en la toma de decisiones mía como rector”, dijo.

Asimismo aseguró que la UPR lleva años ajustando su presupuesto y sin embargo han seguido trabajando más y con menos dinero.

“Yo llevo 27 años en la Universidad de Puerto Rico, ayudado a construir la Universidad y se me resulta bien difícil que me digan que tengo que contribuir a destruirla”, sentencio.

Si bien la suma del presupuesto de las ocho unidades del sistema universitario no llega a los $300 millones, el rector no cree en el cierre, pues consideró que las unidades son “mucho más efectivos para el país porque nosotros atendemos más estudiantes con un presupuesto más pequeño. Yo no creo que nosotros seamos el problema, creo que nosotros somos parte de la solución”.

En lo que sí cree González Cortés, es en la posibilidad de hacer ajustes, consolidaciones de servicios y oficinas y en un reestructuración completa del sistema.

En cuanto a las luchas estudiantiles y de los posibles paros y manifestaciones, el rector dijo que creía firmemente en que la UPR siempre debería permanecer abierta porque la institución está para servirle al país.

“Podemos diferir de la JCF, podemos diferir del gobierno central, podemos diferir de la administración, pero la universidad tiene que dar un servicio al país, deberíamos ser muy cautelosos en cerrar recintos”, opinó.

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Original del publicado en Diálogo. 

Presidente de Queens College urge a repensar la imagen de la universidad pública

El egresado de Yale y Columbia University dijo que hay que tratar de recuperar la perspectiva de que la educación es un bien común.

Para el presidente de Queens College, Félix Matos Rodríguez, es necesario repensar la imagen que tiene la universidad pública y explicarles a los políticos del país la importancia del sistema universitario.

“Pienso que es un momento que hay que reintroducir el concepto de educación pública a los políticos. No podemos asumir. Hay que explicarles por qué lo que hacemos es importante”, dijo sin titubeos.

Según el también historiador, las universidades públicas se encuentran ante un panorama de grandes retos, entre los que destacó el cambio de visión de la educación de una experiencia transformacional ­–para un bien social– a una transaccional –obtener un diploma para conseguir trabajo­­–.

Este cambio repercute en la política pública que se ejerce sobre las universidades del estado pues los políticos, entonces, apuestan a que “el individuo tiene que estar dispuesto a aportar a ese empleo que desea. Entonces, la universidad se ve más como un lujo que un derecho”, aseguró Matos Rodríguez en la conferencia “Arena movediza: las universidades públicas en la próxima década” que presentó este lunes en la facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras.

Esta variación en el pensar lleva al próximo cambio que han sufrido estas instituciones, como la universidad es para conseguir un trabajo, merma el apoyo financiero por parte de los gobiernos o estados hacia las universidades públicas, esto conlleva aumento en el costo de la educación y recortes en fondos públicos.

“El porcentaje del presupuesto estatal destinado a las universidades [en Estados Unidos], de 1993 a 2008, disminuyó de un 13 a un 8%”, expuso el presidente de Queens College mientras recordó aquellas familias que han hipotecado su casa para poder pagarle la educación a sus hijos.

Por tal razón, el egresado de Yale y Columbia University, sugirió reinsertar el concepto de universidad pública y tratar de recuperar la perspectiva de que la educación es un bien común que, según el académico, ya no existe.

“Es un momento de explicarle a las personas cuál es el proyecto de la universidad […] Si nosotros no podemos explicarlo, ¿quién?”, cuestionó. 

Félix Matos Rodíguez es historiador graduado de Yale y Columbia University. También dirigió el Centro de Estudios Puertorriqueños de CUNNY y el Departamento de la Familia en Puerto Rico (2006-2008). Actualmente, es el presidente de Queens College.

Cabe destacar que, haces unas semanas, la Junta de Control Fiscal sugirió a la UPR recortar el 30% de su presupuesto, equivalente a $300 millones.

Para dichos recortes, la Universidad de Puerto Rico comenzó a trabajar en un plan cuyo borrador fue filtrado en las redes sociales y del cual se desprende un aumento en la matrícula, la eliminación del fondo para mejoras permanentes y una disminución en los beneficios de sus empleados.

