Cambios en medicamentos “van a tener consecuencias mucho más costosas”

En aras de atajar los altos costos en los medicamentos, ASES eliminó 61 fármacos de la lista de medicamentos. Expertos analizan las implicaciones de esta determinación en los pacientes. (Visual Hunt)

Se estima que en Puerto Rico hay más de 300 mil personas que padecen de algún trastorno de tiroides, y aquellas que traten su condición con el medicamento Synthroid pudieran verse afectados con la nueva Lista de Medicamentos Preferidos de la Administración de Seguros de Salud (ASES) que lo eliminó de la cubierta del Plan de Salud del Gobierno.

En aras de atajar los altos costos en los medicamentos, ASES ideó unos nuevos contratos en el cuales, entre otros asuntos, se eliminaron 61 fármacos de la lista de medicamentos que fueron sustituidos por unos más económicos. Con estos cambios los más perjudicados pudieran ser los pacientes y las farmacias de comunidad.

“El problema principal consiste en la transición en lo que el paciente cambia de su medicamento al nuevo que esté en el formulario. Va a tomar un tiempo y eso va a causar un descontrol que esperamos sea temporero. Pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en pasar ese descontrol y podría tener consecuencias mayores”, explicó Francisco Javier Jiménez, catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En el caso específico del Synthroid, una hormona para tratar la deficiencia hormonal de la tiroides en el cuerpo, podría ser fatal para el estado de salud de los pacientes.

“En lo que esa dosis nueva que el paciente toma se estabiliza va a tardar más o menos tres a cuatro semanas. Sin embargo, aun [con los medicamentos bioequivalentes] puede ser que el paciente no alcance los mismos niveles en la sangre, por eso se recomienda que el paciente use siempre el mismo medicamento para evitar que haya esos cambios de niveles en la sangre”, detalló Jiménez.

Aunque el también director del Programa de Residencias de Farmacias de Comunidad de la Escuela de Farmacia del RCM aseguró que la orden de ASES ha sido que con el Synthroid iba a seguir la cubierta siempre y cuando el médico lo especificara en la receta, en la práctica parece no estar operando de esa manera.

“Se nos habla del Synthroid que se lo iban a aprobar al paciente, el original, siempre y cuando el médico así lo hiciera saber en la receta y no ha sido así. Te puedo decir que todos los Synthroid que nos llegan con la frase de no sustituir, tenemos que enviarlos al plan para que sean autorizados”, contó Idalia Bonilla, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

La directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila –quien no estuvo disponible para una entrevista con Diálogo– ha dicho en los medios que el gobierno no asumiría el riesgo del medicamento, sino las aseguradoras.

Según la nueva cubierta de ASES que entró en vigor el pasado 2 de junio, el 21% de los fármacos retirados están destinados a atender las tres condiciones que causan más muertes en Puerto Rico: corazón, cáncer y diabetes. Situación que no deja de preocupar a los expertos.

“Si tenemos un descontrol en la condición de la hipertensión, definitivamente podríamos tener consecuencias fatales. Si tenemos un descontrol en la presión en un paciente que sea vulnerable, de alto riesgo cardiovascular, puede terminar teniendo un infarto al corazón, un accidente cerebrovascular, una enfermedad de riñón, entre otros”, puntualizó Jiménez.

Igualmente, siete de estos medicamentos, que serán sustituidos por algún otro dentro de la misma categoría, están destinados a atender enfermedades de salud mental.

“Hay que tener mucha precaución porque esas condiciones en los pacientes se pueden descontrolar. Entonces, son condiciones difíciles de tratar, son vulnerables a los cambios. En el caso de los niños que son muchos de los afectados en esos cambios, una vez están estables en la escuela con la dosis que su cuerpo conoce, lo que pasa es que se puede afectar su productividad académica”, alertó el catedrático del RCM.

Asimismo, Jiménez advirtió que la mayoría de los 61 fármacos de la lista de medicamentos de ASES son de uso común, por lo que “muchas personas van a tener problemas en el control de sus condiciones, aunque sea temporero”. Por tanto, exhortó a que las transiciones se realicen lo más ligero y fácil posible porque si se tiene un descontrol en el tratamiento de los pacientes las consecuencias pueden ser mayores.

“Estamos mirando las cosas al momento, a nivel agudo, pero no estamos pensando en las consecuencias a largo plazo. Muchas veces estos descontroles van a tener consecuencias mucho más costosas que los fármacos mismos”, alertó.

Las cinco aseguradoras de salud que administran el Plan de Salud del Gobierno son: MMM, PMC, Molina Healthcare, Triple-S y First Medical.

UNA ODISEA CON LAS FARMACIAS DE COMUNIDAD

Los cambios en los nuevos contratos no solo han levantado bandera sobre el impacto que tendrán en los pacientes, sino que ha cubierto de incertidumbre a las farmacias de comunidad que no saben si podrán subsistir con las nuevas estipulaciones.

