Migrar para sobrevivir

Boricuas que se trasladaron a Nueva York, luego del huracán María, cuentan por qué decidieron irse del país y cómo les está yendo. (Dominik Scythe / Visual Hunt)

Tenían que hacerlo. Dejarlo todo. Migrar. Comenzar de cero.

A Aurora López Vázquez la decisión le tomó 57 días. Cincuenta y siete días sin luz, sin agua, sin Internet, sin trabajo. Le tomó 57 días de angustia y una semana en el hospital.

“Llegué hasta hospitalizarme en un psiquiátrico y soy una profesional. Tuve que ir a Capestrano y estuve una semana. Por mi situación de salud, salí de Puerto Rico”, contó.

La mujer, natural de Carolina, trabajaba como secretaria en una escuela en Trujillo Alto. Los precios de los artículos básicos estaban en aumento. Llegó a pagar hasta cuatro dólares por el hielo y ochenta centavos por la gasolina.

Le era insostenible.

Entre lágrimas y una voz quebrantada, confesó: “Yo estuve dos días sin nada en mi casa. Nos preparamos, pero no a esta magnitud”.

De sus vecinos no podía esperar mucho. Aunque algunos tenían plantas eléctricas, se negaban a enfriarle una botella de agua.

“Están siendo egoístas. La gente te pelea. La solidaridad es lo que hemos perdido”, soltó.

Del gobierno, recibió menos.

Se cansó.

Aurora López Vázquez (centro) se enfermó mentalmente por la situación caótica de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Marangely Santiago López (izquierda), su hija, perdió sus dos empleos por la lenta reconstrucción del servicio de energía eléctrica. A la derecha, Doris Plaza, su amiga, les brindó un hogar en la ciudad de Nueva York. (Para Diálogo: Eduardo Rivera)

El 15 de noviembre, Aurora y su hija, Marangely Santiago López, partieron de Puerto Rico hacia la ciudad de Nueva York, a casa de su amiga Doris Plaza. Por suerte, consiguieron pasajes baratos. “¿Y aquellos otros, que me duele, que no puedan salir de la isla?”, cuestionó.

Dos semanas después de su llegada, bajo temperaturas de 30 grados –nada parecido al clima tropical del archipiélago borincano–, Aurora y Marangely se dirigieron al East Harlem, “El Barrio”. Irónicamente, iban al Julia de Burgos Latino Cultural Center en la avenida Lexington con la calle Miss Aida Pérez – Loíza Aldea.

Allí, en una zona que no ostenta lujosos edificios, donde por décadas las minorías se han refugiado haciendo de este su barrio, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, abrió el 19 de octubre un centro de servicios centralizados para las personas afectadas por los huracanes María, Irma o Harvey.

El fin es que, dentro de la caótica ciudad, los damnificados puedan obtener todos los servicios necesarios en un mismo lugar. 

El centro de servicios Julia de Burgos Latino Cultural Center está ubicado en la avenida Lexington con la calle Miss Aida Pérez – Loíza Aldea, en la zona conocida como “El Barrio”. (Para Diálogo: Eduardo Rivera)

“Ves la diferencia –dijo al salir del centro cargando un bulto–, ya tengo toda la ayuda. Yo llegué aquí, solamente para aplicar, y mira cómo salí: con gift cards [tarjetas de regalo], con cupones, coats [abrigo], ropa interior. No es esta la ayuda que hay en Puerto Rico. En un mismo lugar te ayudan con el seguro social, con los cupones, a conseguir trabajo, te ayuda FEMA, te ayuda el servicio médico, solicitas el Medicare. Pero en Puerto Rico hay una burocracia terrible”.

Esa agilidad en las ayudas no se ha visto en la isla, ni por el gobierno local, ni por el federal. A 85 días del siniestro 20 de septiembre, más de la mitad de la población aún carece de energía eléctrica; 15,000 personas militan como novatos en las filas del desempleo; otros miles se encuentran aún en la espera de los toldos azules que ofrece la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para cubrir los techos que desaparecieron con las ráfagas huracanadas.

“Puerto Rico dice que se levanta y no se va a levantar por el momento. Se levanta el que tiene chavos, el que tenga padrinos, godfather”, expuso a las afueras del centro. “La diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos es en cuestión de ayudar al ser humano, de ser solidarios. Esto es hacer solidaridad. Esto es identificarse con el pueblo que ha sufrido”.

A su lado, Marangely asentía. La joven estudiante perdió sus dos empleos. Trabajaba en dos negocios. Ambos cerraron.

“A mí que me dejen aquí”, soltó Aurora antes de que se marchasen.

A los 15 minutos, otra familia de puertorriqueños salió del centro. María Vega, de Aguada, migró con su esposo y sus dos hijos, de 10 y 11 años. Se mudaron con su madre, María López, quien vive en el Bronx hace 15 años. 

María Vega, de Aguada, migró a la ciudad de Nueva York con su esposo y sus dos hijos, de 10 y 11 años. En Puerto Rico no encuentran trabajo. Tras el paso del huracán, unas 15 mil personas quedaron desempleadas. (Para Diálogo: Eduardo Rivera)

“Allá no hay empleos. Acá nos ofrecieron todas las ayudas. Nos ofrecieron para las camas, ayudarnos con la renta, con la comida, con darnos cash [dinero en efectivo]”, indicó la madre.

Del centro, dijeron haber recibido un trato “excelente”, a diferencia de las agencias gubernamentales en Puerto Rico. No dieron muchos detalles, pero una sonrisa genuina se imponía en sus rostros.

“Yo he visto la cara cuando entra la gente triste porque lo han perdido todo, han venido acá y han encontrado que por lo menos la ciudad de Nueva York les ha dado una bienvenida. Que tiene un centro específico donde pueden obtener informaciones. Vemos la reacción, el cambio, cuando entran y cuando salen. Por lo menos, salen con un poquito más de esperanza de lo que han llegado”, dijo la vocera del Departamento de Manejo de Emergencia de la Ciudad de Nueva York, Yokarina Duarte.

Según la funcionaria, el centro ha recibido alrededor de 1,500 visitas, que no necesariamente se traduce en número de personas. Se han acercado desde familias completas, incluyendo mascotas, hasta madres solteras. Aunque han llegado residentes de las Islas Vírgenes, la gran mayoría han sido boricuas.

Lo que le ha sorprendido a Duarte es que muy pocos han requerido servicios de vivienda. “Se están quedando con familiares. Hemos visto que la mayoría de las ayudas que necesitan las personas han sido en servicios sociales y mentales”.

El recorrido por las distintas agencias gubernamentales toma alrededor de dos horas. Por eso, se recomienda cita previa a través del 3-1-1 o en nyc.gov. Sin embargo, no le niegan los servicios a quien llegue de improviso.

Duarte no está ajena de lo que sucede en Puerto Rico. Ella visitó la isla. Llegó con una brigada de la “Gran manzana”. Fueron 278 empleados los que estuvieron recorriendo el País brindando asistencia. La semana pasada, otra brigada llegó a Puerto Rico para ayudar en la recolección de escombros.

“Poder ir a la isla, ver la destrucción que ha habido, ayudar, venir acá [a Nueva York] y seguir ayudando a las personas necesitadas, ha sido un gran alivio. Para nosotros ha sido una de las mejores experiencias y mira que lidiamos con bastantes tipos de emergencias”, manifestó. 

Según Yokarina Duarte, vocera del Departamento de Manejo de Emergencia de la Ciudad de Nueva York, la mayoría de los damnificados que visitan el centro son boricuas. (Para Diálogo: Eduardo Rivera)

La diáspora abraza a los que llegan

Lillian Ortiz Guevara fue otra de las mujeres que visitó el centro. Como ya trabaja a medio tiempo, solo solicitó la cubierta médica del gobierno porque, aseguró, los tratamientos sanitarios son carísimos en la ciudad.

“El recibimiento fue excelente, todo el mundo muy amable, muy dispuesto a ayudar. Lo que sí es que hay demasiada cosa junta, no hay un poco de privacidad para la gente. Había una muchacha que le tocó en la mesa mía y empezó a llorar”, criticó.

La mujer tuvo que dejar a su esposo en Puerto Rico y moverse con su hijo a Nueva York para que continuara sus estudios. La decisión le pesa. Sabe que en su tierra la reconstrucción avanza con tropiezos.

“Todo el mundo en Puerto Rico dice ‘estamos bien’. Cojo.., no estamos bien. Estamos jodí’os. Hay un desastre”, dijo enérgicamente. Suspiró. “Nosotros no nos estamos yendo porque nos da la gana”.

Tras el paso del huracán María, estimados del Centro de Estudios Puertorriqueños del Colegio Hunter de la Universidad de la Ciudad de Nueva York han asegurado que Puerto Rico perderá sobre 470,000 residentes en los próximos dos años. Esto significa una merma de 14% en la población actual.

“Yo no vivo donde vivía, no duermo donde dormía. Estamos aquí porque en realidad lo que está ocurriendo en nuestro país no va adelante, no vemos luz y tenemos que movernos porque no somos un árbol. No es cuestión de que ahora yo no tenga solidaridad, ni sentimiento patrio. Cojo… Es que yo tengo que mantener a mi familia, tengo que trabajar y mi hijo tiene que ir a la escuela, tenemos que seguir. El que se tiene que quedar, pues se queda. Mi marido se quedó, sigue trabajando, pero yo no pude. Y no es fácil”, sostuvo.

A pesar de las críticas que ha recibido por marcharse, encontró en la diáspora un calor familiar. Desde que llegó, ha estado trabajando con diferentes grupos de nuyoricans como: Taller Boricua, La Marqueta, El Barrio’s Artspace y está coordinando La Promesa de Reyes.