Una de las alternativas que vislumbra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para atajar tanto la crisis fiscal como el déficit de la UPR, ha sido convertir al sistema universitario en un prestador de servicios para el gobierno.

Ante esto, Diálogo le preguntó a Matos Rodríguez cómo veía el modelo de, por un lado, recortes a la UPR y, por otro, querer convertirlo en un prestador de servicios para el gobierno. El presidente de Queens College contestó que lo ve favorable a largo plazo pues fomenta la visibilidad de la UPR en varias esferas.

“Una universidad que pueda tener mayor resonancia con diferentes proyectos en el gobierno o en el sector privado, yo creo que ayuda un poco para cuando la universidad tenga que pedir recursos va a tener más personas que van a estar en contacto con la universidad y eso puede ser beneficioso”, argumentó.

Sin embargo, a corto plazo, “[de suceder los recortes]¿cómo van a tener recursos para apoyarse? A la verdad yo no sé cómo lo van a hacer”, sentenció.

Otro de los caminos que Matos Rodríguez destacó para salir hacia delante ante estos retos fue la accesibilidad. Ante esto planteó que hay que tomar datos reales del impacto que tendrán los aumentos y cuestionarnos, “¿quiénes van a poder tener diploma universitario y quiénes están dispuestos a pagarlos?”.

También resaltó la sustentabilidad económica, “con la fragilidad de todos los entes que han aportado hay que pensar en un modelo que sea sostenible y hay que hacerlo con buena información y con datos”.

Por otro lado, al profesor le preocupa las tensiones existentes entre administración y facultad porque impiden que se realicen los cambios necesarios para fomentar una universidad viable para todos.

Asimismo, en tiempos de crisis fiscal del estado y políticas neoliberales, teme porque las burocracias y las herramientas de gobernanza retrasan y hacen lentos todos los procesos.

“Mi miedo es que, el que quiere pasarle el rolo a la gobernanza, se la hace fácil porque lo hacen todo tan lento”, dijo.

La actividad fue organizada por el programa Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada (iINAS).

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Original del publicado en Diálogo. 

Rosselló firma orden para promover acuerdos interagenciales con la UPR

La orden ejecutiva establece que todas las agencias deben tener como prioridad contratar a la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación. (Adriana De Jesús Salamán)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy una orden ejecutiva que establece como política pública promover acuerdos interagenciales con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para atajar la crisis fiscal del gobierno y fortalecer las finanzas del sistema universitario que terminó en el 2015 con déficit.

Con este mandato, Rosselló Nevares cumple su promesa de campaña de buscar vías para allegar mayores recursos económicos al primer centros docente del país. Esta orden reafirma lo que ya se había aprobado por legislación con la Ley para la administración y transformación de los recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico, conocida popularmente como la Ley del Empleador Único.

En la actualidad, “el gobierno de Puerto Rico invierte cientos de millones de dólares en capacitación para los servidores públicos sin que exista una medición efectiva de los resultados de esta inversión. Dichos fondos pueden ser invertidos en la UPR a cambio de servicios de capacitación de calidad para empleados gubernamentales”, reza la Orden Ejecutiva 2017-021.

En diciembre, Diálogo reseñó que la UPR perdió el cuatrenio pasado unos $244.2 millones en contratos con el gobierno en comparación con la administración de Luis Fortuño.

Según Rosselló Nevares, el Estado gasta más de $450 millones en contrataciones externas, y “esto [la Orden Ejecutiva] traerá a la universidad recursos que hoy no tiene y ayudará a mitigar las limitaciones y los retos fiscales de la UPR”.

La UPR cerró sus arcas en 2015 con un déficit de $1,640 millones. Actualmente, la administración universitaria se encuentra en la preparación de un plan fiscal que contemple la reducción de $300 millones que sugirió la Junta de Control Fiscal en enero de este año.

“Así como se expresó en el Plan para Puerto Rico, tenemos un compromiso para establecer alianzas con la universidad que puedan traer fondos a la institución y que nuestro recurso humano y la comunidad en general reciba servicios de calidad”, destacó el primer ejecutivo.

“Esta orden ejecutiva busca una oportunidad de crecimiento para la UPR”, agregó en un parte de prensa el mandatario.