“Bajo los nuevos términos ellos excluyeron una serie de descuento en esos contratos que las farmacias no vamos a poder sobrevivir con ellos”, explicó Bonilla quien dijo que las farmacias de comunidad dependen en más de un 80% de los pacientes con el Plan de Salud del Gobierno.

Hasta el momento la presidenta de la Asociación adelantó que tres farmacias ya se han comunicado con ella para decirle que cerrarán sus puertas por los nuevos contratos.

Anteriormente, las farmacias operaban con el costo del medicamento menos un 11%, ahora será menos un 14%. Esto significa que si la farmacia compra un fármaco en $10, ASES le pagará $1.40 menos.

Pero la situación se agrava más. “Si yo estoy acogida a un contrato de un menos 16 y el plan me quita un 14, pues yo tengo un dos por ciento para operar. Con eso tengo que pagar agua, luz, empleado, todas mis utilidades. Hacer una receta hoy día cuesta $20 por todos los gastos operacionales que inciden”, señaló Bonilla.

Además, hay otra lista de medicamentos de alto costo en los cuales los aumentos pueden ir desde un 16% a un 42%, incluso más. Acción que ha levantado la crítica entre las farmacias.

“Aunque muchos son de alto costo, otros son medicamentos comúnmente dispensados por las farmacias en Puerto Rico y no encontramos la razón para que estén en esa lista y tengamos que exponernos a un menos 16%”, reprobó Bonilla.

Entre los ejemplos que brindó la licenciada de los medicamentos de alto costo incluidos se encuentran: Kenalog inyectable, que aseguró lo dispensa todos los días en su farmacia; Keppra, un anticonvulsivo; Levenox, “que puede costar $5”; Boniva, que ronda por los $11; y el Solu-Medrol que según Bonilla cuesta $13.

Incluso, la presidenta de la Asociación comunicó que las recetas de insulina –para atender la condición de diabetes– no se las están aprobando de primera intención a pacientes que nunca las hayan usado, por lo que debe esperar unos tres días en lo que la aseguradora aprueba el medicamento.

“Nosotros no estamos defendiendo lo económico, nosotros estamos tratando de sobrevivir y de que el paciente no sufra las consecuencias. Las farmacias estamos pagando todo este calvario junto a los pacientes. El paciente no va a tener el inventario a su disposición, entonces se va a afectar el acceso”, lamentó la experta, quien representa sobre 750 farmacias de comunidad. 

La información fue obtenida de un parte de prensa enviado por ASES.

Con la licenciada coincidió el director ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas Coopharma, Heriberto Ortiz, quien recalcó que sus socios se encuentran “muy preocupados” por el ajuste a los contratos.

“Esto podría crear una escasez [de medicamentos] a nivel de toda la isla porque las farmacias no estarían en la disposición de comprar unos medicamentos los cuales el plan de gobierno no le esté rembolsando los costos de adquisición del mismo”, indicó.

Además, Ortiz apuntó que estas nuevas medidas impactarán a más de los 61 medicamentos de la lista de ASES porque si las farmacias no reciben la remuneración adecuada por los fármacos comprados, no tendrán el capital para obtener otros.

Los medicamentos para enfermedades catastróficas, por ejemplo, pueden costar $100, el plan solo le podría estar pagando $40 o $60. “Es imposible que una farmacia pueda operar así”, denunció el director ejecutivo de Coopharma quien también prevé cierres de farmacias.

Actualmente, según las cifras de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas en Puerto Rico anualmente cierran unas 10 farmacias, número que advierte irá en aumento en los próximos seis o siete meses.

Diálogo le hizo el acercamiento al presidente de Farmacias Aliadas, Gil Nieves, y a la presidenta del Colegio Farmacéutico, Nayda Rivera, para conocer sus posturas en cuanto al tema, pero no estuvieron disponibles. Tampoco la comisionada residente, Jenniffer González, contestó nuestros pedidos de entrevista.

Si bien esta decisión de ASES remite a una disminución en los gastos del Plan de Salud del Gobierno que tendrá –si así lo aprueba la Junta de Control Fiscal– un presupuesto de $2,890 millones, Bonilla está firme en que la soga partió por lo más fino.

“Aquí hubo unos intermediarios que orientaron a ASES protegiendo sus propios intereses y no fueron objetivos en ningún momento”, dijo con firmeza la presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad.

Aunque la licenciada expresó estar consciente de la crisis fiscal que atraviesa el País y de que las farmacias también deben aportar, aseguró que el gobierno no fiscalizó los PBM (Pharmacy Benefit Manager) intermediarios entre los proveedores (farmacias) y las aseguradoras.