“La diáspora ha hecho una labor fantástica. El corazón de la gente de aquí está con nosotros. Mira quién está respondiendo: la diáspora. Qué bueno que se vinieron para acá, para que, en estos momentos de necesidad, pudiéramos contar con ellos. ¡Qué lindo! Yo sé que si ellos necesitaran de nosotros, nosotros también vendríamos para acá a bregar. Ver esa reciprocidad y ese amor tan grande de esta gente, que no se han desconectado de la isla, vale. Esta ciudad tiene mucho que dar para el que quiere bregar”, expresó antes de irse al trabajo. 

Lillian Ortiz Guevara tuvo que dejar a su esposo en Puerto Rico y mudarse con su hijo a Nueva York para que continuara sus estudios y conseguir un empleo para sustentar su familia. Lo cuenta con tristeza. (Para Diálogo: Eduardo Rivera)

También se sufre

Sin embargo, no todos los que se han refugiado en la ciudad de Nueva York les ha ido de maravilla.

A finales de octubre, Sheila Ramos decidió dejarlo todo y mudarse a Estados Unidos con sus dos hijas: Idennies Díaz y Alanis Crespo.

“Desde que llegamos aquí nos han tratado súper mal”, dijo Sheila.

De Puerto Rico, ellas viajaron a Washington D.C., a casa de una amiga. Luego de unos días, llegaron en guagua a la ciudad donde habitan más de 8.5 millones de personas. Con todo y maletas, se dirigieron al centro Julia de Burgos. Allí, comenzaría su odisea.

El primer encontronazo fue en la oficina de servicios de vivienda. “Una afroamericana, de apellido Lawrence, nos trató bien mal. Dijo que nada tenía que ver que llegáramos por el huracán María. Se estaba burlando del inglés de mami y le tiró hasta los papeles”, contó Idennies. La funcionaria también cuestionó el parentesco entre madre e hija.

Como no tenían residencia en la ciudad, la familia fue trasladada a un albergue donde tendrían que esperar diez días para recibir la aprobación o denegación del servicio de vivienda pública.

“Cuando llegué al shelter [refugio] me dio un ataque de histeria. No teníamos sábanas, ni almohadas. No había nada. Hacía frío. La calefacción no funcionaba”, rememoró Sheila.

Según las boricuas, el edificio tiene una peste insoportable. Las cucarachas se pasean por los pasillos. Se llevan el agua caliente y deben llegar antes de las diez de la noche.

Luego de los diez días de espera, le llegó las cartas de vivienda y los cupones, en las que les denegaban los servicios. Así, sin explicaciones. 

Los servicios del centro Julia de Burgos se ofrecen tanto en inglés como español. El recorrido por todas las agencias que allí se encuentran toma alrededor de dos hora. Se recomienda cita previa. (Para Diálogo: Eduardo Rivera)

Se dirigieron al Julia de Burgos nuevamente. El trato hosco continuó. “Ya tú recibiste ayudas”, fue la bienvenida. Seguido de un: “No estoy hablando contigo”, a Idennies antes de que le impidieron el paso a la oficina.

Aunque llamaron al 3-1-1 para querellarse, todavía esperan el número de la denuncia.

“Aquí también dan el Welfare, pero yo no me atrevo a solicitarlo. No quiero que piensen que soy una buscona. Yo lo que necesito es un empujón”, aseguró la madre.

Por azares del destino, llegaron hasta la oficina del asambleísta del Bronx Marcos Crespo. Él les atendió. Ellas le contaron sus desdichas. “No se preocupen, no están solas aquí, le vamos a ayudar”, les consoló el político.

Así fue. Crespo llamó al supervisor general de los cupones de la ciudad de Nueva York. Entraron al sistema. Para sorpresa, la funcionara había puesto que la familia recibía seguro social, cuando no era cierto. También se percataron que no habían trabajado el expediente luego del sometimiento. Al menos, eso se resolvió. Eran elegibles.

“Tú sabes lo que es que no hemos podido probar una buena comida desde que pasó María por Puerto Rico”, lamentó Sheila.

Sin embargo, estos traspiés no le quitan el ánimo. Idennies y Alanis no quieren regresar a Puerto Rico.

“Yo voy a dar la lucha. Yo sé que van a venir cosas mejores. No me voy a quitar. No me voy, no me devuelvo”, aseguró.

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Original del publicado en Diálogo. 

Whitefish revela grietas en liderato de Ricardo Rosselló

Según expertos en administración pública, las determinaciones tomadas tras el huracán denotan improvisación por parte del ejecutivo. (Metro Puerto Rico)

Puerto Rico está a la deriva. Las decisiones tomadas por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares denotan una mala administración de política pública, dicen expertos consultados por Diálogo. Las irregularidades sobran, añaden. Dudas de liderazgo afloran en el Congreso de Estados Unidos. Millones de dólares mal administrados. Y a 46 días del azote del huracán María, los puertorriqueños aún esperan por un plan efectivo para reconstruir lo que alguna vez llamaron: “La Isla del encanto”.

El polémico contrato de la empresa Whitefish Energy Holdings ha levantado bandera sobre las capacidades de dirección de Rosselló Nevares. Fueron $300 millones que se otorgaron sin auditar y del que ahora nadie quiere tomar responsabilidad.

“Mi madre diría: ‘Esto llora ante los ojos de Dios’. Es escandaloso. Representa lo peor, de lo peor, en el mundo de la administración pública. La Autoridad [de Energía Eléctrica], de su director y su gobernador, están como Fuenteovejuna porque ahora nadie sabe nada. Es increíble. Ahora nadie es culpable de nada. Es un mal ejemplo de cómo se deben hacer las cosas”, sentenció el catedrático retirado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mario Negrón Portillo.

Al momento de la contratación, la compañía Whitefish, del estado de Montana, solo contaba con dos empleados a tiempo completo. Había sido fundada hace dos años y nunca había tenido ante sí la responsabilidad de restablecer el servicio eléctrico de un País cuya infraestructura estaba destruida casi en su totalidad.

A seis días del azote de María, que colapsó el sistema de telecomunicaciones y dejó incomunicados a los boricuas, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) suscribió el contrato con la empresa estadounidense. A esa fecha, la Junta de Gobierno de la corporación pública aún no había podido reunirse. La decisión fue tomada por su director ejecutivo, Ricardo Ramos, quien se resguardó bajo poderes de realización de contratos por encontrarse el País en un estado de emergencia.

Sin embargo, la Orden Ejecutiva 53 –que exime a contratistas, agencias y corporaciones de cumplir con las regulaciones que imperan en los procesos de contratación gubernamental– fue firmada por Rosselló Nevares el 28 de septiembre.

Según ha declarado Ramos en conferencias de prensa, la contratación de Whitefish se dio por ser la única alternativa viable y accesible días posteriores a la devastación. Ha dicho, además, que no se pudo concretar la “ayuda mutua” de la Asociación Americana de Utilidades Eléctricas (APPA, por sus siglas en inglés), que agrupa varias organizaciones de servicios públicos y de la cual la AEE es miembro. Sin embargo, la APPA comentó que no había sido contactada hasta el 30 de octubre.

Pero la contradicción vuelve a relucir. El 23 de septiembre el gobernador dijo que recibió disposiciones de ayuda energética de Canadá, República Dominicana y España. Cuba también se puso a disposición del gobierno puertorriqueño. Ninguna ayuda se concretó.

Diálogo tuvo constancia de otras dos agencias que se hicieron disponibles al gobierno para ayudar a restablecer el sistema eléctrico, pero que –aparentemente– nunca recibieron devuelta ni las gracias.

“Oficiales de la junta de gobierno de una utilidad pública de Arizona nos dijeron que habían cursado sendas cartas ofreciendo celadores y apoyo técnico con la emergencia a PREPA (siglas en inglés para AEE). Al día de hoy el gobierno de Puerto Rico no ha contestado las cartas. También, la unión federal de electricistas del gobierno mexicano –y hemos visto las cartas– y al día de hoy no tienen respuestas”, comentó Cecilio Ortiz, miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI).

Para Ortiz –doctorado en Administración Pública en Arizona State University– es momento de que Rosselló Nevares deje “los embustes” y de “inventar” políticas y reglas para atender la hecatombe. “María es una emergencia para Puerto Rico, pero María no es la única emergencia en territorio norteamericano. Todo el mundo vio las brigadas llegando a ayudar a Florida. De la misma manera surgió esa misma oferta para Puerto Rico”.

Volviendo a la trama, Ramos también detalló que algunas brigadas fueron rechazadas por requerir adelantos monetarios que la AEE no podía costear por tener una cartera de $500 millones para atender la crisis. Sin embargo, pagó $3.7 millones para movilización del personal Whitefish al País. La suma pagada por la Autoridad asciende hoy a unos $10.9 millones. Mientras, la pequeña compañía ya le ha facturado unos $20.8 millones.

La empresa Power Secure, a la que Ramos consideraba la “idónea” fue rechazada por requerir un adelanto de $25 millones.

No fue hasta el 17 de octubre que se firmó una nueva versión del contrato de Whitefish luego de que el ente rector de la AEE aprobara el acuerdo de manera retroactiva. La junta gubernamental de la autoridad se reunió 14 días después de ese fatídico 20 de septiembre.

Luego de que saliera a relucir el escándalo de la contratación de Whitefish, Rosselló Nevares aseguró públicamente que desconocía del contrato. También, se desvinculó del acuerdo la Casa Blanca. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), igualmente, negó haber revisado y aprobado el contrato que poseía una cláusula que estipulaba que sí lo había hecho. El Congreso y el FBI comenzaron, por separado, una investigación.