Cabe destacar que los procesos burocráticos que caracterizan a las instituciones gubernamentales –incluyendo a la UPR– le restan agilidad y eficiencia al sistema. Los procesos de contratación pueden llegar a ser tan onerosos que a veces dentro de la misma UPR se ha optado por contratar recursos externos tratando de buscar la agilidad que el sistema universitario no les provee.

La orden ejecutiva establece que todas las agencias de la rama ejecutiva deben tener como prioridad contratar a la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación.

Además, existen otros servicios que la UPR puede prestar y facturar a través de todos sus recintos de acuerdo con sus capacidades operacionales y así recibir compensación por los mismos, aseguró el gobernador.

Sin embargo, Diálogo tiene constancia de que varios institutos de la UPR se han visto en conflicto porque las normativas del sistema universitario no permiten pagarle horas extras a profesores que realizan los servicios de asesoría o investigación.

El primer ejecutivo ordenó que William Villafañe, secretario de la Gobernación y principal oficial de Administración, diseñe –junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto– los parámetros de los acuerdos interagenciales entre la UPR y las agencias del ejecutiva.

“Las decisiones de la pasada administración han tenido el efecto de limitar las asignaciones presupuestarias a la UPR en aras de mantener la operación gubernamental, por lo que se hace necesario encontrar nuevas alternativas para allegar mayores recursos a la institución de educación secundaria más importante de nuestra isla y de la región”, detalla la orden ejecutiva.

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Original del publicado en Diálogo. 

Libros AC entre las mejores 50 librerías del mundo

"Solo se hace librería cuando las personas entran, nos visitan y deciden reunirse en este espacio. Se lo dedicamos a ellos”.

La Librería Libros AC Barra & Bistro está de fiesta. ¡No es para menos! Según una lista elaborada por Book Riot, el local santurcino se encuentra entre las 50 librerías más bonitas alrededor del mundo.

Para Samuel Medina, dueño de Libros AC, la noticia ha sido una total sorpresa pues no tenían constancia de que habían sido seleccionados en este escogido entre los cinco continentes y que ocupa la posición 41 en la lista.

“Es una gran oportunidad para la industria del libro aquí en Puerto Rico. También es un testamento del esfuerzo que le hemos metido al proyecto”, expresó Medina con emoción.

La iniciativa de la librería comenzó hace diez años con un blog en línea llamado Agentes Catalíticos. De ahí que el nombre lleva las siglas “AC”.

“Es una gran oportunidad, para personas de todas partes, que hacen viajes alrededor del mundo, para que visiten Puerto Rico y que visiten Santurce”, expresó el propietario.

La librería fue diseñada por Edgardo Pérez, un arquitecto del patio, que esbozó una fachada urbana en un edificio histórico. Una decisión, que según Medina, siempre estuvo en los planes y que hace de Libros AC “una librería única”.

Agradecidos del apoyo de la gente

Libros AC no ha logrado esto en solitario. El propietario se lo dedica –además de a su equipo de trabajo– a todos sus clientes por el apoyo fiel que le han brindado al proyecto.

“Sin los lectores y las personas que nos visitan constantemente, no hubiese estado en la lista. Solo se hace librería cuando las personas entran, nos visitan y deciden reunirse en este espacio. Se lo dedicamos a ellos”, comunicó Medina.

La librería ubicada en la Avenida Juan Ponce de León en Santurce culminó el 2016 con un aumento de 15% en sus ventas librescas.

Además, en estas Navidades y como celebración de lo que consideraron su mejor año, regalaron unos 550 libros en el Día de Reyes a todos los niños que visitaron la librería.

Próximamente, en marzo, Libros AC se prepara para lanzar su más novel proyecto: una librería en línea.

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Original del publicado en Diálogo. 

Inminente el aumento a la matrícula de la UPR

Los recortes y la eliminación de la plantilla de profesores por contrato no solo empeorará la situación en términos económicos, “sino que disminuirá la calidad educativa. Será lo peor de los dos mundos. Será una reducción de acceso a la educación pública".

La recomendación de la Junta de Control Fiscal (JCF) fue clara: se deben recortar $300 millones del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De cara al cumplimiento de estos requerimientos, la administración del sistema universitario público del país ideó un borrador en el que contemplan posibles áreas de recorte presupuestario que, junto a medidas de recaudo, garantizan una salud fiscal de sobre $100 millones para el próximo año académico. El asunto, sin embargo, ya ha provocado disloques en la comunidad universitaria por la forma en que se ha trabajado.