“Esa es la entidad que hay que regular porque adjudica precios, estipula lo que se va a cubrir y lo que no. Ahí es que está el ahorro. No es en las farmacias, no es tocar el paciente, hay que hacer un análisis más exhaustivo a esos intermediarios donde están los millones de dólares. Ya es hora de que abran sus libros. Si la administración actual tiene la voluntad de regular, se va a dar cuenta de todo el ahorro económico que hay ahí”, soltó.

El pasado domingo, el Senado aprobó el Proyecto de Ley 218 que busca regular a los PBM creando la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud para “supervisarlos y fiscalizarlos”. Ahora, la medida pasa a la Cámara quien la atenderá en la próxima sesión ordinaria.

“Nos estamos asegurando que los pacientes no se les haya afectado el acceso a sus medicamentos. Vamos a estar vigilantes y vamos a denunciar si se les viola a los pacientes su derecho a la libre selección de farmacia, si se les priva el acceso a sus medicamentos”, remató Bonilla quien aseguró que no dudará en ir a los tribunales si es necesario.

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Original del publicado en Diálogo. 

Presidente de la JCF considera como “servicio esencial” a la UPR

Miembros de la Junta Universitaria del sistema catalogaron la reunión como “fructífera”, mientras le reiteraron a Carrión la desigualdad social que generaría el recorte de $512 millones al presupuesto de la Institución. 

“Fructífera y muy sincera”, así catalogaron miembros de la Junta Universitaria del primer centro docente del país la reunión que tuvieron hoy con el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, quien estipuló al sistema universitario como un “servicio esencial” para Puerto Rico.

Mario Medina Cabán, rector de la unidad de Cayey, explicó que una vez se identifican servicios esenciales, la jueza federal que lleva el caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, tendría que asegurar el dinero necesario para que las instituciones puedan continuar operando.

En la reunión, solicitada por el organismo universitario, se le presentaron a Carrión III los esfuerzos que realiza la institución para delinear un plan fiscal que pueda ser sustentable para la UPR.

“Estamos conscientes que la universidad tiene que aportar también. Nosotros estamos partiendo del punto de vista de que en el plan fiscal, si se va a reducir, va a ser a base de entradas nuevas de dinero más medidas de eficiencia. Estamos claros, la universidad está dispuesta a aportar –y hemos estado aportando– pero hay que reconocer cuán necesario es para la economía de cada uno de los recintos”, dijo Medina Cabán.

Asimismo, le solicitaron al presidente del ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos mirar críticamente la reducción de subsidios y reexaminar los incentivos a las industrias privadas por entender que no hay evidencia de la efectividad de las aportaciones.

El Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR) –elaborado por expertos en economía, en su mayoría, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM)– se encuentra ante la consideración de varias unidades del sistema.

La reunión, celebrada en una oficina privada del edificio MCS en la Milla de Oro en Hato Rey, estaba pautada con la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko. Sin embargo, la funcionaria no estuvo presente en la reunión.

Cuando la universidad tenga el plan fiscal final, es decir, certificado por su Junta de Gobierno –que ya tiene cuórum para tomar decisiones–, Carrión III se volverá a reunir con el organismo.

“Les reiteré la importancia de que la administración universitaria someta cuanto antes un plan fiscal para la UPR que esté enmarcado dentro de y sea consistente con el plan fiscal certificado del gobierno”, comunicó Carrión III en declaraciones escritas.

El presidente del organismo federal también se expresó “complacido” con el resultado de la reunión, la que catalogó como “un diálogo abierto y constructivo acerca del futuro” de la UPR.

La JCF “pondrá todos los recursos que tiene disponibles para evaluar justa y responsablemente el plan fiscal que entregue la universidad con el fin de propiciar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de esta institución que tanto aporta a nuestra isla”, indicó.

Los recortes acarrearían la desigualdad social

Durante la reunión, Carrión III reiteró su visión de asemejar la UPR al modelo económico que utilizan las universidades de Estados Unidos. No obstante, no quiso abundar sobre las implicaciones que tendría esa transición.

Alan Rodríguez, estudiante de la UPR en Carolina, detalló que en el caso de Estados Unidos –como Carrión III prevé implantar– la Beca Pell se le depositará a la institución como fondo monetario externo y el dinero no se le entregará al estudiantado.

Aunque el recorte, según el plan fiscal certificado del gobierno central, será de $512 millones para el 2026, “la UPR podrá presentar dentro de este nuevo plan fiscal cómo generar ingresos”, explicó José Jiménez, estudiante de la unidad de Humacao, quien también participó del evento.

Sin embargo, el recorte al presupuesto sin previo análisis es una acción preocupante para la Junta Universitaria, que entiende que repercutiría en una ampliación del margen de desigualdad social que existe en el país.

“Si no hubiera habido UPR aquí la división social hubiera sido peor. La universidad ha sido responsable de que haya una clase media”, añadió Medina Cabán.