El desconocimiento del gobernador alteró a Negrón Portillo. “Como se le dijo a su papá: ‘o eres un inepto o tú sabes lo que está pasando y no quieres hacer nada’. Cuando un gobernador en medio de una crisis como esta no sabe que un director firmó un contrato de $300 millones, tú tienes graves problemas de política pública. Si Ricardo Rosselló se enteró después y no lo botó como bolsa, algo malo hay”, tronó.

Con él coincidió Ortiz a quien este proceso ni le cuadra, ni le tiene sentido. “No tiene conocimiento de un contrato de $300 millones en medio de una emergencia donde el principal objetivo, dicho por el propio gobernador, es el restablecimiento de la energía eléctrica: eso es irresponsable. Parecería que la irresponsabilidad es por diseño y es organizada”.

Para evitar distracciones en los trabajos de reconstrucción del País, Rosselló Nevares ordenó el 29 de octubre a la AEE cancelar el contrato de Whitefish, 34 días después de que se suscribiera el acuerdo. Previamente, había dicho que la Autoridad era autónoma y podía firmar contratos sin intervención directa del gobernador. Para el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo la intromisión de ejecutivo lacera la autonomía de la junta de gobierno de la corporación, dijo en entrevista radial.

“Si hubiese una política pública no hubiese sucedido el contrato de Whitefish”, sentenció Ortiz.

PUERTO RICO URGE UNA POLÍTICA PÚBLICA ENERGÉTICA

Y es que, según Ortiz, Puerto Rico no cuenta con una “política pública energética vigente, implementable, ni evaluable”.

Aunque manifestó que firmar un contrato con una subcontratista como Whitefish “no tiene nada malo”, el error estuvo en no tener claro “para qué y para dónde”. Asimismo, atribuyó parte de la problemática a las cúpulas donde se toman estas decisiones por estar “viciadas, altamente politizadas y sumamente cerradas”.

“[María] le quitó el velo a nuestra vulnerabilidad en términos de infraestructura y que Puerto Rico no tiene una política pública de manejo de emergencia, ni para la resiliencia energética de País”, argumentó.

Al hablar de resiliencia, Ortiz apuntó a la capacidad de recibir un golpe, absolverlo y, en tiempo razonable, aprender y adaptarse a la nueva realidad.

“El modelo de gobernanza puertorriqueño para bregar con emergencias no permite que se desarrolle una política pública sana y coherente para el País”, añadió el miembro directivo del instituto enfocado en energía.

Parecería, de acuerdo con Ortiz, que la estructura está hecha para que la gobernanza no se realice de una manera abierta a la sociedad, donde ha sido creada para el “lucro” y es “terreno fértil en miembros de la administración actual”.

La situación preocupa y más cuando toda la sociedad ha sido ensamblada con la infraestructura energética como su espina dorsal. Los autos necesitan del sistema para transitar en la noche por las vías públicas, los supermercados necesitan de la Autoridad para que las personas puedan abastecerse de alimentos, el sistema de acueductos y agua potable necesita de energía. No hay que ser cliente de la AEE para utilizar el servicio.

“La gente está muriendo. Entre las góndolas vacías, los cuerpos descomponiéndose en la morge, la incapacidad del Registro Demográfico de registrar nacimientos y la situación actual de nuestros universitarios, el factor común de todo ese andamiaje caído es la infraestructura energética. La Autoridad le sirve a toda la sociedad”, puntualizó.

A todo este enredo, se le suma que los boricuas están emigrando del País y no se ha visto un plan de contingencia por parte del gobierno.

“Hay unos sectores que están huyendo del País. Entre más gente tú le saques al sistema, entre más clientes tú le saques, más difícil se le va a hacer a la Autoridad salir del atolladero fiscal donde está. Si hay cada vez menos gente, ¿quién va a pagar”?, cuestionó.

Es por estas razones que Ortiz cree oportuna una “revolución energética de País” en la que se desarrollen políticas públicas basadas en justicia, resiliencia y participación amplia de todos los sectores –incluyendo a la rezagada Academia–, para no volver a edificar la misma sociedad.

“La politiquería necesita echarse a un lado para que nuevos actores entren a la discusión”, recomendó.

“NOS ESPERAN DÍAS MUY DIFÍCILES”

Puerto Rico se enfrenta al mayor desastre de su historia moderna. Una catástrofe que se suma a una crisis fiscal con una deuda pública de más de $74,000 millones que carga a cuestas. Y una economía maltrecha desde antes que recibiera el impacto del fenómeno atmosférico.

Por tal, los expertos exhortaron a que hoy, más que nunca, es un imperativo moral utilizar con rectitud el dinero del pueblo.

“Cada vez que el dinero público se maneja mal, quien pierde es el pueblo. La soga parte por lo más fino: nosotros”, zanjó Negrón Portillo.

“Pierden los más vulnerables. María ha azotado a todo el País, pero no de la misma manera”, apoyó Ortiz.

A 46 días de María, Rosselló Nevares no ha presentado un plan alineado y efectivo para levantar a Puerto Rico. Intentó crear la Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico, la cual fue derrotada unánimemente por el Senado por interpretarse como una usurpación de poderes entre las ramas políticas donde la mayoría recaería sobre Rosselló.

“Eso era una locura, iba en contra de un sistema como el nuestro de separación de poderes. La rama política que representa al pueblo es la Legislatura y de momento este proyecto quería quitarle los poderes. ¿Tú le estás pidiendo a la Asamblea Legislativa que se doblegue y le entregue los poderes al gobernador?”, criticó Negrón Portillo enérgicamente.

Estas “vergüenzas” –como las llamó el catedrático– ocurren cuando “tienes gente del sector privado, de tribunales, tomando decisiones de política pública” o si “no tienes la más mínima idea de lo que está pasando”.

Algo parecido sucedió con el toque de queda implantado por Rosselló Nevares el 30 de octubre, día antes de la festividad de Halloween, y que tuvo que enmendar al día siguiente por obviar a los negocios y la actividad económica que se levantaría por ser, también, la final de la Serie Mundial de béisbol.

“Mira el espectáculo de las escuelas de Puerto Rico, cómo a 42 días [día de la entrevista] tú no sabes qué escuelas utilizar y cuáles no. Esto es una locura”, soltó entre carcajadas.

Ante toda esta evidencia de “falta de preparación, “incapacidad”, “falta de experiencia”, “desfase” e “improvisación”, Negrón Portillo vislumbra que la Junta de Control Fiscal tomará cada vez más poder de la gobernanza de Puerto Rico.

Por ejemplo, el ente federal impuesto por el Congreso propuso a Noel Zamot, actual coordinador de revitalización de infraestructura bajo el Título V de Promesa, como “principal oficial de transformación” –o síndico– para la AEE. La designación, a la que se opuso el gobierno, está en manos de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de reestructuración de deuda de la corporación pública.

“Yo creo que la Junta de Control Fiscal va a ir tomando más decisiones y tomando el control del gobierno de Puerto Rico. Podremos ver síndicos en otros departamentos, en Hacienda, en Educación. Es mi impresión y me gustaría equivocarme”, auguró.

“Es muy penoso. Nos esperan días muy difíciles”, lamentó Negrón Portillo.

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Original del publicado en Diálogo. 

Naufraga la pesca boricua luego del huracán

Pescadores de Aguadilla, Aguada y Cabo Rojo cuentan las vicisitudes que pasan a diario por carecer de ayudas por parte de las agencias pertinentes. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

Ramón Blas Román aún se levanta a las 5:00 a.m. para preparar su equipo de pesca, pero ya no puede seguir la misma rutina que llevaba hace más de 60 años. El paso del huracán María por Puerto Rico afectó su trabajo. El mar entró a tierra y arrasó con todo a su paso. Frente a su casa, solo quedan las ruinas de lo que fue una de las más exitosas villas pesqueras de la isla: la Asociación de Pescadores de Aguadilla.

Ramón, a quien apodan ‘Moncho’ y funge como administrador de la Asociación, no fue el único que quedó sin sustento para su familia. La villa agrupaba a 14 pescadores. Ese era su único trabajo. “Vivían de la pesca todos. Ahora están en sus casas, no hallan qué hacer”, lamentó. Las olas, que según el hombre alcanzaron los 50 pies, destrozaron las artes de pesca, siete embarcaciones, el ranchón donde guardaban las yolas, los refrigeradores, la planta eléctrica y la edificación donde almacenaban los motores. La cafetería, que también servía como restaurante, quedó inclinada hacia la playa y a ratos recibe un beso del vaivén de las olas.

Ramón “Moncho” Blas Román pesca desde sus 14 años. Es su modo de vida, su sustento. “Ahora se acabó, hasta que nos levantemos de nuevo”, dijo con su mirada fija en las ruinas de la villa pesquera. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

“Hasta ahora, yo no he visto ni al alcalde por aquí, ni a FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias]. Yo no he visto a nadie. Solo se nos acercó [el Departamento de] Agricultura, que iba a venir a bregar con nosotros, pero hasta el día de hoy yo no he visto nada”, denunció Moncho.

La visita del secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, a Crash Boat –originalmente conocida como Playuela– no fue del agrado de los pescadores, pues funcionarios de la agencia insinuaron que parte de la culpa del desastre fue por negligencia.

“Nosotros hablamos con Agricultura y nos dijo que por qué no sacamos los botes, pues si sabíamos que venía un huracán para acá. No nos dijo más na’. Pero qué sabíamos nosotros que iba a llegar hasta ahí porque nunca había llegado, el mar nunca había llegado ahí, es la primera vez. Por eso los dejamos en la playa”, contó el administrador de la villa pesquera. Antes del fenómeno atmosférico, la edificación se encontraba a unos 300 pies de la playa.

