Esta semana se ha desbordado el vaso, se ha desbordado el mar. El Egeo ya no aguanta más muertos. Los deja en la orilla. Los despide con olas.
Las imágenes del pequeño Aylan Kurdi de tres año de edad -en la orilla de la playa turística Ali Hoca Burnu en Turquía- recorrieron el mundo. La humanidad se estremeció, muchos lloraban y los más cercanos gritaron. Esa noche, junto a él, otros cuatro niños murieron. Viajaban hacia la isla griega de Kos junto a 18 inmigrantes más. Huían de las balas, de las bombas, de la guerra, hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva vida. Pero el mar se los tragó, les quitó el sueño y los depositó en la arena.
Foto que estremeció la humanidad. (Reuters/Nilufer Demir)
Desgraciadamente, estas muertes no dejan de ser parte de las más de 3,000 que se han producido este año en las costas europeas. Además, la semana pasada murieron 50 personas asfixiadas en la bodega de un barco. Otras 70 se encontraron muertos dentro de un camión en Austria. El viernes, se registraron otros dos naufragios y más de 100 muertos.
Aun así, las fronteras se siguen construyendo. Murallas, alambres, palos y cuchillas se siguen levantando, siguen matando.
Los europeos consternados quieren que se salven, que no mueran, que vivan… pero que no lleguen a sus tierras, que se vayan a otra parte, que desaparezcan, que no le quiten sus recursos. No los quieren ver en sus calles, en el metro, en sus escaleras… No los quieren ver “pedir”, “mendigar”, “delinquiendo”, “usando su sanidad”, “ocupando sus plazas de trabajo” o “la de sus hijos en los colegios”. Sencillamente: no los quieren.
Cuando estuve en España tuve la oportunidad de hablar con muchas personas, la mayoría -desgraciadamente- de derecha, izquierda y centro: hablaban mal de los turcos, de los rumanos y de los gitanos. Trataban de meterme miedo, miedo al extraño, al otro. El mismo miedo que le inculcan a sus hijos, a su familia, a sus vecinos y a la sociedad.
Y es que esto se ha convertido en una guerra de miedos.
Lo que no se percatan es que el miedo de “los otros” es más fuerte que el de ellos. El miedo de vivir peor de lo ya vive Europa contra el miedo a morir. El miedo de compartir lo poco que les queda contra el miedo al hambre, a la desnutrición. El miedo de dar contra el miedo de no poder superarse, de no tener un mañana, de no poder ofrecerle a su familia una vida digna. El miedo de vivir contra el miedo a morir -y el miedo a la muerte supera todo-.
El miedo a la muerte ha hecho que muchas familias arriesguen hasta su propia vida por anhelar una mejor. Ha hecho que miles de personas emigren de su país sin equipajes, sin víveres, solo cargando con el miedo a morir.
Esto también está pasando en México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia… En Puerto Rico.
El mundo entero debe entender que ni las murallas, ni las balas, ni los arrestos, ni los gases, ni la vigilancia podrán detener el miedo a la muerte. Esto no es una guerra contra “los otros”, se ha convertido en una guerra contra la propia vida.
Un niño ha muerto. Miles de personas ha muerto. Con ellos, poco a poco se va muriendo la humanidad. Debemos tomar consciencia, como lo han hechos los países escandinavos, y asumir este problema desde el amor que es lo que nos hace humanos o acabaremos todos deshumanizados.
Es inminente la inundación de basura que atraviesa nuestra Isla. Puerto Rico es uno de los países que más basura genera en el mundo. Este problema se agrava cuando solo se recicla un 15 por ciento de los residuos sólidos, 21 vertederos contemplan cerrar y que en la historia de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) se han derrochado millones de dólares en proyectos, leyes e infraestructuras, que hoy día nunca han sido utilizadas.
Un puertorriqueño genera a un promedios de 5.18 libras de desperdicios sólidos, un total nacional de 9,860 toneladas diarias (19,720,000 libras). Un estadounidense produce diariamente 4.5 libras, mientras que los europeos, solo 2.2.
Ante esta situación alarmante, el Gobierno de Puerto Rico a finales de los 80 (bajo el gobernador Carlos Romero Barceló) firmó la Ley 70 de 1978 la cual creó una agencia especializada para manejar los desperdicios en la Isla. La legislatura le confirió poder de “planificar, financiar y operar lo servicios de trasbordo, procesamiento, recuperación y disposición final de desperdicios sólidos que se ofrecerán a las agencias de recolección públicas y privadas”, según el preámbulo de la ley. Cabe señalar, que la iniciativa fue tal, que no se le destinaron fondos hasta noviembre del 1978 y no se realizaron iniciativas hasta los años 90.
No es hasta el 18 de septiembre de 1992 que se firmó la Ley de Reducción y Reciclaje que disponía que para el 1995 se alcanzaría reciclar el 35 por ciento de los residuos sólidos. Esta ley fue enmendada en el 1994 para extenderla la fecha hasta el 2000, año que se volvió a enmendar para postergarla hasta el 2006.