Por su parte, José Encarnación, rector interino de la UPR en Humacao, aseguró que el caso de Puerto Rico es uno particular porque la universidad se concibió como una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de la isla.

“Está demostrado que en los municipios donde hay recintos universitarios la economía se mueve mucho más ágilmente y el tema de la movilidad social es mucho más robusto. En la medida en que nosotros mantengamos una distribución fiscal aceptable, estamos construyendo democracia desde el punto de vista de la justicia social”, añadió.

Por lo tanto, insistió en que es incompatible aplicar modelos de manera directa por el hecho de que haya sido tradición en otros lugares. Según Encarnación, la tradición en Estados Unidos ha sido que el estudiante pague o se endeude en su tramo por la obtención de un diploma universitario.

“El planteamiento nuestro es que el Estado no abandone el proyecto público de la educación porque es parte, y ha sido parte, del histórico contrato social de este país. Si nosotros y nosotras precarizamos el proyecto público, nosotros estamos irremediablemente dándole un golpe a nuestro contrato social y se va ampliar el margen de desigualdad social”, explicó Encarnación.

Defienden la labor de la Junta Universitaria

A pesar de que la portavoz de la Administración Central de la UPR, Gladys Escalona, aseguró que toda decisión que tome la Junta Universitaria no tendrá ninguna validez por carecer de presidente o presidenta que los dirija, el rector de Humacao se mantuvo firme en los trabajos que está realizando el organismo.

“Este cuerpo ha sido diligente en que no se detenga la discusión de la universidad. Desde el punto de vista de la salud democrática de la institución y el planteamiento de gobernanza, corresponde a la Junta Universitaria asumir la responsabilidad pública de mover los trabajos de la UPR”, dijo.

Hasta el sábado, la Junta Universitaria era el cuerpo constituido más representativo de la UPR por contar con la participación de estudiantes, profesores y rectores. Esto ante la situación de inoperatividad en la que se encontraba la Junta de Gobierno por no contar con el cuórum.

Por estar carentes de cuerpos regentes, los directores de las oficinas ubicadas en Administración Central decidieron ser los portavoces de la continuidad de los trabajos en el sistema universitario.

“Nosotros [la Junta Universitaria] entendemos que, dentro de la estructura de la universidad, el orden de prelación en la toma de decisiones, después del presidente, no le corresponde a Administración Central sino a los rectores”, refutó Encarnación.

El pasado 24 de junio, el Senado confirmó los nombramientos del profesor Walter Alomar Jiménez y la abogada Zoraida Buxó Santiago a la Junta de Gobierno de la UPR, quedando así debidamente constituida.

Se espera que en los próximos días el máximo organismo rector se reúna para nombrar a una nuevo presidente o presidenta interina de la institución para que pueda dirigir los trabajos de la Junta Universitaria y, de esta manera, dar paso al plan fiscal y al presupuesto de la UPR.

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Original del publicado en Diálogo. 

Cuestionan validez de decisiones de Junta Universitaria UPR

La actual portavoz de la Administración Central del sistema universitario público del País, Gladys Escalona, dijo que no es tiempo de “inventar”, mientras sostuvo la invalidez de toda decisión que tome el cuerpo. (Ricardo Alcaraz / Diálogo) 

Las decisiones que tome la Junta Universitaria (JU) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no tendrán ninguna validez, aseguró la actual portavoz de la Administración Central de la Institución, Gladys Escalona.

Las expresiones de la portavoz surgen tras disputas en la que se debate si la JU –organismo compuesto por miembros de la comunidad universitaria de los once recintos y unidades– puede continuar labores a pesar de que la Universidad aún carece de Presidencia.

“Dadas las circunstancias tan extraordinarias en la que nos encontramos, no es bueno empezar a inventar. Lo mejor y lo que hace que nuestras acciones sean en beneficio institucional, es que nos atengamos a lo que dice el reglamento”, dijo Escalona.

Según la también vicepresidenta interina de Investigación e Innovación, el reglamento de la JU “es muy claro” y no está apto a interpretaciones: se necesita a un presidente para que el organismo esté operante.

Además, señaló que entre las funciones del puesto de presidente o presidenta de la UPR se encuentra la de convocar y presidir las reuniones de la JU.

“[La Junta Universitaria] puede convocar, pero si no puede presidir, no puede dar la reunión porque las dos condiciones tienen que darse”, sostuvo en amparo de una opinión legal de la Institución.

“Eso no está sujeto a interpretación, ese es el problema. No podemos interpretar lo que está escrito si dice que el presidente tiene que convocar y presidir la junta, pues eso es lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es coger el reglamento y leerlo, y no poner palabras donde no están o no cambiar significados”, expresó.

Por su parte, la JU ha mantenido su postura y ha continuado reuniéndose puesto que entienden que por haber sido convocados antes de la renuncia de la expresidenta Nivia Fernández, poseen la facultad para operar ya que no han cesado las labores.