Y es que se suponía que ese borrador se discutiera en una reunión ejecutiva –es decir, cerrada al público– de la Junta Universitaria el pasado sábado. Sin embargo, fuentes internas de Diálogo con participación directa en las deliberaciones del órgano administrativo aseguraron que, más allá de circular el escrito, nunca se llegó a debatir ni llegar a un un consenso sobre su contenido, en parte por la presión que hubo de la prensa y estudiantes para que se hiciera público. El borrador terminó filtrándose en las redes sociales en la noche del sábado, poco después de culminado el cónclave.

Dichas fuentes también aseguraron que en la reunión –donde participaron los once rectores de las unidades, así como igual número de representantes docentes y estudiantiles– se comentaba que un aumento en la matrícula, ya sea mediante una matrícula ajustada a los ingresos o mediante un aumento al costo del crédito, y la reducción de más del 50% de la plantilla de profesores adjuntos, son inminentes.

Del documento se desprende que las cinco partidas de mayor reducción serán en el área de mejoras permanentes, compensación, beneficios y ayudas económicas a docentes, pago de Navidad, y plan médico a pensionados.

En cuanto a recortes, el borrador estipula la total eliminación –equivalente a $13 millones– de fondos destinados al Programa de Mejoras Permanentes de la UPR. Esto a pesar de que el informe anual de la Junta de Gobierno, publicado el primero de este mes, dictara que “[se] aprobó separar, mediante redistribución, $13 millones anuales por un período de tres años para atender asuntos impostergables de las estructuras físicas del sistema universitario”.

Otro renglón que sufrirá bajas será la compensación adicional al personal docente y el pago de cursos adicionales con un 56% de reducción –$7 millones–.

Asimismo, se planea reducir en un 54% –$750,000– los beneficios y ayudas económicas para estudios al personal docente y no docente. Se prevé la disminución de $5,500,000 –equivalente al 47%– en el pago del bono de Navidad. Igualmente, una baja de un 44% –$5,700,00– de la asignación de plan médico a los pensionados.

El grueso para paliar el recorte de $300 millones recaerá, sin embargo, en el alza en un 31% en conceptos de aumento en la matrícula, revisión de exenciones y revisión de cargos por servicios.

Si bien el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha expresado que contempla un aumento de matrícula ajustado a los ingresos, la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes González, ha expresado que este sería sustancial para el 30% del estudiantado que no cualifican a la beca Pell y a quienes se vislumbra aplicará el alza.

En el documento filtrado no se vislumbra el cierre de recintos y unidades, que ha sido el tema predominante en la discusión. Sin embargo, Rosselló Nevares ha expresado sus miras a la especialización de unidades, a la autonomía de los tres recintos y a la reconstrucción administrativa del sistema universitario.

Si bien Freytes González ha asegurado en reuniones de la Junta de Gobierno que el sistema se ha ahorrado $100 millones en los últimos tres años, lo cierto es que cerraron el año fiscal 2015 con un déficit que ascendió a $1,640 millones. Ese ahorro de $100 millones ha sido viable gracias a la congelación de plazas docentes, a la reducción de aumentos a profesores, y a la reducción en compensaciones y bonificaciones.

Aunque las propuestos recortes no son finales –pues, en teoría, faltaría que la Junta de Gobierno de la UPR los valide–, lo cierto es que para el 15 de febrero deberá presentarse ante el gobierno un escrito “final” a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

La ruta equivocada

Para Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (UPRM), las decisiones que se están tomando por parte de la administración van por el rumbo equivocado.

“El gran problema es que se está operando sobre una premisa falsa: hacer recortes. Eso profundiza la crisis, lo que repercute en menos recaudos por parte del gobierno”, explicó Fuentes Ramírez.

Según el catedrático, otros países como Suecia, Islandia, Dinamarca y Finlandia han invertido en educación y salud y han salido de escollos financieros similares al que se encuentra Puerto Rico en estos momentos.