Los pescadores han intentado hacer gestiones para conseguir ayudas, “estamos corriendo a todas las agencias del gobierno. Hemos ido como a tres oficinas de Agricultura”, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Se han tenido que conformar con el desempleo por desastre otorgado por FEMA.

“Nadie de aquí, del Gobierno de Puerto Rico, se ha acercado a nosotros. Solo han venido los americanos a abastecernos de agua y a traernos comida. Nadie del País, ‘nacarile’, nadie ha venido”, criticó Moncho.

Antes del paso del huracán, la estructura se encontraba a unos 300 pies del agua. El mar nunca le había alcanzado. Hoy, lo que un día fue una cafetería, se balancea al ritmo de las olas. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

El consenso entre los marinos es uno: que los reubiquen. Su edificio ahora queda dentro del mar y dicen que el gobierno no puede arriesgarse a gastar dinero para que en el próximo temporal se vuelva a perder. Es por esto que los trabajadores desean ser relocalizados a su antiguo edificio, cerca del destruido y más alejado de la playa.

“Del huracán para acá no estamos pescando. No podemos salir, nos rompió todos los botecitos. Todas las yolas de los pescadores se rompieron. La lancha mía está enganchada en el carretón, lo partió. No se puede hacer na’ porque a quién le vamos a vender pesca’o. No hay a quién venderle. Luz no tenemos, la planta que nosotros teníamos ahí se nos dañó. El mar se metió dentro del edificio y la ensopó. Los freezers los perdimos, todos los freezers. El walking freezer se dañó, era donde almacenábamos los pesca’os”, soltó resignado.

En los refrigeradores habían más de tres mil libras de pescado de caritas, chillo, colirubias, bonitos, mero cherna. “Yo vendía la libra a $6.50, imagínate”. Todo se perdió. Por tal, los pescadores solicitan alguna ayuda económica que se genere a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) o el Departamento de Agricultura, a quien le pertenece la villa pesquera. “[Los marineros] no están generando dinero. Quizás una ayuda pa’ que puedan bregar en los botes. Ahora mismo no tienen el dinero para arreglar los botes”, añadió.

El desastre fue aún mayor cuando horas posteriores al paso del huracán llegaron al lugar otros pescadores que no son socios para saquear. Moncho los vio y afirma que se llevaron los motores y los abanicos de los freezers. También se robaron el cobre. “Acabaron con eso ahí. Se iban a llevar la planta, suerte que yo llegué a tiempo por la noche, como eso estaba a oscuras. Se hizo una querella. Se creían que eso era día de fiesta saboteando todo lo que había”, dijo.

A pesar de la tragedia, Moncho sonríe. Quizás porque el mar y el sol siempre son una buena razón para hacerlo, aunque no se pueda disfrutar de ello y solo quede mirarlos. Él los conoce bien, desde sus 14 años cuando su padre, también pescador, le enseñó el arte de cazar criaturas marinas. Su madre murió cuando él nació, hace 74 años. Crió a sus cinco hijos con el agua salá’, tres hembras y dos varones. Ángela, la mayor de las hijas, le acompaña a pescar. Moncho lo disfruta, es su vida, suelta. “Ahora se acabó, hasta que nos levantemos de nuevo, pero se va a coger un tiempito”.

Moncho tiene la piel tostada por el sol. Habla con una sonrisa, como si la playa le hubiese endulzado la vida. Hace nueve meses administra la Asociación de Pescadores de Aguadilla. Tiene la encomienda de un trabajo duro: su restauración. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

“LA VENTA ESTÁ MUERTA”

A unas millas de Aguadilla, en el Barrio Espinar de Aguada, la pescadería Belmaris Delmar corrió con una suerte distinta. No sufrieron daños significativos en su estructura a pesar de estar localizados a orillas de la playa. Sin embargo, eso no les ha salvado de las calamidades.

Allí, Juan Carlos Ayala González intenta salir a flote con su pescadería y con el restaurante La Casa del Dorado. Tiene una planta eléctrica que lo ayuda a subsistir, pero no le es suficiente, pues “la venta está muerta”.

“Yo estoy sobreviviendo por el negocio, de la gente que viene a comer que ha sido la mitad, el comercio bajó a la mitad. Aquí dependían 23 que trabajaban conmigo, ahora tuve que cortarlos, no hay ni 12”, comentó Ayala González.

La pescadería también era el sustento de unos diez pescadores que no han podido salir al mar, pues las bajas ventas de pescado por los pocos negocios que quedaron en pie, sumado a la falta de energía eléctrica en los restaurantes, no hacen costo efectivo el trabajo. “Eso es lo que nos está matando: la luz”, achacó. Tras el paso de María, el propietario aseguró que ha perdido más de $30 mil.

“[Los pescadores] dependen de esto. [Necesito] que el comercio se estabilice porque si no compran pesca’o, ¿qué vamos a hacer con el pesca’o?”, cuestionó el hombre quien lleva ocho años en el lugar.

“NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS”

Al menos, en Villa La Mela en Cabo Rojo, un hombre les compra la pesca y se la vende a los pocos restaurantes que están operantes en la zona de Joyuda. La villa pesquera del lugar reúne unos 20 pescadores, pero solo están saliendo al mar dos y un buzo. La pesca tampoco abunda en la zona.

“Todos los días bajamos los mismos, hay muchos que están con una dejadez, no aparecen, ni vienen ni siquiera a saludarnos”, contó Ángel Luis “El Negro” Medina quien zarpó hace unos días y apenas logró pescar unas 20 libras.

La mirada de Ángel Luis “El Negro” Medina refleja sentimientos encontrados. Tristeza e impotencia, por un lado, pero un halo de esperanza se impone. Lo acentúan sus palabras. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

“Los muelles estaban destroza’os y los hemos remenda’o ahí como hemos podido, con lo que recogimos por ahí. Tenemos todo ‘esbarata’o aquí”, describió El Negro.

Igualmente, quedó la Asociación de Pescadores Pargo de Profundidad en el Barrio Barrero en Rincón donde el edificio en el que se limpiaban los pescados sucumbió a las marejadas ciclónicas y quedó como barcaza encallada en la arena. La estructura continua permanece erguida, pero la entrada al lugar quedó disgregada.

Al momento de la visita –organizada por Jannette Ramos García, coordinadora del proyecto “¡Come pez león!” del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez– no habían pescadores en el área.

Una estructura encallada en la arena. Un edificación, que servía para el lavado de peces, que colapsa por el paso de María. Con ella, la vida de decenas de pescadores está en riesgo. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

Villa La Mela le pertenece a Agricultura. Ellos no han ido. “Aquí no ha venido nadie, nadie, ni el municipio, nada… No ha venido nadie a decir: ‘qué hace falta aquí, en qué podemos ayudarles’”, reprochó.

A falta de ayudas por parte de las agencias pertinentes, Eusebio Rodríguez —pescador de la asociación hace 20 años— fue al Departamento de Agricultura a reclamar por una embarcación de su propiedad a la que se le rompió un lado, se le despegó la capota y se le dañó el motor. Sin embargo, la única orientación que recibió fue que debía llevar dos estimados. Tampoco le dijeron qué recibiría a cambio si lo hacía.

Eusebio Rodríguez pesca hace más de 20 años. Sabe lo que es el trabajo duro. No está para las burocracias. A pesar del desastre, se enrolló las mangas y reparó su bote. Con su amigo reparó el muelle. Porque la vida sigue. (Cortesía Ricardo Alcaraz)

Eusebio no está para las burocracias. “Yo le puse unos parchos para poder pescar porque si no…”. A pesar de las vicisitudes, se mantiene optimista: “estamos vivos por lo menos, estamos vivos pa’ contarlo”.

Parece que ser pescador es sinónimo de fe. De eso viven, de la esperanza.

“Yo espero que esto se vaya normalizando ya por lo menos antes de un mes… Estamos locos porque esto pase a ver si empezamos a pescar de lleno otra vez… Como dice el refrán: ‘no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista’”, lanzó El Negro.

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Lea la primera parte de este reportaje sobre el estado de la pesca tras el paso del huracán María por Puerto Rico: Olvidados los pescadores tras el paso de María

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Original del publicado en Diálogo. 

Cambios en medicamentos “van a tener consecuencias mucho más costosas”

En aras de atajar los altos costos en los medicamentos, ASES eliminó 61 fármacos de la lista de medicamentos. Expertos analizan las implicaciones de esta determinación en los pacientes. (Visual Hunt)

Se estima que en Puerto Rico hay más de 300 mil personas que padecen de algún trastorno de tiroides, y aquellas que traten su condición con el medicamento Synthroid pudieran verse afectados con la nueva Lista de Medicamentos Preferidos de la Administración de Seguros de Salud (ASES) que lo eliminó de la cubierta del Plan de Salud del Gobierno.

En aras de atajar los altos costos en los medicamentos, ASES ideó unos nuevos contratos en el cuales, entre otros asuntos, se eliminaron 61 fármacos de la lista de medicamentos que fueron sustituidos por unos más económicos. Con estos cambios los más perjudicados pudieran ser los pacientes y las farmacias de comunidad.

“El problema principal consiste en la transición en lo que el paciente cambia de su medicamento al nuevo que esté en el formulario. Va a tomar un tiempo y eso va a causar un descontrol que esperamos sea temporero. Pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en pasar ese descontrol y podría tener consecuencias mayores”, explicó Francisco Javier Jiménez, catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En el caso específico del Synthroid, una hormona para tratar la deficiencia hormonal de la tiroides en el cuerpo, podría ser fatal para el estado de salud de los pacientes.