Acorde con la Ley de la Universidad de Puerto Rico, “las reuniones de la junta serán convocadas por su presidente motu proprio o a petición de una mayoría de los miembros que la integran. Una mayoría de los miembros de la junta constituirá el cuórum”.

Sin embargo, Escalona difiere de la JU. “La capacidad de reunirse por sí mismo, en ausencia del presidente de la Universidad que tiene entre sus funciones presidir la Junta Universitaria, pues no tiene fundamentos. El asunto no tiene un fundamento real. El fundamento de todo es cuál es la reglamentación que existe y mientras esa reglamentación sea la vigente es la que tenemos que cumplir”, aseguró.

Tampoco validó el hecho de que el cuerpo universitario autonombrara un presidente que dirija el organismo porque entiende que debe ser el presidente de la UPR quien debe delegar a la persona. En este caso, según Escalona, tenía que haber sido Fernández quien nombrara un presidente en la JU antes de renunciar.

Aunque reiteró que las decisiones que tome la JU no son válidas sin un presidente nombrado por la Junta de Gobierno, “siempre nos podemos reunir e intercambiar información, lo que pasa es que no podemos tomar decisiones a menos que esas decisiones estén cobijadas bajo la reglamentación vigente”.

La Universidad tiene hasta el 30 de junio para presentar su plan de presupuesto, pero carece de sus cuerpos regentes para cumplir con el mandato. La Junta de Gobierno está inoperante por falta de cuórum y por ende no se ha podido nombrar a un presidente o presidenta.

Ante el Senado de Puerto Rico se encuentran dos designaciones por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la Junta de Gobierno. Hasta el momento se desconoce cuándo serán nombrados por la Cámara alta que recesa labores ordinarias la semana entrante.

Ante esta situación de limbo en la que se encuentra el sistema universitario, Escalona tronó contra el gobierno de turno. “Para mí no es explicable. Hubiese deseado una mayor diligencia en ayudar a que los procesos universitarios se normalizaran y desafortunadamente no ha ocurrido”, señaló.

De nombrarse al profesor Walter Alomar Jiménez y a la abogada Zoraida Buxó Santiago –los dos designados– mañana en el Senado, Escalona estima que en 48 horas o menos se haya completado el proceso correspondiente para certificar el presupuesto.

El plan de presupuesto –cuando se constituya la Junta de Gobierno– deberá ser enviado a la Junta Universitaria para que radique un informe y se le presente al presidente o presidenta con los debidos señalamientos. Será el o la presidente quien lo presente a la Junta de Gobierno para su aprobación final.

Cuando Diálogo le preguntó a Escalona si aceptaría el puesto de presidenta interina de la UPR, no dudó en decir que sí. “Hacemos el trabajo que haya que hacer”, contestó quien lleva más de 40 años trabajando en la Universidad.

ENCAMINADOS A SALIR DE LA PROBATORIA

Otro escollo en el que se encuentra la UPR, es la probatoria de la acreditación de ocho de sus once recintos y unidades del sistema por la inestabilidad financiera tras los recortes presupuestarios que se prevén para la Institución, así como su falta de gobernanza y paralización de labores académicas.

Es por esta razón que el grupo de directores de las oficinas de Administración Central, se encuentra dirigiendo mucho de sus esfuerzos hacia los informes que deben presentar ante la Middle States Commission on Higher Education el próximo 1 de septiembre.

Es por esto que el jueves de la semana que viene dos vicepresidentes de la agencia acreditadora, que tienen entre sus tareas la encomienda de la UPR, convocaron una conferencia vía telefónica para ultimar los detalles y requerimientos de los informes que serán medulares en la evaluación de las probatorias.

En la reunión participarán alrededor de 40 miembros de la comunidad, entre ellos: los once rectores, decanos de asuntos académicos y agentes facilitadores de trabajar con la agencia acreditadora; la vicepresidenta de Asuntos Académicos y personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de Finanzas.

Para presentar un mensaje coherente y coordinado de los asuntos correspondientes al sistema universitario, la vicepresidenta de Asuntos Académicos reunirá a los once agentes facilitadores este próximo martes 27.

“Creo que va a ser exitoso ese esfuerzo”, comentó esperanzada Escalona.

La UPR se apresta a un recorte de $162 millones para su presupuesto del año fiscal entrante. Estos recortes irán de forma escalonada hasta alcanzar $512 millones menos en el 2026.

Sin embargo, la vicepresidenta de Investigación e Innovación resaltó, en estos tiempos de crisis fiscal, el valor científico, de conocimiento y movilización social que genera la Universidad.

“La UPR tiene un rol en esta sociedad, y en el mundo, que los universitarios [comunidad universitaria] lo llevamos a cabo bien. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo”, remató.

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Original del publicado en Diálogo. 