“La austeridad y los recortes lo que hacen es empeorar la situación”, aseguró, mientras brindó de ejemplo la situación de Grecia, donde se tomaron decisiones parecidas a las que se pretenden tomar en Puerto Rico.

“Estamos perdiendo la oportunidad de implantar lo que ha funcionado en otros países”, lamentó el economista, quien aseguró sentirse “desesperado” al ver que se hace lo contrario a lo que ha evidenciado la ciencia social y los modelos económicos.

A preguntas de Diálogo de cómo ve el panorama con la reducción de plazas por contrato de profesores y el aumento de matrícula al estudiantado, Fuentes Ramírez advirtió que no solo empeorará la situación en términos económicos, “sino que disminuirá la calidad educativa. Será lo peor de los dos mundos. Será una reducción de acceso a la educación pública”.

“La única opción que le están dejando a los jóvenes que no puedan pagar su educación será irse de Puerto Rico”, pues tampoco habrá muchas oportunidades de empleo disponibles en la isla, sentenció.

Aquí las imágenes filtradas del borrador:

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Original del publicado en Diálogo.

El rector de Ciencias Médicas rechaza la desarticulación de la UPR

Aunque el recorte de $300 millones que sugiere la Junta de Control Fiscal no afectaría drásticamente la acreditación del recinto, el rector sí se encuentra preocupado con la situación.

El rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Noel Aymat Santa, manifestó a Diálogo que aunque ve con agrado la autonomía de los tres recintos principales del sistema universitario público, rechaza todo plan que busque “desmembrar el sistema universitario”.

Entre los planes que ha dilucidado el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para atender el problema fiscal y el déficit de la UPR, que en el 2015 cerró sus arcas con un negativo de $1,640 millones, está la autonomía de sus tres recintos: Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas.

Ante esto, el rector aseguró que sería de mucho beneficio una plena autonomía del RCM, pues aceleraría todos los procesos de contrataciones, compras y manejo de intelecto (investigaciones, propuestas, entre otros).

“La noción de autonomía es positiva para el recinto si significa que todas las decisiones las podemos tomar nosotros. Nos ahorramos tiempo. En ese sentido, la autonomía tiene ventajas”, aseguró.

Sin embargo, Aymat Santa no está de acuerdo con que se independicen los recintos, como lo ha solicitado por años el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

“La independencia tiene otro significado, desmembrar el sistema universitario público de Puerto Rico”, sentenció.

A modo de ejemplo, el rector recordó la reforma de salud en 1994 que implantó el exgobernador Pedro Rosselló, donde se “desmembró” el sistema “robusto” de salud que existía en Puerto Rico para independizarlo. Posteriormente, comenzaron a vender a entes privados los fragmentos del sistema, lo que debilitó sustancialmente el servicio.

“La UPR produce lo mejor del país. Claro, tenemos que reconocer que hay que hacer cambios, pero que hay que proteger el patrimonio educativo del país que es la UPR”, exhortó Aymat Santana.

¿Se afectará la acreditación con los recortes que se prevén?

Tras culminar el miércoles pasado el proceso de visitas por parte del comité evaluador que renovará o no la acreditación al RCM, habrá que esperar hasta este verano, que será cuando el Liaison Committe on Medical Education (LCME) emita su dictamen final, para obtener una respuesta definitiva.

“El proceso de vistas concluyó y fue uno exitoso. Estamos a la espera de la acreditación final”, expresó el rector con alegría.

Ante el panorama fiscal en que se encuentra el país, con una deuda pública que asciende a los $70 mil millones, la Junta de Control Fiscal recomendó un recorte de $300 millones a la UPR.

¿Sería este recorte un factor para que el RCM pudiera perder su acreditación?, le cuestionó Diálogo a Aymat Santana.

“El hallazgo de ellos [el comité evaluador] es que se convencieron de que el RCM tiene los recursos, a pesar de todo el problema fiscal, para sustentarse”, señaló.

Y es que esta unidad depende solo de un tercio del fondo del gobierno. El RCM allega fondos de sus clínicas e investigaciones. “Dependemos más de fondos externos que internos”, explicó el rector.

“No significa que nos deja de preocupar”, apuntó, aludiendo a los eventuales recortes propuestos al sistema de la UPR . “Eso nos quita el sueño porque $300 millones es mucho dinero y nos afectará a todos”, añadió el dentista pediátrico.