“En lo que esa dosis nueva que el paciente toma se estabiliza va a tardar más o menos tres a cuatro semanas. Sin embargo, aun [con los medicamentos bioequivalentes] puede ser que el paciente no alcance los mismos niveles en la sangre, por eso se recomienda que el paciente use siempre el mismo medicamento para evitar que haya esos cambios de niveles en la sangre”, detalló Jiménez.

Aunque el también director del Programa de Residencias de Farmacias de Comunidad de la Escuela de Farmacia del RCM aseguró que la orden de ASES ha sido que con el Synthroid iba a seguir la cubierta siempre y cuando el médico lo especificara en la receta, en la práctica parece no estar operando de esa manera.

“Se nos habla del Synthroid que se lo iban a aprobar al paciente, el original, siempre y cuando el médico así lo hiciera saber en la receta y no ha sido así. Te puedo decir que todos los Synthroid que nos llegan con la frase de no sustituir, tenemos que enviarlos al plan para que sean autorizados”, contó Idalia Bonilla, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

La directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila –quien no estuvo disponible para una entrevista con Diálogo– ha dicho en los medios que el gobierno no asumiría el riesgo del medicamento, sino las aseguradoras.

Según la nueva cubierta de ASES que entró en vigor el pasado 2 de junio, el 21% de los fármacos retirados están destinados a atender las tres condiciones que causan más muertes en Puerto Rico: corazón, cáncer y diabetes. Situación que no deja de preocupar a los expertos.

“Si tenemos un descontrol en la condición de la hipertensión, definitivamente podríamos tener consecuencias fatales. Si tenemos un descontrol en la presión en un paciente que sea vulnerable, de alto riesgo cardiovascular, puede terminar teniendo un infarto al corazón, un accidente cerebrovascular, una enfermedad de riñón, entre otros”, puntualizó Jiménez.

Igualmente, siete de estos medicamentos, que serán sustituidos por algún otro dentro de la misma categoría, están destinados a atender enfermedades de salud mental.

“Hay que tener mucha precaución porque esas condiciones en los pacientes se pueden descontrolar. Entonces, son condiciones difíciles de tratar, son vulnerables a los cambios. En el caso de los niños que son muchos de los afectados en esos cambios, una vez están estables en la escuela con la dosis que su cuerpo conoce, lo que pasa es que se puede afectar su productividad académica”, alertó el catedrático del RCM.

Asimismo, Jiménez advirtió que la mayoría de los 61 fármacos de la lista de medicamentos de ASES son de uso común, por lo que “muchas personas van a tener problemas en el control de sus condiciones, aunque sea temporero”. Por tanto, exhortó a que las transiciones se realicen lo más ligero y fácil posible porque si se tiene un descontrol en el tratamiento de los pacientes las consecuencias pueden ser mayores.

“Estamos mirando las cosas al momento, a nivel agudo, pero no estamos pensando en las consecuencias a largo plazo. Muchas veces estos descontroles van a tener consecuencias mucho más costosas que los fármacos mismos”, alertó.

Las cinco aseguradoras de salud que administran el Plan de Salud del Gobierno son: MMM, PMC, Molina Healthcare, Triple-S y First Medical.

UNA ODISEA CON LAS FARMACIAS DE COMUNIDAD

Los cambios en los nuevos contratos no solo han levantado bandera sobre el impacto que tendrán en los pacientes, sino que ha cubierto de incertidumbre a las farmacias de comunidad que no saben si podrán subsistir con las nuevas estipulaciones.

“Bajo los nuevos términos ellos excluyeron una serie de descuento en esos contratos que las farmacias no vamos a poder sobrevivir con ellos”, explicó Bonilla quien dijo que las farmacias de comunidad dependen en más de un 80% de los pacientes con el Plan de Salud del Gobierno.

Hasta el momento la presidenta de la Asociación adelantó que tres farmacias ya se han comunicado con ella para decirle que cerrarán sus puertas por los nuevos contratos.

Anteriormente, las farmacias operaban con el costo del medicamento menos un 11%, ahora será menos un 14%. Esto significa que si la farmacia compra un fármaco en $10, ASES le pagará $1.40 menos.

Pero la situación se agrava más. “Si yo estoy acogida a un contrato de un menos 16 y el plan me quita un 14, pues yo tengo un dos por ciento para operar. Con eso tengo que pagar agua, luz, empleado, todas mis utilidades. Hacer una receta hoy día cuesta $20 por todos los gastos operacionales que inciden”, señaló Bonilla.

Además, hay otra lista de medicamentos de alto costo en los cuales los aumentos pueden ir desde un 16% a un 42%, incluso más. Acción que ha levantado la crítica entre las farmacias.

“Aunque muchos son de alto costo, otros son medicamentos comúnmente dispensados por las farmacias en Puerto Rico y no encontramos la razón para que estén en esa lista y tengamos que exponernos a un menos 16%”, reprobó Bonilla.

Entre los ejemplos que brindó la licenciada de los medicamentos de alto costo incluidos se encuentran: Kenalog inyectable, que aseguró lo dispensa todos los días en su farmacia; Keppra, un anticonvulsivo; Levenox, “que puede costar $5”; Boniva, que ronda por los $11; y el Solu-Medrol que según Bonilla cuesta $13.

Incluso, la presidenta de la Asociación comunicó que las recetas de insulina –para atender la condición de diabetes– no se las están aprobando de primera intención a pacientes que nunca las hayan usado, por lo que debe esperar unos tres días en lo que la aseguradora aprueba el medicamento.

“Nosotros no estamos defendiendo lo económico, nosotros estamos tratando de sobrevivir y de que el paciente no sufra las consecuencias. Las farmacias estamos pagando todo este calvario junto a los pacientes. El paciente no va a tener el inventario a su disposición, entonces se va a afectar el acceso”, lamentó la experta, quien representa sobre 750 farmacias de comunidad. 

La información fue obtenida de un parte de prensa enviado por ASES.

Con la licenciada coincidió el director ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas Coopharma, Heriberto Ortiz, quien recalcó que sus socios se encuentran “muy preocupados” por el ajuste a los contratos.

“Esto podría crear una escasez [de medicamentos] a nivel de toda la isla porque las farmacias no estarían en la disposición de comprar unos medicamentos los cuales el plan de gobierno no le esté rembolsando los costos de adquisición del mismo”, indicó.

Además, Ortiz apuntó que estas nuevas medidas impactarán a más de los 61 medicamentos de la lista de ASES porque si las farmacias no reciben la remuneración adecuada por los fármacos comprados, no tendrán el capital para obtener otros.

Los medicamentos para enfermedades catastróficas, por ejemplo, pueden costar $100, el plan solo le podría estar pagando $40 o $60. “Es imposible que una farmacia pueda operar así”, denunció el director ejecutivo de Coopharma quien también prevé cierres de farmacias.

Actualmente, según las cifras de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas en Puerto Rico anualmente cierran unas 10 farmacias, número que advierte irá en aumento en los próximos seis o siete meses.

Diálogo le hizo el acercamiento al presidente de Farmacias Aliadas, Gil Nieves, y a la presidenta del Colegio Farmacéutico, Nayda Rivera, para conocer sus posturas en cuanto al tema, pero no estuvieron disponibles. Tampoco la comisionada residente, Jenniffer González, contestó nuestros pedidos de entrevista.

Si bien esta decisión de ASES remite a una disminución en los gastos del Plan de Salud del Gobierno que tendrá –si así lo aprueba la Junta de Control Fiscal– un presupuesto de $2,890 millones, Bonilla está firme en que la soga partió por lo más fino.

“Aquí hubo unos intermediarios que orientaron a ASES protegiendo sus propios intereses y no fueron objetivos en ningún momento”, dijo con firmeza la presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

Aunque la licenciada expresó estar consciente de la crisis fiscal que atraviesa el País y de que las farmacias también deben aportar, aseguró que el gobierno no fiscalizó los PBM (Pharmacy Benefit Manager) intermediarios entre los proveedores (farmacias) y las aseguradoras.

“Esa es la entidad que hay que regular porque adjudica precios, estipula lo que se va a cubrir y lo que no. Ahí es que está el ahorro. No es en las farmacias, no es tocar el paciente, hay que hacer un análisis más exhaustivo a esos intermediarios donde están los millones de dólares. Ya es hora de que abran sus libros. Si la administración actual tiene la voluntad de regular, se va a dar cuenta de todo el ahorro económico que hay ahí”, soltó.

El pasado domingo, el Senado aprobó el Proyecto de Ley 218 que busca regular a los PBM creando la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud para “supervisarlos y fiscalizarlos”. Ahora, la medida pasa a la Cámara quien la atenderá en la próxima sesión ordinaria.

“Nos estamos asegurando que los pacientes no se les haya afectado el acceso a sus medicamentos. Vamos a estar vigilantes y vamos a denunciar si se les viola a los pacientes su derecho a la libre selección de farmacia, si se les priva el acceso a sus medicamentos”, remató Bonilla quien aseguró que no dudará en ir a los tribunales si es necesario.

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Original del publicado en Diálogo. 

Hacia una nueva definición del concepto “madre”

Lejos de la imagen acartonada de las tarjetas de felicitación, reflexionamos acerca de cómo se transformó la perspectiva del rol de las madres.

Madre: Del lat. mater, –tris.

1. Mujer o animal hembra que ha parido

a otro ser de su misma especie.

– Diccionario de la Real Academia Española

La primera palabra que aprendió a decir Nadia Alicea fue mamá. Igual que muchos otros niños, la repetición de la m con la a salieron de su boquita mientras sus padres celebraban. Sin embargo, Nadia no se imaginaba que once años más tarde, este concepto sería un imaginario, pues su núcleo familiar estaría compuesto por papá, papá, hermana y ella.

