La acusación fue presentada durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C.
La acusación fue presentada durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. y se desprende de un informe, de unas 400 páginas, donde detallan la situación de Puerto Rico.
“Queremos denunciar la responsabilidad de Estados Unidos y del gobierno local sobre los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de nuestra población sobre todo por la inacción en prevenir, atender y reparar las violaciones de derechos humanos que ya se han venido anunciando y que se han agravado luego de los pasos de Irma y María”, dijo Annette Martínez Orabona, quien dirige el Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
Según la representante de la sociedad civil, el desastre existente en el país no fue natural, sino que es la culminación de décadas de mala planificación, marginación y explotación económica del territorio estadounidense que repercute en una frágil economía que mantiene a los puertorriqueños “viviendo en la pobreza”.
“La violación de derechos humanos era ya grave, con una crisis humanitaria provocada por nuestra quiebra económica, nuestra deuda pública, la Ley Promesa y la puesta en marcha de medidas de austeridad impuestas por nuestros gobiernos y por una Junta de Control Fiscal que nosotros no escogimos”, aseguró Martínez Orabona, quien también dirige la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana.
Asimismo, resaltó la migración masiva de puertorriqueños –que se estima en sobre 200,000 personas este año– y la catalogó como involuntaria, “forzosa y sumamente dolorosa”.
Vieques en el olvido
A Kiana Shalí Figueroa Guadalupe se le quebró la voz al contar que su abuelo, residente de Vieques y paciente de cáncer, tiene metástasis porque perdió cuatro sesiones de quimioterapias por la falta de comunicación y de transporte marítimo luego del azote del huracán María.
“Pensé que estar sujetando la puerta de mi cuarto, durante siete horas con mi familia, contra la fuerza del huracán sería lo peor que me pasó, pero ahí solo comenzaba. La destrucción física que causó María destapó el abandono de mi pueblo que ha sufrido por décadas”, denunció la joven de 21 años.
La residente de Vieques también testificó que su municipio, a 78 días del paso de María, está completamente sin energía eléctrica, que todas las playas están contaminadas con desechos sanitarios, que los escombros han sido depositados en vertederos clandestinos y que el único hospital de la isla municipio está cerrado.
“El combustible no llega con la regularidad necesaria, además, [los gobiernos] impiden o complican la llegada de ayuda humanitaria”, denunció.
El factor principal de la poca ayuda que ha recibido la isla municipio es la falta de un sistema de transporte efectivo. Al día de hoy continúa incierta la venta de boletos individuales.
Actualmente, según la deponente, solo hay una embarcación, con capacidad para 60 personas, para transportar a los sobre 10,000 residentes viequenses, así como los suministros.
“Los gobiernos, tanto municipal como estatal, han sido negligentes con Vieques antes, durante y después del huracán”, indicó Figueroa Guadalupe, mientras hizo un llamado a investigar por qué sus compueblanos siguen pasando necesidades.
La joven, quien manifestó haber nacido en un Vieques “empobrecido, utilizado y abusado” por la Marina de Guerra de Estados Unidos, solicitó apoyo internacional como el que recibieron cuando lograron sacar al ejército estadounidense.
“Necesitamos que actúen, esto sí es de vida o muerte”, le exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sur y la contaminación ambiental
Otro de los reclamos presentados en Washington fue la “inacción” del gobierno para atender los depósitos de las cenizas tóxicas de carbón, producidas por la compañía AES, durante la emergencia.
“El gobierno se ha negado a ir a evaluar el estado de los depósitos de las cenizas después del paso del huracán y ha faltado a su responsabilidad de mantener a las comunidades informadas sobre riesgos a nuestra salud”, pronunció Betzaida Bosa Borrata, representante de la comunidad Tallaboa en Peñuelas y líder del Campamento en contra de las cenizas.
Según la deponente, las comunidades del sur de Puerto Rico están preocupados de que las cenizas no solo se hayan esparcido por aire, sino que hubiesen llegado a las escorrentías, alcanzado los acuíferos y contaminado las fuentes de agua potable.
Durante los huracanes Irma y María, AES no cubrió las cenizas como medida de contingencia según le solicitó el gobierno.
“Lo que sí sabe nuestra comunidad es que estas cenizas las encontramos todos los días en nuestras ventanas, en nuestros balcones, en nuestra mesa y en nuestros pulmones”, indicó.
De acuerdo con la enfermera, en Tallaboa hay una alta incidencia de enfermedades respiratorias, cáncer y padecimientos cutáneos.