Tildan de “aberración” y “barbaridad” proyecto contra empleados huelguistas

El proyecto, que busca detener el pago a empleados de la UPR en tiempos de paralización, ha levantado críticas por parte de los sindicatos.

Como una “aberración” y una “barbaridad”, así describieron los líderes sindicales de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) el Proyecto de la Cámara 1089 que busca suspender los pagos monetarios en tiempo de paralización o huelga en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La medida, de la autoría del representante nuevoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, plantea que durante paralizaciones de 72 horas o más y de realizarse más de una al semestre –independientemente el tiempo– la institución se verá obligada a “suspender, detener y desautorizar inmediatamente todo desembolso de fondos públicos correspondiente a gastos de funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico o cualquiera de sus recintos”.

Para esto, el P.C. 1089 enmendaría la Ley 1 de 20 de enero de 1966, mejor conocida como la Ley de la Universidad de Puerto Rico, a fines de establecer expresamente la obligación de la Junta de Gobierno y del secretario de Hacienda ha detener los desembolsos.

Aunque el proyecto fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes, la legislación ha levantado críticas tanto del senador del Partido Nuevo Progresista, Abel Nazario Quiñones, quien preside la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, así como de la misma comunidad de la UPR.

Durante el proceso huelgario que finalizó el pasado 7 de junio, el gobierno se mantuvo firme –en reiteradas ocasiones- de mantener respeto a la autonomía universitaria del sistema público del País. Sin embargo, los líderes sindicales entienden que de aprobarse esta medida, esta política pública se vería violentada.

“Es una forma de intervenir con la autonomía universitaria. La administración [de la UPR] ya tiene la forma de lidiar con la situación. Ese proyecto no se sostiene y así se demostró en las vistas que celebraron”, sostuvo el presidente de la APPU, José Raúl Rivera Caraballo.

El presidente de la Heend, José Torres, concordó con Rivera Caraballo y añadió que a su entender la legislación ha sido radicada como “revancha” a la huelga de 72 días que sostuvieron en los pasados meses los estudiantes de la UPR y la cual contó con el apoyo de un grupo de profesores y empleados del sistema universitario.

“Esta administración está dándole punzadas a la Universidad y atacándola de todas las formas… atacando a los trabajadores. Tú no puedes hacer leyes para el momento. Todos estamos claros que si estamos en huelga no debemos cobrar, pero no es para que venga un tercero a imponérnoslo”, dijo Torres.

Asimismo, tanto Rivera Caraballo como Torres entienden que la legislación es una nueva manera de la administración de Ricardo Rosselló Nevares de criminalizar las protestas.

“Es un proyecto de ley arcaico que busca penalizar expresiones como la huelga. Un intento de criminalizar expresiones democráticas que son necesarias. Las expresiones, a veces, incomodan, pero así se han dado los cambios en la sociedad. Son las que hacen que tengamos una sociedad más justa. Fue un disparate aprobarlo”, puntualizó el líder de la APPU.

A pesar del descontento, ambos se mantienen esperanzados en que la medida no será aprobada en el Senado o que sufrirá enmiendas sustanciales.

“Yo lo que espero es que se dé una consideración más equilibrada en si esa medida verdaderamente hace falta”, apuntó Torres.

Hasta el momento se desconoce si se el P.C. 1089 se llevará al Senado en la sesión ordinaria del jueves, pero de aprobarse en la Cámara alta la medida entraría en vigor tan pronto el gobernador la firme.

La huelga se dio en rechazo a los recortes al presupuesto de la institución. La UPR se enfrenta a un recorte presupuestario de $202 millones para el próximo año fiscal, cantidad que pudiera mermar a $160 millones luego que el viernes se diera una reunión entre la administración universitaria y el comité del gobernador donde “identificaron” $40 millones extra para la institución.

En estos momentos, la Universidad se encuentra sin un cuerpo regente ya que la Junta de Gobierno de la UPR está inoperante y, por consiguiente, no se ha podido nombrar a un presidente o presidenta interina que tome las riendas del sistema universitario.

La institución tampoco ha presentado un plan fiscal ante la Junta de Control Fiscal ni un plan de presupuesto para el año académico 2017-2018.

Un grupo de estudiantes y profesores no descartan “nuevas” formas de lucha contra un recorte al presupuesto de la UPR que podría elevarse a $512 millones para el 2026.

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Original del publicado en Diálogo. 

Se acabó la huelga en la UPR de Río Piedras

Con 2,209 votos a favor y 82 en contra, los gallitos y jerezanas concluyeron la jornada de paralización que decretaron el pasado 28 de marzo. (Glorimar Velázquez / Diálogo)

Luego de 69 días con los portones cerrados, los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad Puerto Rico (UPR) decidieron culminar con la huelga indefinida en su quinta Asamblea General de Estudiantes celebrada hoy en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Con 2,209 votos a favor y 82 en contra, los gallitos y jerezanas concluyeron una jornada de paralización que inició el pasado 28 de marzo y fue ratificada en cuatro ocasiones, incluyendo la Asamblea Nacional de Estudiantes del pasado 5 de abril, en la que ocho unidades del sistema universitario público aprobaron un voto de huelga indefinida.