Ese rol maternal que la sociedad le ha impuesto a las mujeres y que en cierto modo hoy reproducimos, ese que enfatiza que ellas son las que atienden a los hijos, que son el consuelo y el amor ilimitado de la familia, a Nadia no le faltó, cuenta su padre Arnaldo Alicea.

“Los niños tienden a entender que la madre es el paño de lágrimas, el amor incondicional y la parte amorosa de la familia, pero esa imagen podemos dársela nosotros mismos [los padres]”, asegura Arnaldo.

La madre de Nadia, y de su hermana Eva, murió cuando ellas tenían siete y tres años, en ese orden. Fueron cuatro años en los que Arnaldo asumió ambos roles. Crió a sus hijas. Recuerda que en ese tiempo se le hacía difícil ir a una tienda por departamento y no saber a qué probador entrar. En el de hombres no dejaban entrar a las niñas y él no podía entrar con su hijas al probador de mujeres, confiesa y ríe.

Cuatro años más tarde, se integró a la familia su esposo, Max Chárriez. Arnaldo explica que, en su caso, la integración de Max no fue un dilema familiar, pues cuando su esposa aún participaba de la crianza de las niñas los roles tradicionales ya estaban invertidos. Por ejemplo, Arnaldo era el que se encargaba de bañar a las niñas y de leerle los cuentos en las noches.

“Cuando uno rompe los constructos sociales en el hogar el rol no se extraña; se extraña el concepto emocional”, menciona.

En la escuela, Nadia y Eva nunca se han enfrentado a una situación anormal por tener dos papás. “Lo compañeros de clases lo veían como algo normal”, insiste.

Ante esta reacción de los amigos de sus hijas, Arnaldo no comprende por qué en las escuelas del País todavía “siguen con el condena’o sistema de Tita, Tato y Mota” cuando señala que la diversidad familiar que existe es muy amplia.

“Madre no es la que pare, es la que cría”, expresa Arnaldo haciendo referencia al refrán popular que, aunque está arraigado en nuestra tradición popular, parece no haberse puesto en práctica en los cánones sociales.

Y de este refrán se hace eco Ángeles Acosta, quien junto a Carmen Milagros Vélez son madres de Juliana María.

– “¿Verdad mamá, que yo tengo dos mamás?”, preguntó por primera vez Juliana a sus cuatro años.

– “Sí”, le contestó Ángeles con toda naturalidad mientras bajaban la cuesta de la escuela.

– “Me gusta tener dos mamás”, le dijo Juliana.

Aunque siempre han conformado una familia, no fue hasta hace unos años que Ángeles pudo adoptar formalmente a la hija biológica de Carmen Milagros.

– “¿De dónde yo nací?”, fue otras de los cuestionamientos que, como cualquier menor, Juliana les hizo a sus madres.

– “Un buen hombre nos regaló su semilla para que pudieras nacer”, fue la contestación.

Para Ángeles, ha sido “una experiencia maravillosa”, así describe su maternidad y el tono de su voz cambia a uno más suave, tierno, como si se expresara desde el corazón. “Yo no tengo ninguna preocupación con el cariño, el amor y el compromiso que yo tengo hacia mi hija”.

– “Yo no sé por qué nosotros nos parecemos tanto si yo no tengo tu DNA”, le dijo hace unos años Juliana.

– “Porque naciste de mi corazón”, le contestó en aquel momento Ángeles.

“El rol de madre y padre puede ser flexible”, explica la también sicóloga clínica mientras asegura que, socialmente y en el comportamiento, Juliana se parece mucho a ella.

En el colegio, al igual que Nadia y Eva, Juliana —de 16 años— nunca ha tenido problemas con sus compañeros. Sus madres siempre procuran asistir a la mayoría de las actividades de su hija. Se presentan como una familia. Y siempre tachan de los papeles oficiales la palabra padre y le añaden a puño y letra: madre.

“La relación en la escuela ha sido muy buena. No hemos tenido ningún incidente. Ninguno. Ningún tipo de bullying o confrontación contra mi familia”, recalca Ángeles basada en la buena comunicación que asegura tener con Juliana.

Madre: más allá de la palabra

La palabra “madre”, en castellano, proviene del latín mater, explica el lingüista Freddy Acevedo. Asimismo, destaca que “en términos etimológicos está ligada a otras lenguas” como màna en griego o мать en ruso.

“La m está ahí y los sonidos dentales “t” o “d” también”, indica Acevedo, quien entiende que “madre es un concepto instintivo de los seres humanos” pues existe “una continuidad de pensamiento” entre diversas culturas.

Sin embargo, hay una definición que llama mucho la atención. Es del primer diccionario académico de la lengua española, el Diccionario de Autoridades de 1734, una de las acepciones de madre es “ave que empolla los huevos, aunque sean ajenos”. Definición que se mantuvo hasta la edición de 1803.

“Ahí, entonces, hay una definición que no solo es la que concibe sino también la que se hace cargo”, enfatiza el lingüista.

Aunque el Diccionario de la Real Academia Española, en su edición de 2014, posee unas 14 acepciones sobre el concepto, algunas de ellas están muy arraigadas a nuestra cultura puertorriqueña, como la significación con un nivel superior o religioso, con sabiduría, con el origen de algo, así como ser un concepto tan sagrado que si nos mencionan la madre lo tomamos como un insulto.

También, “el concepto madre tiene una concepción metafórica de lugar. La madre es un lugar, es un espacio. En el asunto biológico, la concepción se da en un espacio. Es un aspecto bastante curioso de la función de la madre que acoge”, explica Acevedo.

Así de diversa puede ser la significación del concepto “madre”, del cual todos al escuchar la palabra tenemos ideas distintas de lo que significa. Asimismo sucede en nuestra sociedad. La cantidad de madres es tan amplia que no solo se rige por el concepto de la madre —que muchas veces nos inculca la televisión y la publicidad— de la mujer abnegada, que solo cuida de sus hijos y está encargada del hogar.

Criar desde la experiencia trans
Ignacio Rivera es un hombre trans y es madre. Así lo contó el pasado jueves durante el panel Fluir: la masculinidad de la experiencia de ser trans y de género-queer en la Casa de Cultura Ruth Hernández Torres en Río Piedras.

“Mi hija sabe que papá es trans. Ella sabe que papá nació mujer. Ella sabe que papá tiene vagina”, revela Ignacio.

– “¿Tú estás bien?”, le preguntó su hija cuando Ignacio le contó sobre su decisión de comenzar a tomar hormonas.

– “Sí”, contestó.

– “¿Y ahora te tengo que llamar papi?”

– “No, mami”.

Para Ignacio, su experiencia de ser papá es la mejor que ha tenido en su vida. Ignacio es madre biológica y padre de crianza. Ambos en una sola persona. “Yo crié a mi hija así, ‘tú puedes ser lo que quieras’. La vestía de hombre y de mujer y que ella cuando creciera decidiera ser lo que quisiera”, cuenta.

Urge romper el discurso de la maternidad tradicional

La socióloga Marcia Rivera, expone que posee muchas críticas de cómo se ha manejado el concepto de la maternidad. Aborrece un poco el discurso acaramelado que inculcan los medios y la publicidad. “Empalaga”, dice.

“Es una cosa terrible porque la realidad de las mujeres que han decidido voluntariamente ser madres está muy alejada de lo que nos presentan los medios”, enfatiza la experta mientras menciona el ajetreo diario como uno de los factores que rompe la idealización del rol materno.

“El canon que se nos vende es que todas las madres lo dejan todo por la crianza de sus hijos”, añade.

Para la socióloga y profesora universitaria, la crianza de las madres abnegadas crea niños sobreprotegidos que en el futuro son incapaces de enfrentarse a sus problemas.

“Hay que criar para la autonomía. En Puerto Rico [a los niños] se les protege demasiado y se les impide participar, tomar decisiones y ejercer su criterio”, destaca al tiempo que asegura que esto lleva a la rebeldía de los menores y, por extensión, a problemas sociales y políticos al cargar con el imaginario de que no pueden tomar decisiones sin que otros las aprueben.

Y este rol de la crianza y la maternidad no solo recae en las madres, sostiene Rivera, sino que “las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades intelectuales” para educar y formar a los hijos.

“La relación que se establece entre un niño que nace y la madre o la persona que desea criarlo es importante en los primeros siete años. Según la calidad de la empatía que se le brinde, definirá el futuro de estos niños”, destaca la socióloga. Los menores tienen que desarrollarse en un clima lejano a la adversidad, puntualiza.

Marcia Rivera está muy clara en un aspecto en cuanto al tema de la maternidad: “La sociedad sería mejor si no reproducimos los roles que fomentan prejuicios”.

Prejuicios que, explica, provienen de principios del siglo XX cuando las campesinas comenzaron a llegar a la ciudad y empezaron a anhelar ser como la mujer de la clase adinerada y religiosa que se quedaba en la casa atendiendo a los hijos.

Anterior a esto, la mujer puertorriqueña —durante el régimen colonial español— estuvo a cargo del trabajo agrícola, así como del hogar de sus hacendados. Siempre trabajando porque la familia era sinónimo de producción, expone Rivera.

Igual con la invasión de Estados Unidos, cuando la mujer es echada de la hacienda, es forzada a construirse una chocita en las periferias y se ve en la necesidad de inmiscuirse en la industria de la aguja y el tabaco.

“El peligro es que el fundamentalismo religioso ha adoptado que las mujeres son mansitas y el hombre es el jefe del hogar. Las mujeres deben quedarse en el hogar y que todos los problemas en el mundo son por culpa de que las mujeres salieron al mundo a trabajar”, asegura la experta.