“Por más de 50 años nuestras comunidades han sido víctimas de diversas fuentes de contaminación, múltiples industrias petroquímicas, una fábrica de ácido sulfúrico, el humo tóxico de la quema de miles de neumáticos, los efectos adversos de vertederos industriales, compañías de cremación de cadáveres, el manejo de gas propano y dos fallidos proyectos del gasoducto. Ahora, para colmo, nos contaminan con sobre 20,000 toneladas de cenizas tóxicas de carbón provenientes de una compañía energética privada”, tronó.
La alegada pasividad gubernamental fue catalogada por Bosa como una “actitud genocida” por parte del Estado al “propiciar que se nos siga envenenando durante décadas”.
“El gobierno de Puerto Rico ha hecho caso omiso a los reclamos y denuncias de nuestras comunidades que han tenido que hacer el trabajo que ellos no hacen: proteger la salud, el ambiente y la vida de nuestros constituyentes”, manifestó.
Es por esto que también trajo a colación la represión que ha recibido la comunidad por parte del gobierno y la Policía cuando han protestado en defensa de la salud.
Discrimen con Loíza
Otro ejemplo de violación a los derechos humanos presentado por la delegación fue el caso de Loíza, donde se asegura han sido discriminados por su pigmentación a través de los años.
“Hemos tenido residentes viviendo en unas condiciones infrahumanas con aguas usadas, llenas de excrementos, donde le salen directamente por los inodoros y fregaderos”, denunció la residente de Loíza, Modesta Irizarry Ortiz.
De acuerdo con la deponente, en el municipio hay unas 200 familias que quedaron sin vivienda tras los huracanes que impactaron la zona con dos semanas de diferencia.
Además, consideró injusto que los adultos mayores estén mendigando por alimentos y que los encamados, así como personas con discapacidades, hayan sido los “menos atendidos”.
Irrizarry Ortiz fue enfática en su llamado a que se defendieran los derechos humanos de todos los puertorriqueños y le cuestionó a la comisión si era “justo que haya personas viviendo en condiciones tan inhumanas”.
Estados Unidos defiende su ayuda humanitaria
Ante lo expuesto, el representante del gobierno de Estados Unidos Kevin Sullivan resaltó la ayuda económica que han destinado a la recuperación de Puerto Rico.
“Puerto Rico no es menos que otros territorios de Estados Unidos”, aseguró en su ponencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, se refirió a Puerto Rico como un territorio autogobernable, por lo que la ayuda enviada ha sido en relación a lo que ha solicitado el gobierno boricua.
Más cuestionamientos que respuestas
Sin embargo, los miembros de la comisión cuestionaron la labor del gobierno estadounidense.
La presidenta Margarette May Macaulay criticó fuertemente la “lentitud con la que se enviaban las ayudas” y que luego que llegaban los suministros “estaban en el muelle y no se distribuían por falta de un plan de logística”.
“La situación en esta isla se ha empeorado, un territorio en su jurisdicción. Muchas veces es mejor no tener la responsabilidad, pero la tienen. Las personas siguen muriendo”, le dijo a Sullivan.
Por su parte, el representante gubernamental le aseguró que las ayudas continuarán hasta que la situación “se normalice”.
“¿Cuáles son las políticas que se toman con Puerto Rico en relación con las que se toman en cuestiones similares en otros estados?”, inquirió la relatora especial, Soledad García Muñoz, quien se solidarizó con las víctimas de la catástrofe y reconoció la resiliencia de los puertorriqueños.
“La recuperación ha sido larga y difícil debido, en parte, a alguno de los retos geográficos y logísticos que plantea Puerto Rico”, contestó Sullivan.
Otro de los miembros del organismo regional, José de Jesús Orozco Henríquez, resaltó los daños ecológicos causados por las cenizas de carbón y le pidió explicaciones al representante estadounidense. Sin embargo, este aseguró no tener información sobre lo sucedido en Peñuelas.
El relator por la Libertad de Expresión, Edison Lanza, requirió más información sobre la coacción de las protestas y el uso de la fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico. Además, cuestionó la falta de acceso a la información pública.
El gobierno de Puerto Rico no envió ninguna representación para deponer ante la comisión.
“Es una vergüenza que el gobierno de Puerto Rico no haya enviado una representación para contestarle a su gente, no lo hace tampoco en Puerto Rico”, dijo la representante de la sociedad civil Martínez Orabona.
A modo de cierre, la presidenta del Instituto Caribeño de Derechos Humanos reiteró que el desastre por el que traviesa Puerto Rico no es natural, sino que los huracanes agravaron la situación existente.
Además, destacó el papel de la Junta de Control Fiscal que “exige mayor austeridad a un pueblo que se está muriendo de hambre”.
“Tenemos un problema en Puerto Rico y es uno de discriminación, es de discriminación desde nuestra relación colonial”, sentenció.
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Original del publicado en Diálogo.
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