En Puerto Rico se genera la basura y va directo a disposición, señaló Edgardo Romero Castellano, director de Desarrollo de Mercados, Reciclaje y Educación de la ADS. A esta institución se le ha dificultado realizar correctamente su labor, pues la Ley de Municipios Autónomos, en el artículo 2.005, señala que: “el municipio podrá reglamentar el manejo de desperdicios sólidos […] disponer por ordenanza la forma en que se llevará a cabo el manejo de desperdicios sólidos e imponer penalidades por violaciones”.
“Pues ahí [en los municipios] quien está controlando el mercado de desperdicios y reciclaje es el privado”, afirmó Romero Castellano, mientras mencionaba a ConWaste e IFCO Recycling como las dos grandes empresas de manejo de desperdicios y reciclaje, estas poseen contratos municipales con 39 y 32 municipios respectivamente.
“¿Qué nos conviene? Que los vertederos que dijeron que iban a cerrar, los 21 de los 28, los cierren. Entonces estas empresas tendrán que reformarse y mirar el reciclaje como un negocio”, sentenció el director de Reciclaje de la ADS.
Por su parte, Luis Irizarry, representante de IFCO Recycling, dijo que el negocio del reciclaje es uno rentable. “¿El reto dónde está? En el MSW, Municipal Solid Waste. ¿La industria? La industria es la mejor que está reciclando en estos momentos, y los comercios. Estamos hablando de tasas de reciclaje entre un 60 y un 92 por ciento”.
“Los municipios tienen muchas áreas […] tienen mucha generación y ahí está el grueso de material reciclable que se nos va a los vertederos”, prosiguió Irizarry. Añadió, además, que hay municipios que botan al vertedero los materiales recogidos en estaciones destinadas a reciclaje y que el 35 por ciento de lo que va al sistema de relleno sanitario es materia orgánica.
Histórico derroche de dinero
En el año 1991, bajo la administración de Hernández Colón, se presentó un Plan Regional en el cual se invirtieron miles de dólares en declaraciones de impacto ambiental y modelos de la infraestructura a utilizarse. En 1993, con el cambio al gobierno de Pedro Roselló, se derogaron los proyectos y se implantó el Plan de Infraestructura Regional para el Reciclaje y la Disposición de los Residuos Sólidos en Puerto Rico (en adelante, Plan), el cual fue adoptado como política pública en el 1997. Este Plan, que intentaba implantar siete vertederos regionales, dos plantas de incineración, 25 estaciones de trasbordo, siete plantas de recuperación de material sucio, siete de material limpio, cinco plantas de trituración de madera y siete de composta, según la tesis de Juan Rosario Maldonado era una copia -con ciertas modificaciones- de su homólogo del 91.
Para desarrollar el Plan, e 19 de enero de 1999 la ADS contrató a la Puerto Rico Infraestructure Management Group, Inc. (PRIME), el acuerdo fue llamado Management Assistance Services Agreement (MASA). Para la implementación del Plan, el 28 de diciembre del 2000, la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta Número 733 que asignó una línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento que ascendía a la suma de $112 millones. Cuando se firmó el contrato, PRIME no contaba con oficina, personal, equipo y recursos económicos que garantizaran el cumplimiento de sus responsabilidades.
Tenemos que señalar que PRIME se incorporó como una empresa con fines de lucro, cuyo primer accionista era Carlos Rivera Vicente, quien también era socio del bufete Cancio, Nadal, Rivera, Díaz y Berrios (CNRS&B), asesores legales de la ADS durante el desarrollo del Plan. En este bufete también laboraban: Luis Berrios Amadeo, amigo de escuela superior de Roselló y el actual juez del Tribunal Supremo, Roberto Filiberti.
El contrato MASA transfirió, del sector público al privado -y sin autorización legislativa- las facultades principales de la ADS. Además, eliminó la participación e intervención de la Autoridad en los proyectos de infraestructura, según informes realizados por la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales (en adelante, Comisión) creado en el 2001 por la gobernadora Sila Calderón.
El presupuesto se estimó en $8,779,200 anuales o $43,009,000 en cinco años. En el primer presupuesto se le asignó a PRIME 22.0 por ciento y a CNRD&B 16.5. PRIME, además, cobraría un 8 y un 10 por ciento de la facturación de los subcontratistas. En 1999 se enmendó el contrato y para ese año fiscal el presupuesto aumentó a $19.1 millones. Para el 31 de agosto se firmó la última enmienda de MASA y supuso un aumento para dos años fiscales de $40.9 millones.
PRIME contrató a Management Energetics Resorces Corporation (MERC) y negoció reembolsar todos los gastos operacionales. Rafael Jimenez es uno de los dueños de MERC y de la RJA Engineers, empresa gerente del Tren Urbano para esa fecha. En 1999 contrataron también a Yolanda Lasalle Nieves, esposa del hermano del -para ese entonces- secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Pagán. Contrataron personal mismo de la ADS, violando la Ley de Ética Gubernamental. Los abogados -que en ocasiones trabajaban al mismo tiempo para ambas agencias- violaban el Canon 21 del Código de Ética Profesional que “prohibe de manera taxativa que un abogado represente intereses encontrados”.