Datos del Censo de los Estados Unidos (2010).

Con Rivera coincide Amárilis Pagán, quien crió a sus tres hijos —Isadora, Jaime y Sebastián— sola. Aunque ha tenido parejas que la han acompañado en el proceso, Amárilis dice ser celosa, por lo que para sus hijos su única madre es ella, dice entre risas.

Para Pagán, hay gente que pretende que, a cuenta de la maternidad, “las mujeres seamos el personaje secundario de nuestras propias vidas. De repente el rol protagónico le pertenece a los niños y a las niñas”.

“La sociedad no nos la hace fácil”, suelta en lo bajo Pagán, quien actualmente es la directora ejecutiva del Proyecto Matria. “Yo no me arrepiento de ser mamá”, añade y recobra el mismo todo de voz. “Pero reconozco que ser mamá y criar mayormente sola te impone unas cargas adicionales que hace que por las noches llegues a la cama literalmente gateando del cansancio”.

Asimismo, destaca que criar hijos en solitario, hace que “oportunidades que hubieses podido aprovechar en una sociedad más igualitarias las tengas que dejar pasar para trabajar con tus niños y niñas”.

Según la activista de derechos humanos y abogada, la decisión de quedarse en el hogar y reproducir el estereotipo es válido, siempre y cuando, sea de manera libre. Libertad que también cuestiona puesto que desde pequeñas a las mujeres se les “socializa para ser mamá, los regalos de Navidad, de cumpleaños, son muñecas, cocinitas, cochecitos”. Pagán apunta que la libertad tiene que ser real, sin expectativas sociales o familiares de que las mujeres deben parir y criar.

Al mirar los datos del último Censo de los Estados Unidos en 2010, solo el 45% de las familias —unos 619,876 hogares— están compuestos por la composición familiar tradicional, entiéndase, mamá, papá e hijos.

Sin embargo, Rivera va un poco más allá y señala que, según los datos del registro demográfico, el 65% de los niños y niñas nacen fuera del matrimonio.

“Así que estamos diciendo que hace décadas, las familias tradicionales, como las definen ciertos grupos en Puerto Rico, no son la mayoría”, destaca.

Por esta razón, la abogada entiende que tanto niños como niñas, desde la infancia, deberían educarse para elegir el rol que prefieran ejercer en su adultez. En específico, educar para el respeto y la compresión de las diversas estructuras familiares que existen.

“Niños y niñas deberían entender lo que implica criar otros seres humanos pero que también aprendan que hay que educarlos más allá de los roles tradicionales. A los niños hay que enseñarlos a querer, a expresar emociones. Hay que educar para la equidad desde la infancia”, menciona la licenciada mientras lamenta la eliminación de la Carta Circular del Departamento de Educación que viabilizaba una enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas del País.

Educar más allá de estereotipos

Entonces, ¿afectará sicológicamente que un niño o niña no posea el rol materno de una mujer?

La respuesta para José González, sicólogo académico-investigativo, es sencilla: No.

Que el rol materno sea femenino no es un elemento “sustancial o súper necesario para una persona porque no necesariamente tiene que ser así”, pues, sicológicamente el papel lo puede ejercer un padre, abuela, hermano, tía, o cualquier otra personas que le brinde amor y cuidado a los menores.

Aunque los entrevistados aseguraron que sus hijos nunca han recibido violencia alguna en las escuelas o colegios, esa quizás no es la norma. ¿Qué sucede con estos pequeños a los cuales no se les valida su núcleo familiar? ¿Qué sucede con los niños que no se identifican con estereotipos familiares con los cuales aprende a leer con la familia de Tito, Rosa, Pepín y Mota?

“En el caso de un niño que no tienen las herramientas y los mecanismos emocionales para defenderse y tampoco para entender por qué él es distinto a los demás, sin lugar a dudas le va a afectar en cómo se concibe a él mismo”, dice González.

Y es que, según el sicólogo, todo ser humano necesita validación, si nadie a tu alrededor reconoce como válido, creíble o que tiene valor, algo que tú llevas a cabo, “es muy difícil que por ti mismo le puedas dar valor. Para todos los efectos tú serías como el loco de la película”.

Esto sucede debido a que nosotros le damos sentido a la vida en función de las estructuras que nos inventamos y creamos, “entre ellas, la familia”, explica el experto.

Por esta razón, sostiene que es importante que los niños y niñas creen vínculos afectivos saludables con sus cuidadores para cuando un compañero o un maestro traten de invalidar su estructura familiar el niño no se afecte emocionalmente.

“En mi visión de mundo, yo creo que educar basados en la dignidad humana, es decir, en que todo el mundo tiene el derecho a que su proyecto de felicidad en la vida se pueda cumplir. Que la sociedad sirva de medio para que tanto tu proyecto de ser feliz, como el mío, sean posibles. Una sociedad donde sea más fácil poder ver todas las permutaciones que permiten los seres humanos”, idealiza el sicólogo sin descartar la perspectiva de género como una herramienta básica para combatir el discrimen.

Esta educación con perspectiva de género abriría el camino para no ser bombardeados las semanas previas al Día de las Madres con publicidad casi exclusiva de familias tradicionales donde los regalos que predominan son artefactos que facilitan las tareas domésticas del hogar.

“No creo que se deba eliminar el Día de las Madres, pero sí entiendo que debe haber diversidad incluida ese día reconociendo que la madre no es solamente la que pare y no es necesariamente la que tiene un hijo”, concluye el González.

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Original del publicado en Diálogo. 

Cultura burocrática, piedra de tropiezo de la Universidad

Varios institutos del sistema universitario, que se encargan de allegar fondos externos, convinieron en que el esquema jerárquico que rige la UPR es un factor que hay que corregir para ser un prestador de servicios eficiente para el gobierno.

Cuando el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzó a trabajar con la Oficina Estatal de Política Pública Energética no sabía que sería tan complicado que el sistema universitario le pagara por su trabajo prestado al gobierno.

Y en esta ocasión, el problema no es culpa de la agencia gubernamental que se ha tardado en pagar como pasa en muchas ocasiones, como en el Departamento de Educación, sino es de la UPR quien por su aparato burocrático no ha sabido cómo desembolsarle ese dinero a profesores que fungieron como expertos en temas de energía renovable.

La situación es preocupante, no solo para los catedráticos que invirtieron de su tiempo, esfuerzo y conocimiento de manera gratuita (hasta ahora), sino porque la UPR está destinada a convertirse en prestadora de servicios para el gobierno y su cultura burocrática podría impedir que los esfuerzos para que la institución atraiga fondos se desvanezcan.

Y es que ante la fuerte crisis económica que enfrenta el país, el gobierno propuso que la Universidad de Puerto Rico se convierta en uno de sus principales proveedores de servicios. Para buscar atajar la crisis fiscal del gobierno –que ronda por los $70 mil millones– y fortalecer las finanzas del sistema universitario –que en 2015 cerró con un déficit de $1,600 millones­– Rosselló firmó la Orden Ejecutiva 2017 – 021.

Esta orden del Primer Mandatario establece que todas las agencias de la rama ejecutiva deberán tener como prioridad contratar la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación. Según Rosselló Nevares, el estado invierte más de $450 millones en contrataciones externas y esta medida llevaría a la universidad recursos monetarios que hoy no tiene, además de mitigar las limitaciones y los retos fiscales de la URP.

Sin embargo, ni el mandato de Rosselló Nevares ni la Ley para la administración y transformación de los recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico, conocida popularmente como la Ley del Empleador Único, mencionan cómo se ajustará el andamiaje burocrático de la UPR para agilizar los procesos y convertir a la universidad en un prestador de servicios eficaz.

Si bien todos los entrevistados para este artículo resaltaron que la medida es vital para que el sistema universitario se fortalezca y que no dudan del excelente capital intelectual del primer centro docente del país, sus vivencias diarias ejemplifican las tuercas que no engranan con la encomienda de prestación de servicios al gobierno.

"La Universidad tiene que reinventarse" 

Por ejemplo, INESI es actualmente el único instituto multidisciplinario y multirecinto en la UPR. Su diseño tiene como propósito identificar todos los recursos existentes en las unidades y recintos del sistema universitario que pudieran aportar al desarrollo de proyectos, ofrecimientos de consultoría experta, realizar trabajo comunitario o cualquier actividad necesaria para el funcionamiento tanto gubernamental como en el sector privado. 

Cecilio Ortiz, miembro del comité timón de INESI.

En su cotidianidad, INESI busca allegar dinero a la UPR sirviendo a la comunidad. Y así lo ha hecho. Aunque no es su prioridad, solicitar fondos externos a agencias federales, el instituto logró una beca de $300,000 de la Environmental Protection Agency (EPA), explicó Cecilio Ortiz, catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto de Mayagüez y miembro del Comité Timón del instituto.

Pero no todo es color de rosa. Su misión con la Oficina Estatal de Política Pública Energética de Puerto Rico, creada por la Ley 57 de transformación y alivio energético, es servir de catadores de toda tecnología renovable que intentan venderle al gobierno.

“A Puerto Rico llegan todos los días personas que te prometen que tiene tecnología que te producen más kilowatts que el Sol”, bromeó Ortiz. “El gobierno necesita un ente que compruebe la veracidad de esas propuestas. Yo le doy ese servicio, ellos nos contratan, yo le consigo el experto de la tecnología que le están vendiendo y ellos pagan por el servicio de consultoría”, explicó.