Junto al voto de levantar la huelga, se estipuló que los portones abrirán hoy a las 11:59 p.m. y que las clases comenzarán el lunes, 12 de junio de 2017.

La decisión del estudiantado riopedrense –que comenzó su asamblea con 2,119 asistentes– se da luego que la semana pasada el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentara el presupuesto para el próximo año fiscal, donde se incluye una disminución de $202 millones de las transferencias anuales que hace el gobierno a la universidad con cargo al Fondo General. Actualmente, esa cifra está fijada en $834 millones.

Dicho ajuste de $202 millones representa un aumento de $53 millones –o un 36%– con relación al recorte original de $149 millones, que era con el que había estado trabajando la Oficina de Presupuesto de la Administración Central de la UPR.

Se prevé que el corte total al sistema universitario público del país sea de $512 millones para el 2026, según proyecciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Todavía no se precisa si fue la Junta de Control Fiscal (JCF) o la administración de Rosselló Nevares quien propuso la cifra de $202 millones, que muchos consideran “el fin de la UPR”.

La moción, presentada por Loidymar Duprey, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del movimiento estudiantil, pedía que se reanudaran las labores académicas el lunes 12 de junio.

“La ratificación de este proceso de huelga en tres ocasiones demuestra que hay una juventud indignada que apuesta a la lucha y a la organización para transformar el futuro de nuestra universidad”, dijo la proponente, levantando el aplauso de los presentes.

“Entendemos que el movimiento estudiantil inicia hoy una nueva etapa, en la que apostamos a una organización estudiantil más militante y consciente, porque la coyuntura actual y el país nos la exige”, expresó.

Si bien los estudiantes en pie de lucha desean abrir los portones, invitaron a todos los alumnos a unirse a la “nueva etapa” que comenzará en los próximos días. Antes de iniciar la asamblea, Diálogorealizó una encuesta que develaba la próxima decisión de los estudiantes. Según el sondeo a través de Twitter, un 49% de los 384 participantes opinó que se debían abrir lo portones, por encima de un 29% que deseaba continuar con la huelga. El restante 22% se encontraba indeciso sobre la acción a seguir en el campus.

“Tenemos que continuar gestionando el proceso de pensamiento y acción para salvar a la UPR. Necesitamos de todas las personas comprometidas con la educación pública que se unan en tanto se abran los portones. Tenemos la voluntad, tenemos el coraje y tenemos las ganas de velar porque esta universidad priorice el bienestar de todos los sectores que la componemos y no descansaremos hasta que la veamos abierta por siempre”, vociferó Duprey.

Algunos de los reclamos que llevaron a los estudiantes a detener las labores académicas y administrativas son: cero recortes al presupuesto de la UPR, cero aumentos en la matrícula, auditoría de la deuda pública, y propiciar una reforma universitaria que surja de la base comunitaria del sistema de la UPR.

En la pasada asamblea del 25 de mayo, el estudiantado ratificó su voto de huelga condicionado a que cesarían su paralización si la Junta de Gobierno de la UPR certificaba los preacuerdos a los que llegó el Comité de Diálogo Institucional.

Entre estos se encuentran que la Junta de Gobierno se comprometa a no aumentar el costo de la matrícula; que la administración universitaria se comprometa con la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público; una expresión del liderato administrativo de la UPR en contra del cierre o privatización de unidades o recintos; y no tomar acciones administrativas en contra de personas que hayan participado en la huelga.

Sin embargo, la UPR se encuentra acéfala luego de la renuncia de su presidenta interina, Nivia Fernández, así como la de otros tres miembros del máximo foro rector del sistema universitario, dejando al ente sin cuórum para operar.

Rosselló Nevares designó al profesor y abogado Walter Alomar Jiménez y a la abogada Zoraida Buxó Santiago para ocupar escaños en el la Junta de Gobierno, pero las nominaciones se encuentran en la Legislatura esperando a ser confirmadas.

Según la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE), Wilmarí de Jesús, durante la última reunión que tuvo en La Fortaleza, salió a relucir que prontamente vendrán más designaciones al cuerpo rector.

En una moción presentada por Tania Delgado Díaz, y que fue avalada por el cónclave, los estudiantes volvieron a pedirle a la Junta de Gobierno a que sus miembros se autoconvoquen y firmen los preacuerdos del Comité de Diálogo Institucional.

El primer punto en agenda fue referente al estado actual de la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education y los fondos federales de becas y préstamos.

