El expresidente de la UPR y el exrector del Recinto de Río Piedras fueron investigados por irregularidades en el otorgamiento de becas presidenciales. Sigue aquí las incidencias. (Archivo)
Ambos funcionarios fueron citados hoy a la Sala de Investigaciones en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para una vista de regla 6 donde un juez determinará si hay causa probable para arresto. Las fiscales Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster Troche necesitarán presentar una mínima cantidad de pruebas en la que evidencien la imputación.
Aún se desconocen los delitos que serán presentados contra Walker Ramos y Severino Valdez.
Según el referido del Departamento de Justicia, los académicos eran investigados por utilizar “los deberes y las facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
Asimismo, se les imputó de posible malversación de fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental.
A la vista llegará un grupo de profesores, abogados, líderes comunitarios y gestores culturales que están convencidos “de la necesidad que se sepa la verdad”. El Colectivo por la Justicia Carlos Severino se propone respaldar al profesor y denunciar “injusticia, abuso de poder y persecución”.
“Sin fundamento en los hechos ni la normativa universitaria o legal aplicable a Severino en su carácter de rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, se le pretendió responsabilizar por el proceso de otorgación de becas presidenciales con relación a aspectos sobre los que no participó ni tenía control”, comunicó ayer el colectivo en un parte de prensa.
A pesar de que Justicia también había referido al PFEI al expresidente de la Junta de Gobierno de la institución universitaria Jorge Sánchez, no fue citado para la vista de hoy.
¿Por qué están siendo investigados?
En febrero del año pasado salió a relucir que la UPR había concedido de manera dudosa tres becas de estudios graduados al exasistente de Antonio García Padilla, Carlos Pagán Cuebas; al exasesor en Asuntos Públicos del gobernador Alejandro García Padilla, Arturo Ríos Escribano; y a la sobrina del presidente de Jorge Sánchez, Mónica Sánchez Sepúlveda.
Los becarios fueron recomendados antes de que abriera la convocatoria. Además, contrario a lo que dictaba el reglamento para la otorgación, las tres ayudas económicas se concedieron en áreas no prioritarias y en universidades de no “connotado prestigio”.
El escándalo provocó la destitución de Walker Ramos y Severino Valdez, así como la renuncia de Jorge Sánchez.
A Sánchez Sepúlveda se le concedió un plan de pago para regresar los $23,200 de beca que recibió y Ríos Escribano devolvió sus $25,000. Sin embargo, Pagán Cuebas no devolverá los fondos.
Línea del tiempo posterior a la divulgación de la irregularidad:
- 26 de febrero de 2016: El senador Ángel Martínez Santiago le solicita al Departamento de Justicia una investigación sobre el otorgamiento de las becas presidenciales.
- 9 de marzo de 2016: La Junta de Gobierno (JG) de la UPR autoriza una investigación externa en torno a la concesión.
- 7 de julio de 2016: La JG destituye a Walker Ramos y Severino Valdez.
- 13 de julio de 2016: Justicia recibe el informe de la investigación externa solicitada por la Junta de Gobierno.
- 29 de agosto de 2016: La presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes González, contrata una segunda investigación externa sobre el asunto.
- 16 de noviembre de 2016: El secretario de Justicia, César Miranda, ordena la paralización de la . investigación.
- 7 de febrero de 2017: Justicia recibe el informe de la investigación externa solicitada por Freytes González.
- 13 de febrero de 2017: La División de Integridad Pública retoma la investigación.
- 23 de febrero de 2017: La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, notifica al PFEI su determinación de concluir la investigación preliminar.
- 5 de abril de 2017: Justicia refiere el caso al FEI.
- 20 de abril de 2017: El FEI le designa el caso el PFEI y se le asignan dos fiscales: Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster Troche.
- 13 de septiembre de 2017: El PFEI le concedió a los fiscales una prórroga, hasta el 11 de octubre, para presentar el informe de la investigación.
- 7 de diciembre de 2017: Las fiscales dicen que radicarán cargos criminales.
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Original del publicado en Diálogo.
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