Aunque el miembro directivo de INESI resaltó que la oficina gubernamental –en este caso– paga con prontitud, “todavía hay cheques, que ya la agencia pagó, pero que la universidad no sabe cómo pagarlos [a los docentes]. ¿Por qué? porque la universidad no está diseñada para trabajar con cosas como INESI, que está trabajando a una velocidad rápida”.

Según explicó Ortiz, lo que sucede es que la UPR tiene protocolos de pago. Cuando llega el cheque del trabajo realizado a Administración Central lo primero que verifican es qué profesor lo ejecutó. Si el cheque no es para el Recinto de Río Piedras se procede a investigar de dónde efectivamente es el profesor. Si está en Mayagüez, pues entonces se tiene que tramitar por ese Recinto. Luego se le tiene que justificar a Administración Central cómo el catedrático manejó su tiempo, qué carga académica posee y un largo etcétera.

“La universidad tiene que reinventarse para poder lidiar con un mundo exterior que no es como ella”, sentenció el catedrático, quien resaltó que necesita pagarles a sus expertos en un lapso de tiempo razonable.

“Estos esfuerzos innovadores están chocando contra las estructuras arcaicas del proceso financiero de la universidad. La verdadera transformación es innovar esos procesos para que la universidad pueda convertirse en un actor de peso resolviendo problemas sociales. Con tantos recursos que tiene, no puede dejar que los procesos burocráticos los hagan inmateriales”, apuntó.

Hay que cambiar la estructura jerárquica

Como ejemplifica el Informe Anual 2015 – 2016 de INESI, uno de los procesos que limitan ese instituto es la toma de decisiones basado en un “modelo fragmentado verticalmente y jerarquizado en múltiples niveles [que] asfixia la capacidad para responder eficiente y eficazmente a las múltiples demandas de los asuntos de política pública que pretenden atajar”. 

Estructura jerárquica a la que INESI está sujeto actualmente. (Diagrama del Informe Anual de INESI 2015-16)

Un ejemplo que brinda Ortiz sobre el proceso centralizado es que, pedir un cheque para poder pagarle a un proveedor, necesita pasar por “cinco oficinas, cinco firmas y cinco vistos buenos”. INESI, funcionalmente adscrito a la Administración Central de la UPR, tiene que reportarse a cuatro juntas diferentes: Junta de Directores, Junta Consultiva Externa, Junta Consultiva General y Junta de Gobierno, además del presidente o presidenta de la universidad.

Indicó que este es un proceso que, sin duda, debería modernizarse para agilizar todo trámite. Por tal razón, recomendó un modelo horizontal en el que se interconecten las once partes del sistema universitario que facilite los procesos fiscales, financieros y que brinde igualdad en la administración de cada unidad o recinto.

“No es relajar los estándares éticos y de sana administración, es establecer procesos que no pongan tantas barreras que matan la innovación. Hay que ver qué procesos pudieran darse ex post facto [después de hecho]. Dejar la innovación correr y luego requerir que se demuestre cómo le ha ido”, argumentó.

Pero, “existen problemas porque la cultura misma de la universidad la resiste. No es fácil cambiar la rutina de un empleado que está capturado en un proceso burocrático, que se le dice que las cosas tienen que ser así desde hace 30 o 40 años y que de momento quieran cambiarlos”, expuso Ortiz.

Estos cambios no deben resultar en un temor del personal administrativo. Si la UPR no moderniza su sistema, Ortiz vislumbró que los esfuerzos del gobernador terminarán en la misma situación que nos encontramos hoy que las agencias “terminan contratando otros recursos externos, porque saben lo difícil que es bregar con la universidad”.

Señaló que esto es lo que sucede, por ejemplo, con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que no contrata a los expertos de la UPR porque esta no maneja eficientemente sus contratos.

Esto podría representar una pérdida de cientos de millones de dólares para la universidad.

En diciembre, Diálogo reseñó que la UPR perdió el cuatrienio pasado unos $244.2 millones en contratos con el gobierno en comparación con la administración de Luis Fortuño. 

Estructura horizontal que propone INESI para agilizar procesos. (Diagrama del Informe Anual de INESI 2015-16)

"Son trampillas que nos ponemos nosotros mismos"

De igual forma sucede en el Institute of Research in Integrative Systems and Engineering (IRISE) del Recinto Universitario de Mayagüez, que brinda apoyo administrativo y particular a diferentes proyectos de investigación.

La queja principal de Rafael Rodríguez Solís, director de IRISE, es en la facturación de fondos externos, la que considera como una gestión “bien pobre, [que] no se hace con la constancia y [que] a veces se retrasa meses”.

Igualmente sucede con los procesos de compra, que “son más lentos de lo que pudieran ser. También las contrataciones hacen un poco lento todo el proceso por todas las firmas que hay que buscar y la cantidad de documentos es demasiada”, resaltó Rodríguez Solís, quien mencionó que entre los documentos que hay que enviar, se encuentra el de Asume y las planillas.

“Son trampillas que nos ponemos nosotros mismos”, sentenció el también profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, aunque resaltó su optimismo en pensar que las personas que dirigen las oficinas administrativas puedan insertar en los empleados el valor de allegar fondos externos y que trabajen juntos para agilizar los procesos.

Sin embargo, cree en el potencial, peritaje y recursos de la UPR. “En la universidad hay un sinnúmero de recursos increíbles que pueden darle servicios al gobierno. Creo que no se había hecho porque no quieren escuchar lo que tenemos que decirle o porque no le decimos lo que ellos quieren, entonces prefieren buscar por otro lado”, concluyó.

Actualmente, entre los proyectos más importantes que tiene IRISE se encuentras dos con el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOA).

"Hay que fortalecer las estructuras administrativas" 

Otro de los centros afectado por todo ese vía crucis burocrático es el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayey.

Allí, uno de los problemas principales se da al momento de contratar profesionales para sus investigaciones. Como la UPR está sujeta a la Oficina del Contralor, el instituto tiene que pedirle sobre 20 documentos al contratista para comenzar el trámite, muchos de los cuales “no son necesarios”, enfatizó la directora asociada, Vionex M. Marti.

“Yo quiero traer a una persona para que me dé una charla de una hora. Quiero pagarle $100. Pues uno de los trámites es que tiene que ir al Fondo del Seguro del Estado para asegurarse, esto por si la persona se cae tenga un seguro que los resguarde”, ejemplificó Marti. Indicó que mucho de los recursos terminan ofreciendo las conferencias gratuitamente por no pasar por el tedioso proceso.

Además de los documentos de Asume y planillas que había mencionado Rodríguez Solís, Marti añadió al trajín de papeles, del Fondo del Seguro del Estado y el del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“El problema, quizás, no es la exigencia sino el tiempo que se consume. Es responsabilidad del gobierno y de la UPR hacer más ágil todos estos procesos”, añadió el director del instituto, Carlos Ramos Bellido, que en 10 años han allegado $14 millones en fondos externos a la institución.

Asimismo, el director añadió que otro aspecto que se tiene que tomar en consideración es el coste de formación para que el profesor pueda administrar y generar propuestas. “Si alguien no está dispuesto a cubrir esos gastos no va a procesar esos acuerdos entre el gobierno y la universidad”, dijo.

Según explicaron los directivos del instituto cayeyano, esa entidad también tiene problemas con profesores a los que Administración Central no sabe cómo pagarles, debido a sus cargas académicas y tiempo libre, según se establece en los reglamentos de la UPR.

Por esta razón, el rector de Cayey, Mario Medina Cabán, ha separado unos fondos semillas para catedráticos que deseen trabajar para el instituto que ascienden a $10 mil por profesor. Así, cuando contratan a un recurso y se le va a otorgar los fondos semillas, se firma un acuerdo donde el profesor se compromete a cumplir con el tiempo y buscar fondos externos, explicó Ramos Bellido.

Bellido y Marti coincidieron con el director de IRISE en que, el gobierno contrata empresas privadas para consultoría que tienen un precio equivalente al doble o triple que si contrataran a la UPR. Sin embargo, Marti añadió que tiene constancia de que esas empresas privadas terminan “por subcontratar profesores de la UPR”.

Por eso, Marti recomendó “fortalecer las estructuras administrativas para poder ofrecer los servicios. Hay sí, unos procesos institucionales, incluso leyes, que tendrían que ser evaluadas para facilitar esos procesos y eliminar las burocracias”.

“Eso tiene que venir acompañado de un repensar de cómo se administra y redistribuye el presupuesto de la UPR”, finalizó el director.

"Si hay interés se puede bregar con todo eso"

Si bien pareciera que la cultura burocrática de la UPR está muy arraigada en su funcionamiento y en sus trabajadores, el catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública, Mario Negrón Portillo, vislumbró un halo de esperanza. 

Mario Negrón Portillo, experto en administración pública.

“Es cuestión de que la gente esté dispuesta a sentarse y tengan disposición. Si hay interés tú puedes bregar con todo eso. Lo que hace falta es disposición y voluntad para hacerlo”, inquirió el catedrático sobre las estructuras burocráticas que impedirían la fluidez de la prestación de servicios al gobierno.

Sin embargo, resaltó puntualmente que la UPR no es un ente privado y que por tal tiene disposiciones y requerimientos que cumplir, debido a que maneja fondos públicos que tienen que ser justificados.

Asimismo, Negrón Portillo recordó el trabajo que realizó la Escuela de Planificación entre 1990 y 1994 con la Ley de Municipios Autónomos y cómo la UPR ofreció sus servicios de adiestramiento tanto al gobierno como a los alcaldes.

“En la universidad se pueden hacer mil cosas sin perder la perspectiva de la misión de la UPR. Va a ser un prestador de servicios, pero la universidad es la universidad”, sentenció el experto en administración pública.

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Original del publicado en Diálogo.