Durante el informe, Jorge Rivera, vicepresidente del CGE, detalló que, de levantarse la huelga, la UPR seguirá en probatoria por la Middle States hasta que la institución demuestre que puede sostenerse económicamente luego de los recortes al presupuesto por parte de la JCF y avalados por el gobierno.

En cuanto a las ayudas económicas federales para los estudiantes, Rivera confirmó que los gallitos y jerezanas no recibirán los pagos que quedaron pendientes y que los alumnos que participen del programa de estudio y trabajo tendrán que esperar para ver si hay fondos disponibles para poder pagarles.

Por otro lado, aunque los detractores de la lucha estudiantil se han mantenido firmes de que el proceso de huelga ha sido una pérdida de tiempo y un atraso para los estudiantes, los huelguistas han asegurado que los portones cerrados le han brindado un tiempo amplio de reflexión para generar propuestas que ahora se discuten en la Legislatura.

Los universitarios han presentado cinco proyectos de ley que han sido endosados por la Asamblea Legislativa y que buscan atraer unos $500 millones a las arcas de la UPR a través de medidas como contribución de 11.5% sobre propiedades lujosas y contrataciones prioritarias a la UPR al momento del gobierno buscar servicios de consultorías.

Asimismo, los estudiantes en huelga destacan que han conseguido que la administración universitaria se posiciones a favor de una Comisión Universitaria de Auditoría de la Deuda y la formación de un Comité de Reforma Universitaria a nivel nacional.

En la pasada semanas las unidades de Bayamón, Cayey y Utuado, así como el Recinto de Mayagüez, decidieron abrir los portones.

En estos momentos, la UPR en Humacao es el único campus que queda en pie de lucha y el miércoles tendrán que decidir –en asamblea– si continuarán en huelga o no.

Según calendario preliminar propuesto por la Oficina del Registrador, las labores de limpieza del campus comenzarán hoy y se extenderán por lo que resta de semana. Las clases empezarán este próximo lunes y terminan el 28 de julio. Se ofrecerán cursos de verano del 7 al 28 de agosto y el próximo semestre comenzará a finales de agosto.

La graduación del Recinto de Río Piedras quedó permanentemente cancelada, reconfirmó la presidenta del CGE.

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Original del publicado en Diálogo. 

Aires de abrir los portones en la UPRRP

Según un sondeo realizado por Diálogo previo al inicio de la asamblea, un 49 por ciento de los 384 participantes quieren que se abran los portones del Recinto de Río Piedras. (Glorimar Velázquez / Diálogo)

La asamblea que realizan hoy los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, podría dar paso a que se abran los portones, luego de sobre dos meses en paralización de las labores académicas. Según un sondeo que realizó Diálogo a través de Twitter un 49% 384 participantes opinó que se deben abrir lo portones por encima de un 29% que desea que se continúe con la huelga.

El restante 22% se encuentra indeciso o indecisa sobre la acción a seguir en el campus.

Así las cosas, la asamblea de esta tarde se da luego del encontronazo entre el Movimiento Estudiantil y el Consejo General de Estudiante (CGE) de la UPR en Río Piedras por malentendidos con el cónclave de hoy que cuenta con una asistencia de unos 2,119 estudiantes.

El encuentro también se da a días de que el gobernador Ricardo Rosselló presentara el presupuesto para el próximo año fiscal que incluye una disminución de $202 millones al monto anual que recibe la UPR del gobierno central. Esta cifra representa un aumento a la cifra original de $149 millones con la cual la Oficina de Finanzas de la institución había estado trabajando.

Se prevé que el corte total al sistema universitario público del País sea de $512 millones para el 2026. Mientras, todavía no se precisa si fue la Junta de Control Fiscal o la administración de Rosselló quien propuso la cifra que muchos consideran “el fin de la UPR”.

En estos momentos, los gallitos y jerezanas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP) están reunidos en su quinta Asamblea General de Estudiantes para, entre otros asuntos, ratificar o levantar su voto de huelga.

En las últimas semanas las unidades del Sistema UPR han realizado asambleas de estudiantes en las que le han puesto fin a la huelga que comenzó el 6 de abril. En el caso de la UPRRP, que celebró su última asamblea el 25 de mayo, los alumnos acordaron levantar la huelga una vez la Junta de Gobierno certifique los preacuerdos a los que llegó el Comité de Diálogo Institucional.

No obstante, ante la renuncia de tres de sus miembros, la Junta de Gobierno no tiene el cuórum necesario para poder tomar decisiones. Entre los convenios se encuentran: que la Junta de Gobierno se comprometa a no aumentar el costo de la matrícula, que la administración universitaria se comprometa con la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público; expresión del liderato de la UPR en contra del cierre o privatización de unidades o recintos, y no tomar acciones administrativas en contra de personas que hayan participado en la huelga.

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Original del publicado en Diálogo.