Los servicios legales que el bufete prestaba a la ADS pasaron a ofrecerse a través de PRIME. En 1994, los honorarios iban de $75 a $125 por hora, los nuevos fluctuaron entre $125 a $250 hasta un máximo de $1.3 millones anuales; a esto, PRIME le añadía el 8 por ciento de comisión. Como si fuera poco, entre el 2000 y 2001, aumentó el salario reembolsado por la ADS, el sueldo del presidente Pedro Santiago Ríos incrementó de $12 mil a $27 mil mensuales.
La Comisión estimó que la ADS le pagó a MERC -a través de PRIME- $394 mil en exceso. MERC facturaba por servicios prestados de hasta 24 horas al día de un mismo empleado y sin contar los funcionarios que trabajaban en otros lugares -como El Tren Urbano- y aparecían en las nominas.
El contrato fue cancelado en marzo de 2001, pero PRIME siguió facturando a la ADS hasta septiembre de ese año, el monto total en este tiempo ascendió a $466,599.
“Issues” políticos en la ADS
Según los informes de la Comisión, la firma Vila del Corral & Co. fueron excluidos de lo que originalmente era PRIME, porque el entonces secretario de la gobernación, Ángel Morey, le había expresado al primer accionista (de PRIME) que no la quería por razones político-partidistas.
La ADS cuenta con 20 instalaciones que incluyen, estaciones de trasbordo (ET), mini-estaciones de trasbordo (MET), centros de composta (PC) y centros de recuperación de materiales limpios (MRF).
Según el portal de la ADS, los MET fueron diseñados como intermediarios, “de otra manera los gobiernos municipales se verían obligados a transportar los desperdicios en pequeños camiones a través de grandes distancias hasta el sistema de relleno sanitario más cercano”. Sin embargo, cuando notamos los pueblos en los cuales se construyeron podemos palpar la cercanía de estos. En la parte oeste de Puerto Rico se encuentran seis MET en pueblos vecinos: Las Marías, Maricao, Lares, Quebradillas, San Sebastián y San Germán. Aledaños a estos municipios también se encuentran los vertederos de: Añasco, Cabo Rojo, Mayagüez, Isabela y Yauco.
“¿Por qué están tan cerca? Yo no lo entiendo y yo no te puedo dar una explicación inteligente. Especulaciones hay muchas, hubo un error de planificación, que es un error magnánimo”, puntualizó el director interino quien lleva un año en la agencia.
“San Sebastián quería uno […] En su administración forcejeó y le dieron una”, confirmó Romero Castellano, director de Reciclaje desde el 2013.
“Esto es una mafia genuina”, continuó el mandatario. Reiteró, además, que lo que ha inducido a la quiebra a la Autoridad ha sido: “el ‘issue’ político de este País, la inmadurez política de que si es rojo o es azul”. Añadió, que tanto al municipio de Arecibo como al de Florida -por ser azules- les negaron un camión de reciclaje.
El representante de IFCO también hizo eco de este hecho, “¿De que se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más. El problema es la política”.
Planta de Composta en Toa Baja
Teniendo en cuenta que el 35 por ciento de lo que va al sistema de relleno sanitario es materia orgánica, la ADS desarrolló para el pueblo de Toa Baja una Planta de Composta en el barrio Campanilla. La inversión para la creación de la planta fue de aproximadamente $17 millones, pero nunca se llegó a usar.
“A alguien favorecieron, porque eso se sabía y nunca entró en uso. Los equipos se dañaron, se robaron todo […] A alguien algún legislador le debía un favor o pusieron a dirigir a un 'pana' del legislador, oye, eso es lo que pasa”, advirtió Romero Castellano, quien además lleva siete años como servidor público.
Al igual que la planta de composta en Campanilla, el MRF de Ceiba y la ET de Aguadilla continúan vírgenes. Solo el 26 por ciento de las infraestructuras de la ADS se construyeron para acopio de materiales reciclables o composta, pero el 40 por ciento están cerradas.
“Las razones por las cuales eventualmente no funcionan, son tan confusas …”, mencionó el director interino, realizó una pausa y cambió de tema.
Hay que señalar que el presupuesto restante de la línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento es de 29.5 millones, para el 2012. Según datos del Gobierno, oscilaba en los $34.4 millones.
Para Rivera Torres y Romero Castellano, la ADS está haciendo lo posible por conseguir arrendadores para las plantas que están en desuso. Están orientando a los municipios, se está llevando a cabo la contabilidad trimestral de reciclaje y se está incentivando a las empresas. Además -solicitando apoyo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que les asigne fondos para la contratación de abogados- oficiales de desarrollo de mercados, especialistas en mercadeo y negocios, incluyendo a tres educadores iniciarían la fiscalización que amerita que el reciclaje tome otro giro.
Sin embargo, Romero Castellano -admitiendo su decepción- finalizó: “Lo mejor que le puede pasar a nuestra institución es que la cierren, que vaya a quiebra y que nazca un ente nuevo”.