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Original del publicado en Diálogo. 

Rosselló nombra más caras conocidas en su gabinete

El designado presidente ejecutivo de la AAA, Eli Díaz Atienza, formó parte de la administración de Luis Fortuño cuando trabajó en 2009 como asesor de infraestructura del gobernador y posteriormente como asesor legar de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares continuó hoy con el desfile de nombramientos para ocupar puestos en su gabinete, funcionarios que tendrán como encomienda principal cumplir el Plan para Puerto Rico.

Aunque el primer mandatario creó un banco de talentos para evaluar y seleccionar a las personas según sus méritos, los nombramientos continúan recayendo sobre caras conocidas de pasadas administraciones.

Las nuevas designaciones se dieron en la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH).

Rosselló Nevares nombró a Eli Díaz Atienza como presidente ejecutivo de la AAA. “Díaz fue director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) [entre 2010 y 2012]. Como abogado e ingeniero ha trabajado en el sector privado y público, y cursó estudios en Georgia Institute of Technology”, según un parte de prensa de La Fortaleza.

Díaz Atienza formó parte de la administración de Luis Fortuño cuando trabajó en 2009 como asesor de infraestructura del gobernador, y posteriormente como asesor legar de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

Cabe destacar que entre las propuestas de Rosselló se encuentra la creación de Alianzas Púbico-Privadas Participativas (APP+P). La Junta de Gobierno de la AAA deberá confirmar la designación de Díaz Atienza.

Asimismo, el arquitecto Carlos Rubio Cancela fue designado para dirigir la OECH. Rubio Cancela es egresado del Pratt Institute y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Además, trabajó como arquitecto en la Autoridad de Energía Eléctrica y fungió como director ejecutivo de la propia OECH para la administración de Fortuño.

Otro que trabajó en el gobierno de Fortuño y que hoy fue nombrado como director de la AEP es Amilcar González Ortiz. Aunque ha laborado en el sector privado, fungió como secretario auxiliar de Administración del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). González Ortiz tiene estudios doctorales en recursos humanos y una maestría en administración de empresas, ambas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

González Ortiz ha estado vinculado con el Partido Nuevo Progresista (PNP) en la contienda electoral. Según su cuenta de Twitter, participó en octubre de la fiesta de cumpleaños de la comisionada residente Jenniffer González y fue parte del staff del Centro de Mando del PNP el día de las elecciones.

Por otro lado, el primer ejecutivo designó al ingeniero Luis Abreu como nuevo director de la ATI. “Abreu trabajó en la Autoridad de Carreteras y Transportación y ha liderado diversos proyectos de infraestructura vial y rediseños. Abreu es miembro de la comunidad dominicana en la isla y cursó estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, reza el comunicado.

Por último, Santos Delgado Marrero fue designado como director de la AMA. Con un bachillerato en ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez, Delgado Marrero fungió como vicepresidente del Programa Intermodal de la AMA.

Según el Informe de Auditoría CP-03-18 de la AMA, Delgado Marrero laboró para la agencia durante la administración de Pedro Rosselló González por un año (2000-2001).

Más mujeres en el “nuevo gobierno”

Además, Rosselló Nevares anunció el nombramiento de otras dos mujeres que se sumarán a su equipo de trabajo, la administradora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y a la directora de la Oficina de Voluntariado en La Fortaleza.

El líder de los puertorriqueños nombró a Ángela Ávila como administradora de la ASES. Ávila posee un bachillerato en contabilidad y cuenta con 19 años de experiencia en la agencia. “Sus labores allí incluyen administración de análisis y subdirección ejecutiva, aparte de trabajar como analista de evaluación y estadísticas y como directora de finanzas”, detalla la Oficina del Gobernador de La Fortaleza.

Para la Oficina de Voluntariado, el primer ejecutivo nombró a Iliana Malaret-Yordán, quien laboró para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) como directora interina de la División Legal.

“Como abogada licenciada a nivel estatal y federal, se ha destacado con su diligencia y dedicación al servicio público como asesora legal para las oficinas del Procurador del Veterano y del Procurador de la Salud”, se destaca en el parte.

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Original del publicado en Diálogo.